El uso del eufemismo en el discurso político es una herramienta retórica ampliamente empleada para abordar temas sensibles, mitigar tensiones sociales y controlar narrativas en momentos de crisis. En el caso específico del hallazgo de restos humanos en el rancho Izaguirre, y la polémica sobre si este sitio debe ser denominado “campo de exterminio”, el recurso del eufemismo adquiere un papel central en la gestión de la percepción pública y la neutralización de posibles repercusiones políticas.
El control de daños de parte del gobierno federal se dirige a manejar la conversación pública y evitar que la descripción que de este lugar se hizo desde el hallazgo por parte del colectivo Guerreros buscadores de Jalisco, se centrara en el número de posibles víctimas y en la manera en que se realizaron las muertes, por lo que molestó que se llamara al rancho en Teuchitlán como un campo de exterminio.
De inmediato se encendieron las alarmas en Palacio Nacional por lo que estaba circulando en la conversación pública y con rapidez buscaron neutralizar los términos cargados emocionalmente, en especial cuando empezaron las comparaciones con Auschwitz.
Y es que el término “campo de exterminio” posee una carga histórica y simbólica muy fuerte, asociada a eventos como los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su uso podría generar un impacto emocional inmediato y desencadenar reacciones adversas, tanto nacionales como internacionales. Por ello, el actual gobierno federal busca evitarlo o sustituirlo por expresiones más neutrales, como “sitio de hallazgo de restos humanos” o “zona de investigación forense”. Estos eufemismos buscan minimizar la magnitud percibida del problema y reducir el impacto negativo que podría tener sobre la imagen del gobierno.
Luego vino el intento de control de la narrativa pública, algo que no resultó como se esperaba en el partido oficial porque la conversación pública era mayoritariamente negativa para su causa; incluso, youtubers con millones de suscriptores como Dross publicaron un video en el que narra las atrocidades que se dieron en el ahora mundialmente conocido rancho Izaguirre.
En esta batalla se recurrió, de nueva cuenta, a eufemismos: las autoridades intentan moldear la narrativa pública hacia una dirección que sea más manejable desde el punto de vista político. Por ejemplo, referirse al rancho Izaguirre como un “sitio irregular” o “área de actividades criminales” se buscó desvincular al gobierno actual de cualquier responsabilidad directa, mientras se mantiene un discurso de acción y compromiso con la justicia. Esto les permite distanciarse de las implicaciones morales y legales que podrían surgir si se utilizara un término más explícito como “campo de exterminio”.
El uso de eufemismos también busca evitar polarizaciones extremas en el debate público. En contextos donde existen divisiones políticas profundas –como es el caso de nuestro país–, calificar un sitio como “campo de exterminio” podría interpretarse como una acusación directa contra ciertos actores políticos o instituciones, exacerbando tensiones. Al optar por términos menos confrontacionales, las autoridades pretenden mantener un diálogo más controlado y evitar que el tema se convierta en un foco de movilización social o protesta masiva.
De igual manera, se recurrió de nueva cuenta a un recurso ya conocido por parte de los propagandistas del partido oficial, es decir a la manipulación del marco conceptual, recurriendo a la frase de “lo que no se nombra no existe”.
De esta forma, se buscó redirigir la atención del público hacia aspectos específicos del problema, desviándola de otros elementos más incómodos. Por ejemplo, en lugar de discutir si el rancho Izaguirre fue un “campo de exterminio”, las autoridades pueden enfatizar aspectos técnicos o logísticos, como la necesidad de realizar investigaciones forenses exhaustivas o garantizar la identificación de las víctimas. Este cambio de enfoque ayuda a diluir la dimensión política y moral del problema, centrándolo en cuestiones más pragmáticas.
Y cuando surge la presión de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación o la sociedad civil para que se reconozca la gravedad del caso, el uso de eufemismos puede funcionar como una estrategia defensiva. Al evitar términos que impliquen una condena directa o una responsabilidad clara, las administraciones ganan tiempo para manejar la situación sin comprometerse públicamente. Esta táctica permite mantener una apariencia de transparencia y cooperación, mientras se gestionan las implicaciones políticas detrás de escena.
El uso del eufemismo, en casos como el del rancho Izaguirre, refleja la complejidad del discurso político en situaciones de crisis y la preocupación de la Presidencia por un tema que puede salirse de control, de manera similar a lo que sucedió en el gobierno de Enrique Peña Nieto con el caso Ayotzinapa. Si bien esta herramienta puede ser útil para gestionar tensiones y controlar narrativas, también plantea interrogantes éticos sobre la responsabilidad de las autoridades de enfrentar la verdad de manera directa y transparente.
La elección de palabras no solo tiene implicaciones comunicativas, sino que también influye en cómo se percibe y recuerda un evento histórico, lo que puede tener consecuencias duraderas para la memoria colectiva y la justicia, algo que el partido oficial no desea que se dé.
En última instancia, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de manejar la crisis políticamente y el imperativo moral de reconocer y abordar la magnitud real de los hechos.
X/Twitter–Threads: @AReyesVigueras • BlueSky areyesvigueras.bsky.social