El primer informe técnico de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, es una confesión implícita del fracaso institucional. Un documento que no esclarece el horror, sino que se limita a enumerar las omisiones de la Fiscalía de Jalisco, dejando en evidencia un caso más de negligencia estructural en la investigación de la violencia criminal en el país.

El listado de irregularidades es alarmante. No se realizó un rastreo de indicios, no se procesaron los vehículos encontrados, no se inspeccionó adecuadamente el terreno, no se levantaron huellas dactilares, no hubo peritajes sobre los posibles hornos crematorios, no se protegió el inmueble y, lo más indignante, no se dio seguimiento a las víctimas que estuvieron en el rancho. Durante seis meses, el lugar quedó en el abandono, como si la Fiscalía de Jalisco hubiera decidido mirar hacia otro lado.

La respuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha sido igualmente decepcionante. En lugar de ofrecer resultados, de confirmar si el rancho era un centro de exterminio o de reclutamiento forzado, o de dar una cifra aproximada de víctimas, la FGR se ha limitado a solicitar los peritajes estatales que, por lo visto, tampoco existen o son insuficientes. El informe no responde a lo fundamental: ¿qué pasó en Teuchitlán? ¿Cuántas personas fueron asesinadas ahí? ¿Se usaron hornos crematorios? ¿Quiénes eran los responsables?

Lo único que ha podido asegurar la FGR es lo que la Fiscalía de Jalisco no hizo. Es decir, el informe no es una revelación, sino la confirmación de una negligencia institucional que ha permitido la impunidad. Mientras tanto, las madres buscadoras, sin más herramientas que su propia desesperación y palas rudimentarias, siguen siendo las únicas que han señalado lo que parece evidente: que en Teuchitlán operó una máquina de muerte.

La omisión de la Fiscalía de Jalisco no es un simple error, es una traición a la justicia. En un país donde la desaparición forzada se ha vuelto una rutina macabra, la inacción de las autoridades no es solo incompetencia, sino complicidad por omisión. No se trata únicamente de la incapacidad de un fiscal estatal o de la falta de coordinación con la FGR, sino de un modelo de procuración de justicia que, lejos de combatir el crimen, lo administra.

Peor aún, la tardía intervención de la FGR no parece tener el propósito de esclarecer los hechos, sino de desmarcar al gobierno federal de la inoperancia de las autoridades locales. La frase del fiscal Gertz Manero de que la Fiscalía de Jalisco “está colaborando” en entregar la información suena más a un trámite burocrático que a un verdadero compromiso con la verdad.

Teuchitlán se suma a la larga lista de casos en los que la justicia llega tarde, si es que llega. Lo que debería ser un proceso riguroso para desentrañar el horror, se ha convertido en un espectáculo de evasión de responsabilidades. Y mientras las instituciones se señalan entre sí, las víctimas y sus familias siguen esperando lo que el Estado les debe: la verdad. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.

@onelortiz