En los últimos años, la libertad de prensa enfrenta nuevas formas de censura que, lejos de recurrir a métodos tradicionales como la prohibición explícita, emplean tácticas más sofisticadas y menos visibles. Estas incluyen el acoso judicial a periodistas, cambios en la regulación de medios y redes sociales, y ataques dirigidos contra informadores en plataformas digitales.
Acoso Judicial: Demandas como Arma de Silencio
Una de las formas más prominentes de censura moderna es el uso de demandas legales para intimidar a periodistas y medios. Conocidas como “SLAPP” (Strategic Lawsuits Against Public Participation), estas demandas no buscan necesariamente ganar en los tribunales, sino agotar los recursos económicos y emocionales de los periodistas.
En México, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha documentado un aumento en casos de censura sistémica desde 2018, con al menos 23 periodistas apartados de sus plataformas, a menudo tras presiones políticas o demandas por difamación o violencia política de género. Estas acciones, frecuentemente iniciadas por figuras públicas o empresas, aprovechan marcos legales locales que aún penalizan los delitos contra el honor, a pesar de su despenalización a nivel federal.
Este acoso judicial genera un “efecto inhibidor”, donde los periodistas optan por la autocensura para evitar repercusiones legales, limitando la difusión de información crítica.
Regulación de Medios y Redes Sociales: Control Encubierto
Los cambios en la regulación de medios y plataformas digitales representan otra forma de censura sutil, pero efectiva. Gobiernos de diversas ideologías han implementado leyes que, bajo el pretexto de combatir la desinformación o proteger la seguridad nacional, restringen la libertad de expresión.
En México, la recién propuesta de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha generado preocupación por otorgar al gobierno facultades para controlar contenidos en redes sociales, radio y televisión, lo que críticos han calificado como un atentado contra la libertad de expresión. Estas reformas, según analistas, podrían permitir al Estado decidir qué se publica, evocando prácticas de censura directa.
En América Latina, organizaciones como Artículo 19 han denunciado la remoción de contenidos periodísticos en redes sociales, ya sea por solicitudes gubernamentales sin control judicial o por políticas de plataformas que priorizan intereses comerciales sobre derechos. Estas prácticas, según un informe de la ONU, generan un “efecto intimidatorio” que inhibe la libertad de expresión en entornos digitales.
Ataques en Redes Sociales: Hostigamiento Digital
Los ataques dirigidos contra periodistas en redes sociales constituyen una tercera forma de censura moderna, caracterizada por su alcance masivo y anonimato. Estos incluyen campañas de desprestigio, acoso digital y amenazas directas, a menudo orquestadas por bots, trolls o actores patrocinados por gobiernos, como se ha denunciado respecto a los fanáticos de la 4T.
En México, Artículo 19 registró más de 2,000 agresiones contra la prensa en 2023, incluyendo 500 amenazas y 300 intimidaciones, muchas de ellas en plataformas digitales.
Estas agresiones no solo buscan silenciar a los periodistas, sino también minar la credibilidad de los medios ante el público. La polarización resultante reduce la esfera pública, dificultando el acceso a información de calidad y afectando el papel de los medios como contrapeso democrático.
Desafíos
Las nuevas formas de censura representan un desafío significativo para la libertad de prensa, ya que combinan herramientas legales, tecnológicas y sociales para restringir el flujo de información. A diferencia de la censura tradicional, estas tácticas son difíciles de detectar y combatir, ya que operan bajo la apariencia de legalidad o autorregulación.
En la Unión Europea, la introducción de normas como la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación busca contrarrestar estas prácticas, exigiendo transparencia en la propiedad de medios y prohibiendo la vigilancia intrusiva de periodistas. Sin embargo, en regímenes autoritarios, la falta de contrapesos institucionales perpetúa la impunidad.
El impacto económico también es notable. La IA generativa, al utilizar contenidos periodísticos sin compensación, amenaza la sostenibilidad financiera de los medios, mientras que la asfixia financiera mediante la retirada de publicidad oficial, como se documenta en México, limita su capacidad operativa. Además, la violencia física sigue siendo una constante, con más de 70 periodistas asesinados en 2024, especialmente en zonas de conflicto o donde operan cárteles, como México, que sigue siendo el país más peligroso para el periodismo.
Las nuevas formas de censura—acoso judicial, regulaciones restrictivas y ataques digitales—han transformado el panorama de la libertad de prensa, creando un entorno hostil para los periodistas y medios independientes. Estas prácticas, que operan tanto en democracias como en regímenes autoritarios, buscan controlar el discurso público sin recurrir a la prohibición abierta, lo que las hace particularmente peligrosas.
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