Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que maestros y alumnos opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.

En esta entrega participa Karla Zárate Obregón, estudiante de la Escuela Libre de Derecho. Da su visión respecto de un tema específico y actual: La iniciativa de Ley Telecomunicaciones.

Elisur Arteaga Nava

 

Iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones: preocupaciones

Por Karla Zárate Obregón, ELD

 

El pasado 23 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la “Iniciativa”). Su contenido, a la fecha de elaboración de este artículo, no ha sido aprobado, pues el dictamen respectivo fue retirado de listas para su aprobación en el Pleno.

Lo que se pretende con esta nota es describir el primer esbozo realizado por el Congreso para eliminar al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Recordemos que los transitorios de la Reforma Constitucional en Materia de Simplificación Orgánica (“Reforma de Simplificación Orgánica”) precisamente contemplan que, si bien dicho órgano ya no está reconocido en nuestra Constitución, sus funciones permanecen hasta la emisión de las leyes reglamentarias del nuevo marco constitucional.

En la Iniciativa, se reconoce que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dependerá del Poder Ejecutivo, como ya se preveía en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que la contempla en su artículo 26, fracción XXI, como una Secretaría de Estado.

Por otro lado, los transitorios de la Iniciativa confirman lo que posiblemente quedó en duda de los transitorios de la Reforma de Simplificación Orgánica: una vez emitidas dichas leyes reglamentarias del artículo 28 Constitucional, queda extinguido el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Antes de que este suceso acontezca, nos corresponde reflexionar cuales son las implicaciones de que esta Secretaría de Estado inicie sus funciones, pues si bien de la normativa contenida en la Constitución, no parece que las facultades que solía tener el Instituto hayan sido eliminadas de esta Agencia, el problema con el que nos podríamos enfrentar es la inmersión política que dicho órgano podría adquirir.

Esto es, si ahora esta Agencia será la encargada de asumir las funciones del Instituto, es posible advertir que el control que ejerza el Poder Ejecutivo sobre el mismo sea, en cierto punto, desmedido, pues se podría manipular el otorgamiento de concesiones o licencias en la materia. Además, desde una perspectiva interna y externa del Estado de Derecho, no parece generar mayor confianza. Sobre la perspectiva interior, la centralización del poder no parece ser el modelo adecuado para preservar al estado de derecho, pues se desaparece la posibilidad de tener un contrapeso, completamente ajeno al Poder Ejecutivo, en el sector; en el aspecto exterior, podría cuestionarse la viabilidad de que empresas e inversionistas acudan a México, pues podría sujetarse el otorgamiento de licencias o concesiones a aquellos que tengan una buena relación con el régimen actual.

Otro de los aspectos que puede verse afectado es el regulatorio, ya que, derivado de la pérdida de autonomía, las disposiciones generales de carácter administrativo que emita este nuevo órgano igualmente se podrían ver mermadas por la ideología del régimen en turno. Las condiciones políticas que México afronta en estos momentos así lo permiten vislumbrar, tan es así, que, derivado del contenido de dicha iniciativa, se generaron graves preocupaciones en diversos grupos parlamentarios y en la sociedad civil a tal grado que tuvo que ser retirada.

En suma, mientras esperamos la expedición de la legislación debidamente aprobada por el Congreso de la Unión, se debe trabajar para que la nueva ley en materia de telecomunicaciones no constituya una regresión en la concepción del Estado regulador que se concibió con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y tener presente que los mecanismos de control constitucional, a punto de afrontar la elección popular, serán la única opción que tengan los ciudadanos y los diversos órdenes y poderes del Estado mexicano para poder impugnar dichas disposiciones.

IG: @ karla.zarr