Más temprano que tarde el presidente Donald Trump podría provocar una crisis constitucional, al abusar flagrantemente de su poder y pretender ignorar fallos judiciales en contra de varias de sus órdenes que no respetan las normas legales. Lo peor del caso es que el jefe de la Casa Blanca tratará, pese a los requerimientos de un juez federal, de salirse con la suya acostumbrado a que por el hecho de haber ganado las últimas elecciones presidenciales se pospongan, o de plano se anulen, las penas judiciales a que se ha hecho acreedor durante el desempeño de su vida pública como funcionario federal.
Hasta el momento, el magnate es el único ex presidente de Estados Unidos de América en la historia que regresa a la titularidad del Poder Ejecutivo como criminal convicto; y por disposición de la Suprema Corte, por la importancia del puesto que vuelve a desempeñar, no pisaría la cárcel ni pagaría la multa correspondiente. Esto no significa que el magnate sea inocente de los cargos que se le imputan. Sus abogados maniobraron para alcanzar un arreglo político. Así, la mancha que ensombrece la Presidencia estadounidense jamás se podrá borrar.
Queda en el aire el peso de la sentencia popular: nadie debe estar por encima de la ley. Base principal del Estado de Derecho, Trump cree que el Derecho no es un asunto suyo. Eso debe pagarse algún día. Como deben hacerlo otros mandatarios, México incluido.
En tanto, el actual representante del Tío Sam, Donald Trump, que presume de ser un mandatario antiinmigrantes es descendiente de un abuelo alemán —bávaro de origen, Frederick Trump, né Drumpf—que hizo fortuna realizando muchos negocios turbulentos que incluso trató de retornar a su madre patria pero las autoridades germanas se lo impidieron, está inmerso en una posible crisis constitucional al desafiar de facto (es decir, no obedeció) el fallo del juez federal James Emanuel “Jeb” Boasberg, de la Corte Superior del Distrito de Columbia, Quien ordenó regresar físicamente a territorio de EUA a 261 presuntos pandilleros de la Banda Tren de Aragua deportados a El Salvador -con la aquiescencia del gobierno hondureño presidido por Nayib Bukele—, la mayoría de ellos bajo la más que bicentenaria Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, que presuntamente autoriza al gobierno de la Unión Americana, en tiempo de guerra, disponer este tipo de acciones.
Durante una ríspida audiencia celebrada el lunes 17 en la Corte de Distrito de Washington, el citado Juez Boasberg, exigió a los abogados del Departamento de Justicia explicar sus medidas y las razones por las cuales no acataron sus directrices verbales.
En tal sentido, el togado dio como plazo al mediodía del martes 18 para probar que las acciones del gobierno federal no violaron su orden judicial. Sobre el particular, el juez dijo al abogado del DJ: “Usted dice que consideró que podía ignorarlo porque no era una orden escrita…Estas no fueron declaraciones. Fue una orden”. O más claro, no me ande usted con cuentos.
Los susodichos abogados trataron de argumentar que no fue posible regresar a los aviones militares, pero una cronología del episodio muestra que el gobierno de Trump decidió ignorar al juez, lo que, según varias fuentes, pone al país “al borde de una crisis constitucional”.
Los datos oficiales demuestran que el primer vuelo con los detenidos venezolanos partió a las 17.26 horas local, seguido de otro avión a las 17.45. Y, el juez Boasberg emitió su fallo verbal a las 18.45 y lo oficializó por escrito a las 19.26 hora. Además, un tercer aparato despegó a las 1.37 horas, es decir, nueve minutos después de la orden oficial.
Según información oficial, de los 261 venezolanos deportados, 137 militaban en la banda criminal Tren de Aragua, expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros; 101, eran venezolanos, que fueron “sacados” del país bajo el titulo ocho de procedieron migratorios regulares, y 23 eran presuntos pandilleros salvadoreños de Mara Salvatrucha 13 (MS13). Todas estas deportaciones se realizaron sin audiencia migratorias previas. Durante l audiencia del lunes 17 de marzo, los abogados defensores del DJ argumentaron que el tercer vuelo no incluía a migrantes protegidos por la Ley de Enemigos Extranjeros, sino a migrantes regulares.
Aunque la generalidad de los medios consideró que este episodio era otra más de los excesos de Trump, el propio republicano ha dado pie para que el asunto escale más importancia de la que se creía. El magnate anda suelto y ensoberbecido. No acepta freno de ni propios ni de extraños. Sin importarle las consecuencias, el jefe de la Casa Blanca avivó la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial por la deportación de supuestos delincuentes venezolanos miembros de la banda Tren de Aragua.
Una defensa jurídica inesperada. Cada día es más complicado seguir el paso a todos los acontecimientos políticos que acontecen en la Unión Americana. Como dice el conocido periodista David Brooks, “de repente, reportar sobre el mundo político de EUA es reportar desde un manicomio”. O casi. En un acto rarísimo incluso para la sociedad del vecino del norte, John Glover Roberts Jr., presidente de su Suprema Corte de Justicia, rompió la tradición de silencio del máximo tribunal para censurar con dureza a Donald Trump por proponer un juicio político (impeachment) contra un juez de distrito de Washington que le ordenó regresar. EUA a migrantes deportados por la citada Ley de 1798.
