La falta de condenas definitivas en México de personajes de la clase política con presuntas relaciones con el crimen organizado refleja tanto la dificultad de probar estos vínculos como la compleja relación entre política y delincuentes. De hecho, de la lista que se puede elaborar de políticos que han sido llevados a juicio por acusaciones relacionadas por complicidades con algún cártel del narcotráfico, sólo hay personajes enjuiciados en Estados Unidos.
En los últimos sexenios, diversos políticos mexicanos han sido señalados, investigados o detenidos por presuntos nexos con líderes de cárteles del narcotráfico, siendo el más conocido el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.
De hecho, de dicho sexenio se pueden mencionar también al exdiputado federal por el PRD Julio César Godoy Toscano, acusado de nexos con Servando Gómez “La Tuta” de La Familia Michoacana; en 2010 se le retiró el fuero tras la difusión de grabaciones que sugerían reuniones con el capo. Huyó y sigue prófugo, aunque no ha sido condenado formalmente.
También en dicho sexenio, en 2009, gracias a un operativo conocido como el “Michoacanazo”, 29 funcionarios estatales y municipales, incluyendo 10 alcaldes (muchos del PRD), fueron detenidos por presuntos vínculos con La Familia Michoacana. Sin embargo, la mayoría fueron liberados por falta de pruebas sólidas.
Con Enrique Peña Nieto, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas (1999-2005, PRI), fue acusado de recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas durante y después de su mandato. Detenido en Italia en 2017 y extraditado a Estados Unidos, en 2021 se declaró culpable de lavado de dinero.
Otro exmandatario de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, también fue investigado por lavado de dinero y nexos con el Cártel del Golfo. Detenido en 2017 en México, enfrenta procesos locales y una solicitud de extradición a Estados Unidos, aunque no ha sido condenado aún.
También en dicha lista se incluye a Jesús Reyna García, exgobernador interino de Michoacán, detenido en 2014 por presuntas reuniones con líderes de Los Caballeros Templarios. Fue liberado en 2017 por falta de pruebas concluyentes.
El exgobernador de Coahuila Humberto Moreira fue acusado de recibir dinero de Los Zetas. Detenido en España en 2016 por lavado de dinero, fue liberado por falta de pruebas suficientes.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional fue arrestado en Estados Unidos acusado de proteger al Cártel H-2 (derivado de los Beltrán Leyva) durante el sexenio de Peña Nieto. Los cargos fueron retirados tras presión diplomática de México y no enfrentó juicio en el país, dejando dudas sobre su culpabilidad.
Asimismo, está el caso de Lucero Guadalupe Sánchez López, exdiputada local de Sinaloa por el PAN, vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán por visitarlo en prisión en 2014 con documentos falsos. Perdió el fuero en 2016, fue detenida en 2017 en Estados Unidos por narcotráfico y sentenciada en 2021.
Para cerrar con el recuento del sexenio anterior, tenemos lo sucedido con Norma Otilia Hernández Martínez, quien fue presidenta municipal de Chilpancingo en Guerrero. Un video que se hizo público en julio de 2023, la muestra reunida con un hombre identificado como Celso Ortega Jiménez, presunto líder de Los Ardillos, un grupo criminal con fuerte presencia en Guerrero. En las imágenes, se observa a la alcaldesa saludándolo en un restaurante y conversando de manera informal, lo que desató acusaciones de colusión con el crimen organizado. Hernández reconoció que era ella en el video, pero afirmó que el encuentro fue “fortuito” y negó haber hecho pactos con el grupo delictivo, argumentando que el material estaba editado. Solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el caso.
El escándalo llevó a que, en septiembre de 2024, Morena expulsara a Hernández de sus filas, argumentando que su conducta vulneraba los principios del partido; el caso se complicó tras eventos posteriores, como el hallazgo de cuerpos desmembrados en Chilpancingo en junio de 2023, acompañados de un mensaje dirigido a ella que mencionaba un “segundo desayuno” prometido. A pesar de las acusaciones, no hay una condena judicial que haya probado los vínculos y Hernández ha insistido en su inocencia.
Y tenemos la carta que dio a conocerse poco después de su detención por parte de Ismael El Mayo Zambada en la que señala al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de ser parte de la reunión convocada por Joaquín Guzmán López en la que fue engañado para llevarlo a Estados Unidos. A la fecha, no se ha dado a conocer alguna investigación que vincule al mandatario con el crimen organizado.
Y en el actual sexenio, de acuerdo a una investigación periodística de Luis Chaparro, se menciona que 13 políticos mexicanos estarían bajo investigación de Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, en el marco de presiones de Donald Trump, aunque aún no se han revelado nombres oficialmente.
De igual manera, hay que citar el caso del operativo “Enjambre” en el Estado de México que, en coordinación con autoridades del Estado de México, buscó desmantelar redes de corrupción y nexos con el crimen organizado, en particular con funcionarios públicos coludidos con grupos criminales como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros, deteniendo a 24 servidores públicos en 12 municipios.
Sin embargo, no ha sido publicado un informe oficial de parte del gobierno federal o del Estado de México, para conocer los juicios iniciados y el número total de inculpados.
En este punto regresamos al principio, la falta de condenas definitivas de personajes de la clase política con presuntas relaciones con el crimen organizado refleja tanto la dificultad de probar estos vínculos como la compleja relación entre política y delincuentes. ¿Cambiará pronto esto?
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