El 5 de febrero de 2023, la ceremonia de conmemoración de la Constitución de 1917 fue opacada por un incidente: la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, permaneció sentada durante la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El hecho desató una ola de reacciones en redes sociales. Mientras los simpatizantes de Morena condenaban la actitud de la ministra, otros la defendían. Pocos advirtieron entonces que este suceso sería el pretexto ideal para que el avezado líder social y fundador del partido oficial impulsara una nueva reforma constitucional, orientada a consolidar su proyecto de cambio de régimen.
Así surgió la iniciativa de reforma al Poder Judicial, justificada bajo el argumento de combatir la corrupción prevaleciente. Se ejemplificó con la liberación de presuntos delincuentes por parte de jueces, los procesos judiciales prolongados y la percibida falta de una justicia pronta y expedita para la ciudadanía.
Sin embargo, la reforma no incluyó a fiscalías, ministerios públicos ni policías, una omisión que analistas señalaron como una señal de que el verdadero objetivo no era mejorar el sistema de justicia en su totalidad.
La confirmación de estas sospechas llegó con la revelación de los detalles de la iniciativa, cuyo eje central era la elección de jueces y magistrados por voto popular. Este modelo, replicado solo en Bolivia, ha arrojado resultados cuestionables, con un alto porcentaje de votos nulos o en blanco (entre 60 y 67 por ciento), y críticas por el debilitamiento de la legitimidad del sistema judicial.
Bolivia, de hecho, descendió del puesto 131 al 142 en el Índice de Justicia Mundial tras la implementación de esta medida. Además, se ha señalado la cercanía de muchos candidatos bolivianos a partidos políticos, lo que ha contribuido a que alrededor del 76% de la población desconfíe de su Poder Judicial.
No obstante, estos precedentes no detuvieron al morenismo, que, fortalecido por su aplastante victoria en las elecciones de 2024, vislumbraba la posibilidad de obtener la mayoría legislativa necesaria para concretar su anhelada reforma.
Y así fue, no sin un detalle que evidenció hasta dónde estaban dispuestos a llegar: el 11 de septiembre de 2024, al bloque de Morena y sus aliados le faltaba un voto para aprobar la iniciativa. Lo consiguieron de Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces militante del PAN y quien había sido previamente acusado de diversos delitos por los propios morenistas. Estas acusaciones también alcanzaban a su suplente –y padre–, Miguel Ángel Yunes Linares, un expriista que se unió al PAN al ver frustradas sus aspiraciones de ser gobernador de Veracruz, un sueño que más tarde alcanzaría con su nueva fuerza política.
Yunes Linares, a pesar de su breve paso por el gobierno estatal, fue conocido por sus confrontaciones en redes sociales con el expresidente López Obrador, a quien tildó de “desquiciado”, recibiendo a cambio el calificativo de “dictadorzuelo”. Nada de esto impidió la recepción del también expresidente municipal de Boca del Río, alcaldía en la que dejó a su esposa, Patricia Lobeira, como sucesora; un acto que contrasta con la propuesta de la presidenta Sheinbaum de prohibir el nepotismo electoral. Incluso, Yunes buscó afiliarse a Morena, pero las protestas de la actual gobernadora Rocío Nahle impidieron que se concretara.
De esta forma, la reforma fue aprobada, y se fijó el domingo 1 de junio como fecha para la elección. Sin embargo, este proceso electoral sui generis rápidamente demostró falencias en su diseño original.
La reforma fue aprobada con dos artículos que se contradecían en cuanto a la duración de la presidencia de la Suprema Corte. Además, las comisiones encargadas de aprobar y seleccionar a los candidatos permitieron el paso de personas con antecedentes penales o que no cumplían los requisitos, lo que llevó a las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores a presentar recursos jurídicos para impedir que ocuparan los cargos si ganaban la votación.
Pero solo 26 candidatos fueron señalados por el Congreso, lo que evidenció que, así como muchos legisladores no leyeron la iniciativa que aprobaron –lo que generó la necesidad de correcciones posteriores–, tampoco revisaron adecuadamente los perfiles de los aspirantes. Organizaciones sociales, por su parte, presentaron más denuncias contra candidatos que incluso tenían procesos judiciales en curso.
Las campañas iniciaron en abril de este año con importantes limitaciones sobre las actividades permitidas a los candidatos y con presupuestos minúsculos para el alcance de la elección. Esto llevó a muchos a recurrir a las redes sociales, incluso prometiendo cambios en las leyes, algo que no está a su alcance como jueces o ministros.
Ante el desconcierto ciudadano, el escaso interés y las continuas denuncias por irregularidades de los candidatos o fallas en el proceso de selección, el partido oficial activó su maquinaria propagandística para movilizar electores a las urnas, pues las proyecciones apuntan a una baja asistencia.
Una semana antes del 1 de junio, en Venezuela, el plebiscito convocado por el gobierno de Nicolás Maduro se encontró con una abstención cercana al 80% del padrón. Esto, tras el llamado de María Corina Machado, principal líder opositora, a no asistir a los centros de votación, un acto que ella misma calificó como de valentía y determinación ciudadana.
Este 1 de junio, los mexicanos tienen la oportunidad de enviar un mensaje similar frente a una elección en la que la imparcialidad que debería caracterizar al Poder Judicial es lo menos que se discute por parte de los candidatos, quienes buscan llegar al cargo con el voto de una parte minoritaria del electorado.
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