Roberts dijo: “Por más de dos siglos se ha establecido que el enjuiciamiento no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”. A su vez, la segunda administración del republicano reconoció el martes 18 de marzo que los dos aparatos que movilizaban a inmigrantes venezolanos aún se encontraban en el espacio aéreo nacional cuando el juez “Jeb” Boasberg dictó su orden verbal, pero adujo que cuando dicha orden fue dada en forma manuscrita, 60 minutos más tarde, ambos aviones ya estaban en el espacio internacional, y que la disposición judicial no es vigente hasta que se escribe. Peor aún, aseveró que esto no es un asunto migratorio, sino de política internacional de la Unión, porque los venezolanos de referencia son imputados de pertenecer a la banda Tren de Aragua, que ha sido calificada por este gobierno como “organización extranjera terrorista” en conflicto bélico contra EUA “bajo la dirección, clandestina u de otra manera, real régimen de Nicolás Maduro Moros en Venezuela”. Boasberg no se ha pronunciado sobre los detalles del asunto, aunque sí impugnó que el magnate tuvo que obedecer su orden de regresar a los deportados a territorio estadunidense hasta poder evaluar las particularidades del caso.
El choque entre el togado y el mandatario se agudizó el martes 19, después de que el magnate calificó, vía tuit, al juez Boasberg como “lunático de izquierda radical, provocador y agitador” —los cocos de Trump—, y pidió que fuera sometido a impeached : procesado) de su puesto. Y agregó: “¡Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser destituido! ¡No queremos criminales descontrolados, violentos y dementes, muchos de ellos asesinos trasnochados, en nuestro país! Sólo hago lo que los votantes querían que hiciera”. Arenga que ya se hizo vieja en boca del presidente.
La filípica del hombre naranja contra el juez Boasberg obligó a que el jefe de la Suprema Corte, Roberts Jr., diera una no muy común reprimenda pública al mandatario, citada líneas atrás. Fue claro lo dicho por el juez jefe del Tribunal.
Pero, lo que es fácil en otros terrenos, no lo es cuando interviene Trump. Por la noche del lunes 18, la administración aceptó que no contaba con las pruebas de que la mayoría de los venezolanos deportados hubieran cometido actos punibles en EUA, pero que el simple hecho de que las autoridades aseveren que son miembros del Tren de Aragua es más que suficiente para ser deportados. Es más, el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Thomas Douglas Homan, llamado el zar fronterizo, comentó lo poco que le importan las leyes migratorias; simplemente dijo: “No me importa lo que piensan los jueces”. O sea, sigue la escuela del presidente.
No obstante, catedráticos como Noah Feldman, profesor de leyes en la Universidad de Harvard, escribió una columna de Bloomberg News Operations, en la que explica de manera diferente el problema: “Es una sensación completamente natural, viviendo en una democracia libre, que no puede ocurrir aquí. No hay un peligro genuino contra mí o cualquier que yo conozca. La clave es recordar qué acaba de ocurrir aquí. El gobierno está realmente capturando gente y enviándola fuera del país sobre una autoridad leal escueta, y tal vez ninguna, y aun cuando un juez federal dice que no procedan”.
Por su parte, Lee Gelernt, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, profesor adjunto en la Escuela de Derecho de Columbia, profundiza en el tema: “Estamos sobre terreno muy peligroso”; en entrevista en el programa independiente de televisión, Democracy Now, el veterano periodista, agregó que “los tribunales federales tienen el derecho y el deber de hacer que la rama ejecutiva cumpla la ley”. Explicó que la antigua ley utilizada para deportar a los venezolanos en pleno 2025 se redactó hace más de 200 años, la cual estipula que puede ser aplicable si está detrás un gobierno extranjero. “Y eso no es lo que está ocurriendo aquí. Por lo mismo, Trump abusó de la autoridad que le otorga el Congreso…Los tribunales federales pueden evaluar si la Ley de Enemigos Extranjeros se está usando de manera ilegal, lo tienen que hacer”.
Mientras el tiempo pasa, la administración naranja insiste en que las leyes antiterroristas y algunas otras sobre migración le dan autoridad para expulsar del país a quien le de la gana, sin tomar en cuenta si los acusados delinquieron, o no, en la Unión. A su vez, el secretario de Estado, el descendiente de cubanos, Marco Rubio, mantiene “su derecho” de revocar la visa de cualquier persona en territorio estadounidense, si su dependencia considera que el inculpado trabaja contra los intereses y la seguridad del país.
Guste o no, esa es la justificación para el arresto y el intento de deportación —que por el momento lo suspendió un juez—, del recién graduado estudiante de origen palestino de la Universidad de Columbia (centro universitario que desde el inicio del gobierno de Trump se ha distinguido por denunciar y combatir la política migratoria del republicano), Mahmod Khalil, beneficiado con la visa de residente permanente y contrajo matrimonio con ciudadana estadounidense.
Como colofón de este episodio, vale decir que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele escribió en su red social que 238 miembros de la banda Tren de Aragua y 23 de la pandilla salvadoreña MS13 habían llegado al país y estaban bajo custodia como parte de un acuerdo en virtud del cual EUA pagará a las arcas del estado centroamericano 6 millones de dólares para mantenerlos en su “centro de confinamiento de terroristas” con capacidad para 40,000 personas. Los deportados permanecerán en El Salvador durante un año, que puede renovarse.
En fin, como burla por la deportación ilegal de los presuntos criminales centroamericanos, el presidente Bukele lamentó, en su nota escrita en inglés, que no los regresaron a EUA porque la orden escrita del juez fue emitida hasta las 7.26 de la tarde con esta expresión: “Oopsie…Too late: ¡Lástima, demasiado tarde!” ¡Qué cabrón! VALE.