En Otro Canal

Estados Unidos cuenta con el Programa Federal de Protección de Testigos (WITSEC, por sus siglas en inglés), el cual desde su creación en 1971 y hasta 2020 aproximadamente ha acogido a 19 mil personas y familiares vinculadas a procesos judiciales.

Este programa, administrado por el Departamento de Justicia y operado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, mantiene un alto grado de confidencialidad para proteger la identidad y seguridad de los participantes, aunque se sabe que, en 2013, un informe del Congreso de Estados Unidos indicó que más de 16 mil personas habían sido usadas como testigos protegidos por diversas agencias, incluyendo la DEA, en un solo año. Aunque esto no se limita al WITSEC ni a mexicanos, refleja la magnitud del uso de testigos en casos de narcotráfico, muchos de los cuales involucran a cárteles del narco.

En el caso de mexicanos vinculados a los cárteles, algunos ejemplos notables sugieren que el programa ha sido utilizado por figuras clave que cooperan con las autoridades estadounidenses. Por ejemplo, Vicente Zambada Niebla, conocido como “El Vicentillo”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, se convirtió en testigo colaborador tras su extradición a Estados Unidos en 2010. Él testificó en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019, lo que implica que probablemente recibió protección, aunque no se confirma explícitamente su ingreso al WITSEC. Otros casos, como el de exgobernadores o funcionarios mexicanos investigados por nexos con el crimen organizado (por ejemplo, Tomás Yarrington, quien según reportes de 2012 buscaba acogerse a este programa), también apuntan a esta posibilidad, pero la información oficial es escasa.

El juicio en contra de Genaro García Luna también ofrece pistas acerca de posibles participantes en este programa, quienes estuvieron en las audiencias como testigos en contra del exsecretario de Seguridad en el sexenio 2006-2012.

Estos antecedentes cobran relevancia por lo que sucede con Ismael El Mayo Zambada García en estos momentos.

Detenido en circunstancias que indican una traición de uno de sus socios en el Cártel de Sinaloa, fue llevado en contra de su voluntad hacia Estados Unidos, en donde se le acusa de diversos delitos vinculados al narcotráfico, en un proceso en el que los fiscales estadounidenses han solicitado la pena de muerte.

Esto provocó que enviara una carta al consulado mexicano en Nueva York, en donde se lleva a cabo su juicio, en la que solicita su expatriación alegando que fue secuestrado en México en un operativo ilegal.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya respondió que se atenderá su caso, “como con cualquier otro ciudadano agregó, turnando a la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero, quien en la mañanera del pasado 25 de febrero reveló que en cuatro ocasiones ha solicitado la extradición de Zambada García desde julio de 2024, sin obtener una respuesta del gobierno estadounidense.

La petición de los fiscales estadounidenses para que el fundador del Cártel de Sinaloa sea ejecutado, representa una presión para que busque un acuerdo con el Departamento de Justicia de la Unión Americana y –se abre la posibilidad– de que se integre al programa de testigos protegidos y brinde información a las autoridades de nuestro vecino del norte.

Esto se da en un contexto en el que el presidente Donald Trump ha acusado al gobierno mexicano de estar vinculado a los cárteles del narcotráfico y de que éstos controlan gran parte del país.

En esta línea de análisis nos lleva a considerar que existe interés en la administración Trump para que Ismael Zambada se convierta en testigo protegido y le proporcione información que le permita mantener su narrativa en contra de México, algo que utilizará conjuntamente con la amenaza de aranceles para convertir a nuestro país en un activo para su proyecto geopolítico que implica contar con un nuevo territorio de seguridad nacional; con el mismo motivo busca apoderarse de Groenlandia y presionar para que le regresen el Canal de Panamá, además de su idea de convertir a Canadá en el estado 51 de su país.

Un ajedrez muy especial en el cual El Mayo Zambada es apenas un peón en las jugadas que quiere hacer Trump, pero que muestra las ambiciones del inquilino de la Casa Blanca.

Pero el fundador del Cártel de Sinaloa no quiere ceder y busca negociar aceptando ser culpable de un delito que le permita recibir una pena más corta –no la de muerte–, sin convertirse en testigo protegido, además de que su abogado Frank Pérez comentó en entrevista con Ioan Grillo, periodista especializado en temas de seguridad, que Zambada García no tiene intención de proporcionar información relacionada con políticos vinculados al narcotráfico.

El abogado mencionó también que su cliente está consciente de la escasa posibilidad de ser repatriado a México y que por su edad –75 años– sabe que puede morir en la cárcel.

La carta entregada en el consulado mexicano en Nueva York, la respuesta que ha dado el gobierno mexicano y las entrevistas de algunos de sus abogados nos muestran que la partida de ajedrez sigue su curso y que las próximas jugadas mostrarán quien está ganando.

En espera de que se conozcan los siguientes movimientos de los fiscales, abogados y gobiernos involucrados, podremos saber si la presión estadounidense surtirá efecto y lograrán que El Mayo Zambada acepte colaborar con la justicia de dicho país.

Ismael Zambada García, por la experiencia que tiene, sabe que tiene una ventaja y entre más se prolongue su juicio no tendrá que aceptar ningún acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que la carta que envió no será la última que conozcamos de su parte.

Es posible, por lo comentado por uno de sus abogados, que El Mayo Zambada considere que su tiempo ha acabado y que puede estirar la liga al máximo, aunque el tema de lo que pueda pasar con sus hijos podría ser un factor que influya en sus futuras decisiones.

Mientras tanto, el gobierno mexicano tiembla ante la posibilidad de que hable con los fiscales estadounidenses o que exija algo que le daría más armas a Trump para seguir diciendo que a México lo controlan los cárteles.

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