En Otro Canal

En Morelos, la administración de la gobernadora Margarita González Saravia, por medio de su equipo jurídico, presentó denuncias por presuntos actos de corrupción cometidos durante la administración del actual diputado federal morenista Cuauhtémoc Blanco.

Las denuncias penales y administrativas presentadas fueron 6 por el desvío de 40 millones de pesos, en algo que se suma a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por haber encontrado más de 4 mil millones de pesos en irregularidades acumuladas durante su gestión.

El exdirigente del Partido Encuentro Social, mismo que impulsó la candidatura a gobernador de Blanco, Erick Hugo Flores declaró en entrevista con Latinus que “Cuauhtémoc Blanco tenía un grupo destinado a robar todo lo que se pudiera del erario de Morelos”.

Además, se han documentado vínculos del también exfutbolista con el crimen organizado, tanto en fotografías difundidas por la prensa estatal como por el hackeo de Grupo Guacamaya que dio a conocer un informe de la Marina en dicho sentido.

En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara se ha referido a su antecesor Alejandro Murat como alguien que dejó sin aclarar a la Auditoria Superior de la Federación cerca de 6 mil millones de pesos a su paso por el gobierno estatal.

En medio del rechazo por la afiliación de expanistas y expriístas a Morena –encabezado por la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle por el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez–, Jara acusó a Murat de que “nos dejó en tres mil 500 millones de pesos la recaudación, terrible, y eso no lo dicen porque tenían sus cajas chicas”, además de señalar que “quería negociar en lo oscurito”.

Y hablando de Yunes Márquez, en Veracruz desde legisladores locales de Morena hasta del PRI se ha acusado al actual senador morenista de diversas irregularidades, al grado de que antes de tomar posesión se especuló la existencia de una orden de aprehensión en su contra para que no contará con fuero y evadiera la justicia, algo que finalmente no sucedió y ahora enfrenta la revisión de su caso de afiliación por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia de dicho partido.

En Michoacán, se detuvo al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021, por señalamientos por irregularidades en la construcción de cuarteles policiales que costaron más de 5 mil millones de pesos y que hoy están en ruinas, así como por presunto enriquecimiento ilícito. Asimismo, también se ha señalado que enfrenta acusaciones por peculado, desvío de recursos y presuntos nexos delictivos.

La explicación de por qué se procedió en contra del perredista y por qué los otros dos exgobernadores siguen en sus escaños puede deberse a su filiación política y al apoyo que han dado a Morena en votaciones en el Senado o en comicios pasados.

Apoyos incómodos, por cierto, pero apoyos al fin de cuentas.

Nada muestra un ejemplo más claro de justicia selectiva como el caso de un exgobernador acusado de corrupción y detenido, en tanto que otros con igual número de irregularidades o más a cuestas andan libres y sonriendo en las calles del país.

Y no es que Aureoles Conejo no se merezca la detención, que por algo será, sino que no debería ser el único detenido, algo que sucedería en un país en el que se respetan las leyes y la impunidad no fuera la constante.

Quizá esto pueda cambiar, si en Palacio Nacional se escucharon las palabras de Donald Trump, quien en una entrevista para una revista aseguró que podría recomendar que se investigue a políticos mexicanos por lazos con el tráfico de personas y drogas.

Posiblemente, ya se esté elaborando una lista con potenciales candidatos para una entrega inmediata –como sucedió con los 29 vinculados al crimen organizado ahora en manos de la justicia estadounidense–, con lo que podríamos ver la realización de más operativos “Enjambre” en varias entidades del país.

También posiblemente la lista no se esté elaborando en Palacio Nacional, sino en las oficinas de la Casa Blanca, pues pruebas no les faltan para armar la relación de políticos con vínculos incómodos, empezando por el señalado en la carta de Ismael El Mayo Zambada del año pasado.

Además, varias columnas llevan semanas señalando que hay un excanciller mexicano, un exembajador de México en Estados Unidos y un exgobernador mexicano que cooperan con autoridades estadounidenses para aportar pruebas de la relación de varios políticos en activo con el crimen organizado.

Si gusta agregue a Manuel Bartlett en este listado, algo que en la DEA deben estar considerando luego de la entrega de Rafael Caro Quintero.

Así que el siguiente escándalo de corrupción vinculado con un político, en el cargo o luego de haber dejado el puesto, podría alcanzar a otros del PAN o del PRI, pero también a alguno de Morena, si es que el factor Trump se empieza a influir en esta ecuación.

No deja de ser paradójico que luego de promesas incumplidas con relación a acabar con la corrupción, las denuncias por este tipo de actos sigan dándose a conocer, aunque lo novedoso ahora sería que se procediera en contra de los señalados por las investigaciones de los gobiernos estatales y del federal, motivados por la presión de la Casa Blanca.

Paradójico porque también demostraría que los discursos y el pañuelito blanco que, según quien lo enseñaba, era muestra de que se había acabado con la corrupción fueron puras mentiras, aunque el pañuelo se guardó mojado por el sudor del portador al ver que la escenografía montada y la red de protección está siendo desmantelada por su amigo, al que aplaudió en la Casa Blanca.

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