El 5 de febrero de 2023, en el acto conmemorativo por el aniversario de la Constitución en Querétaro, llamó la atención el hecho de que la presidenta de la Corte, Norma Piña, no se pusiera de pie ante el, en aquel entonces, presidente López Obrador.

Un año después, la ceremonia se realizó en Palacio Nacional y la ocasión fue aprovechada para presentar las reformas sobre programas sociales y el Poder Judicial; con esta última se buscó que los jueces y magistrados fueran electos por el voto popular, una práctica que no se lleva a cabo en todos los países del mundo, a excepción de Bolivia, en donde las críticas apuntan a que no ayudó en el tema de la impartición de justicia.

De inmediato, tras la presentación de la reforma, la maquinaria propagandística del partido oficial, emprendió una campaña en la que culpaba a la Suprema Corte de todo lo malo en el ámbito de la justicia, desde la liberación de delincuentes –sin tomar en cuenta la labor de ministerios públicos, policías o fiscalías–, así como de la impunidad con variados ejemplos que no siempre tenían que ver con este órgano colegiado.

En paralelo, el expresidente López Obrador logró colocar a Lenia Batres como ministra de la Corte, alguien que se ha caracterizado por los continuos errores cometidos en lo que se ha tratado de justificar como una curva de aprendizaje, pero que hasta las ministras afines al oficialismo le han hecho notar, además de sus seguidas ausencias, algo que se incrementó con el inicio de las campañas para la elección.

La reforma al Poder Judicial fue aprobada en el Senado gracias al voto de quien ese momento era parte del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, en medio de un escándalo que implicó su ausencia, la versión de que estaba enfermo, él se encargó de desmentirla al aparecer públicamente sin muestras del dolor de espaldas que, argumentó, sufría; su padre, el exgobernador de Veracruz y su suplente en la Cámara Alta, Miguel Ángel Yunes Linares, se presentó a ocupar su lugar, pero dejando dudas acerca de su lealtad a su partido.

Finalmente, su voto ayudó al partido oficial a sacar adelante la reforma, siendo expulsado del PAN, intentando, meses más tarde, afiliarse a Morena, pero la protesta de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, evitó que esto sucediera.

Yunes Márquez había sido señalado por varias irregularidades e incluso había una investigación judicial abierta en su contra, que el trató de presentar como presiones de parte de Morena en su contra para evitar que llegara al Senado, pero que curiosamente ya no continuó con el voto que dio para que avanzará la reforma al Poder Judicial.

También llamó la atención la defensa que de él hizo el partido oficial, en el contexto de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir el nepotismo electoral, pues si alguien ejemplifica esto es, precisamente, Yunes Márquez, ya que su esposa, Patricia Lobeira, lo sucedió en la alcaldía de Boca del Río.

Después de todo esto, se fijó la fecha del 1 de junio del 2025 para llevar a cabo la primera elección de jueces y magistrados, mostrando desde el inicio que se trataba de un proceso electoral complejo y que implicaba detalles que el propio INE alertó complicarían la votación.

La cantidad de candidatos haría que cada elector ocupara mucho tiempo en la casilla, además de que por el número de postulados se podría generar confusión; además el INE denunció que no contaba con el presupuesto necesario para realizar el proceso, algo que negó hasta la presidenta Sheinbaum, por lo que el Instituto tuvo que ajustar sus recursos, disminuir el número de casillas y de personal para realizar dicha elección.

El inicio de las campañas mostró que los candidatos están considerando las campañas como si buscarán convertirse en diputados o alcaldes, pues algunos de ellos empezaron a prometer desde reformas a las leyes –algo que no podrán cumplir– hasta cosas que ya están en las leyes como la defensoría de oficio.

Los primeros spots de los candidatos, difundidos principalmente en redes sociales, mostraron que algunos no se tomaban en serio las campañas, pues tuvimos el caso de un candidato que se presentó “mejor preparado que un chicharrón”.

Pero fue el reconocimiento del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de que había candidatos con vínculos con el crimen organizado —unos 20 aseguró el legislador– lo que volvió a encender las alarmas, pues una de las críticas al proceso era que los candidatos podrían ganar gracias al apoyo que tendrían de partidos, empresarios, grupos de interés –sindicatos, medios, entre otros–, algo que debió ser revisado por el Poder Legislativo.

También los integrantes del partido oficial se quejaron de la prohibición para los servidores públicos de promover la elección, un detalle que fue propuesto y aprobado por ellos mismos, pero con esto se confirma que no leen lo que votan, mucho menos lo revisan luego de la aprobación.

Todo esto nos lleva a unas campañas en las que se muestra que muchos de los candidatos podrían llegar al Poder Judicial gracias al apoyo recibido, algo que implica un tema poco discutido: la imparcialidad que debe tener todo juzgador, en especial si uno de los motivos esgrimidos para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial era mejorar la impartición de justicia, ¿podrá garantizar esto un juez que le debe el cargo a empresarios, políticos o grupos criminales?

Las proyecciones de asistencia a las urnas indican que será una parte minoritaria del padrón –quizá llegue al 20 por ciento– la que acuda a votar en una elección que nadie pidió, pocos entienden y que costará mucho al país, no sólo en términos económicos, sino en el tema de justicia.

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