La noticia divulgada el pasado fin de semana, por la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmedo, en el sentido de que el gobierno de Estados Unidos había revocado su visa de turista y la de su esposo ha provocado reacciones en nuestro país que van desde asombro hasta el temor de poder ser objeto de la misma sanción por parte de las autoridades de nuestro vecino país.
En tanto que Carlos Torres esposo de la gobernadora, manifestó que solo se trata de una medida administrativa del gobierno de Estados Unidos y que “no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna, ni en México ni en Estados Unidos”.
El primero en tener conocimiento de esta medida fue Carlos Torres, cuando intentó cruzar la frontera por Tijuana le fue notificado de la alerta del gobierno de Estados Unidos en la que se le informaba sobre la revocación de su visa; fue cuando las autoridades de migración en la aduana le retiraron el documento.
La sanción administrativa, aplicada en primer término al esposo de la gobernadora y después a ella, es la primera acción de este tipo aplicada en contra de un gobernador mexicano en funciones y ocurre en un contexto binacional relevante para ese Estado fronterizo con California, Estados Unidos.
Esta medida tensa las relaciones binacionales, y pone en alerta sobre todo a los gobernadores fronterizos, pero esta medida podría aplicarse a cualquier funcionario que esté bajo sospecha de tener vínculos con la delincuencia organizada.
El vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, a pregunta expresa por los medios, respondió que los expedientes de visado son “confidenciales” conforme a la ley estadounidense, por lo que no pueden divulgar detalles de casos individuales.
Aunque existen diversas causas por las que el gobierno de Estados Unidos puede revocar una visa de turismo. Entre las más comunes se encuentran:
- Proporcionar información falsa o incompleta durante el proceso de solicitud.
- Exceder el tiempo permitido de estadía en visitas anteriores.
- Realizar actividades no autorizadas, como trabajar ilegalmente en territorio estadounidense.
- Estar vinculado con tráfico de drogas, armas o movimientos considerados como amenaza a la seguridad nacional.
- No declarar grandes cantidades de dinero en aduanas.
- Tener vínculos con organizaciones terroristas o haber expresado apoyo a actividades extremistas.
El Departamento de Estado puede revocar cualquier tipo de visa, en el momento que decida, por la razón que crea pertinente y consistente con el interés público. Y no tiene que explicar por qué. Aunque las causas comunes incluyen vínculos con actividades delictivas, corrupción o razones de seguridad nacional, la lista puede ser muy amplia. Ni los afectados saben a ciencia cierta el motivo.
Las secciones 205 y 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad mediante un procedimiento interno, permiten negar, suspender o revocar visas con base en informes del Departamento de Estado o de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
No es necesario explicar por qué, ni hacer públicas las razones. No hay proceso judicial, ni defensa posible. Solo la decisión unilateral, casi siempre irreversible, de un consulado o de una autoridad migratoria. Así funciona el poder de Estados Unidos cuando se trata de visas: discrecional y silencioso.
Por lo pronto ni la gobernadora ni su esposo, han sido acusados de cometer algún delito. Nadie los ha señalado oficialmente. “Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente”, escribió en sus cuentas de las redes sociales la gobernadora.
El medio informativo de Baja California, Zeta afirma que la orden de frenar el cruce y destruir la visa de turista B1/B2 del esposo de la gobernadora provino desde Washington. Las visas de, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, habrían sido revocadas a raíz de una investigación que abrió el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin ofrecer mayor información o fuente.
La publicación del diario Zeta cita que autoridades de Estados Unidos les indicaron que habrá más retiros de visas a otras personas que estarían implicadas en este caso. También afirma que la línea de investigación apunta a presuntas relaciones con grupos ilícitos y es un proceso que ya tiene algunos meses en desarrollo, pero se intensificó luego de hechos recientes de violencia en Baja California.
Tras la cancelación de las visas de turista, medios de información de aquella entidad federativa dieron a conocer que las autoridades de Estados Unidos congelaron también sus cuentas bancarias que tienen en las sucursales del Wells Fargo y Bank of America, ubicadas en la ciudad de San Diego, California.
Al ser cuestionada sobre el caso, en la mañanera, la presidente Claudia Sheinbaum, respondió: “No tenemos ninguna notificación del Gobierno de Estados Unidos”, “hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas por las que se retiran estas visas” indicó que hasta que eso no ocurra, solicitó no adelantarse. “Vamos a esperar la información. No fuimos notificados”, mencionó que no conoce otros casos de gobernadores cuyas visas hayan sido canceladas insistió la presidente.
Es un primer aviso para los gobernadores y funcionarios públicos de alto nivel, para que antes de que se aventuren a cruzar la frontera norte, investiguen si sus visas siguen válidas, por aquello que más vale ser precavido.