La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir a México en su “lista de vigilancia prioritaria” en materia de derechos de propiedad intelectual no debería sorprender a nadie. Es apenas un nuevo episodio de una relación asimétrica en la que Washington impone criterios unilaterales mientras ignora las raíces profundas de los problemas que pretende señalar. La acusación es directa: el Estado mexicano no persigue con suficiente firmeza a quienes promueven la piratería o la falsificación de marcas, incumpliendo así con los compromisos establecidos en el T-MEC. Pero detrás de esta crítica hay una omisión deliberada: la piratería, como fenómeno económico y social, no es producto de la laxitud legal, sino del modelo económico que compartimos.

México es un país con altísimos niveles de desigualdad. En él, millones de personas viven al margen de la economía formal no por gusto, sino por necesidad. Las calles de Tepito, La Lagunilla, San Juan de Dios, los tianguis fronterizos, los mercados sobre ruedas, las redes digitales de reventa, son el reflejo vivo de una sociedad en donde la sobrevivencia diaria se impone a cualquier otra consideración, incluidos los derechos de autor o de propiedad intelectual.

Antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, la llamada “fayuca” —productos importados de contrabando, especialmente de Estados Unidos— era parte cotidiana del paisaje urbano. Con el TLCAN llegaron las grandes cadenas, los centros comerciales llenos de productos extranjeros, las franquicias, los autos importados. Pero no desapareció el comercio informal; se transformó. A la piratería nacional se le sumó la internacional, con productos chinos y de otros países asiáticos que hoy inundan los mercados mexicanos. Y aunque muchas veces se culpa al comprador por preferir lo “pirata”, la realidad es que en un país donde el salario mínimo apenas rebasa los 200 pesos diarios, no hay muchas opciones.

Combatir la piratería es necesario, sí. Pero no basta con cateos, decomisos o amenazas de sanción. Hacerlo sin atacar las causas estructurales equivale a barrer la casa levantando el polvo. ¿Cómo convencer a un vendedor informal de regularizarse si debe enfrentar una maraña fiscal, pagar cuotas injustas, y no obtiene a cambio servicios ni seguridad? ¿Cómo pedirle al ciudadano común que compre productos originales cuando su ingreso apenas le alcanza para cubrir lo básico?

México debe cumplir con sus compromisos internacionales, pero no puede hacerlo a costa de criminalizar la pobreza ni al servicio ciego de los intereses corporativos. Es indispensable una estrategia integral que incluya incentivos reales para la formalidad, disminución de cargas fiscales a pequeños comerciantes, y una mejora sustancial en la seguridad social, pensiones y derechos laborales. De otro modo, la piratería no será un delito a erradicar, sino una necesidad a sobrevivir.

¿Será Estados Unidos capaz de ver en este fenómeno el fracaso compartido de un modelo que privilegia la mercancía sobre la dignidad? ¿O seguirá dictando listas negras desde la comodidad de sus malls, sin mirar los mercados donde aún se compra con el estómago y no con la marca? Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.

@onelortiz