La apuesta de la inquilina en turno del Palacio Nacional, es que el caso del Rancho Izaguirre se diluya en las notas de los informativos, tratan de minimizar el impacto de tan terrible noticia que ha recorrido la mayoría de los diarios extranjeros, es por ello que han solicitado tanto al Fiscal General de la República como al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que declaren minimizando los hechos ocurridos en dicho lugar.

Es por ello que no debemos quitar el dedo del renglón, pues entre más ruido e interés exista sobre el tema mayor esmero aplican en investigar o en utilizar la información con la que cuentan desde hace ya un buen tiempo pero por complicidad no habían actuado en contra de los cárteles.

Tanto las autoridades federales como las de Jalisco se han dedicado a desvirtuar la versión de que el Rancho Izaguirre en Jalisco era un centro de adiestramiento y exterminio de jóvenes reclutados bajo el engaño del ofrecimiento de un trabajo; la Fiscalía al buscar desvirtuar la versión de los colectivos de búsqueda de personas, llegan a la misma conclusión pues aceptan que se trata de un lugar de adiestramiento, tortura y muerte de jóvenes hombres y mujeres enganchados por medio de falsos anuncios de trabajo, poco importa que una vez asesinados los cuerpos eran cremados e inhumados en fosas comunes clandestinas, la atrocidad de los hechos los hace penalmente tan responsables por la Ley en un caso como en el otro.

Preservar el lugar en que ha ocurrido uno o varios delitos es responsabilidad del Fiscal y del Ministerio Público; cuando se permite el acceso a personas extrañas a los órganos de investigación se expone a nulificar las posibles pruebas que puedan llevar la investigación a esclarecer los hechos en virtud de que de no hacerlo se altera la autenticidad de las pruebas y se contamina el campo de investigación.

Desde septiembre del 2024 cuando la Guardia Nacional y la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco tuvieron conocimiento de los hechos delictivos que se estaban cometiendo en el Rancho Izaguirre, debieron dar parte a la Fiscalía General de la República por tratarse de delitos federales como son la desaparición de personas;   el lugar debió de haber sido objeto de una minuciosa y exhaustiva inspección,  recolección y documentación de cada una de las pruebas que existían en dicho predio, como los objetos personales de los desaparecidos, del sitio de los pozos excavados en la tierra y habilitados con ladrillos para servir como hornos, y todas las evidencias posibles.

La carga de responsabilidad de las autoridades los hace tan culpables como los autores materiales, al no preservar el lugar los convierte, si no en cómplices, si en encubridores de tan oprobiosos delitos e imposibilitan el esclarecimiento de los hechos exponiendo a que un sin número de desapariciones queden impunes.

Ahora resulta que en el esmerado empeño en las investigaciones detuvieron a uno de los operadores del CJNG, en la mañanera del pasado lunes, durante la presentación  a los medios del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó sobre la detención el 20 de marzo pasado, de José Gregorio Lastra Armida, alias “El Lastra”, como uno de los líderes del CJNG para el reclutamiento de jóvenes, el funcionario público señaló que han identificado la estructura criminal y los principales líderes operativos de ese cártel para los reclutamientos. Explicó que el cártel CJNG utilizaba las plataformas de las redes sociales para ofrecer puestos de trabajo  falsos, mediante engaños, supuestamente ligados a corporaciones de seguridad privada y con un salario de 4 a 12 mil pesos semanales. El detenido declaró que: “Se les citaba en distintas terminales de autobuses y se les trasladaba al rancho, se les daba acondicionamiento físico y eran uniformados con botas y ropa táctica, se les retiraban celulares”. El entrenamiento se prolongaba por un mes y se les mantenía incomunicados durante ese periodo, a quienes se resistía al entrenamiento o intentaba escapar, se les golpeaba, torturaba o asesinaba.

Tendremos que esperar la intervención de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, cuando seguramente la Comisión Interamericana y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizarán un investigación seria, sobre los posibles hechos y las actuaciones de las autoridades locales y federales, para conocer la trascendencia de la terrible violación a los derechos humanos de las víctimas directas y de sus familiares en su búsqueda. Hoy podemos decir que el país está inmerso en una grave crisis de violaciones a los derechos humanos y que nos encontramos sin la debida protección.