Mientras más estados se suman a la lista de entidades que prohíben los corridos tumbados o los llamados narcocorridos, más evidente resulta el fracaso anticipado de esta ola de prohibicionismo cultural. A la fecha, al menos diez estados de la República han implementado restricciones o sanciones contra estos géneros musicales, bajo el argumento de que promueven la apología del delito y la cultura narca. Sin embargo, esta política no solo es ineficaz, sino profundamente regresiva: criminaliza expresiones culturales sin incidir en las causas reales de la violencia y termina lesionando derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Aguascalientes, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Estado de México y recientemente la Ciudad de México, han caído en la tentación de combatir la violencia desde el micrófono, como si la lírica fuera más peligrosa que el abandono institucional, la impunidad o la pobreza. Resulta más fácil castigar a un cantante por narrar la realidad que enfrentar a los verdaderos generadores de violencia.

Desde ahora puede afirmarse con absoluta claridad: en ninguno de estos estados disminuirán los homicidios, las desapariciones o la extorsión por el simple hecho de prohibir un corrido. La censura de una canción no frena el tráfico de armas, ni evita que los jóvenes sin oportunidades caigan en las redes del crimen organizado. Por el contrario, lo único que logra es limitar la capacidad de una generación para expresarse, para contar su historia, por cruda o incómoda que sea.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha dicho con tino que su gobierno no tiene entre sus planes prohibir este tipo de música. “Sería absurdo”, ha afirmado. Y tiene razón. La solución no está en vetar letras ni clausurar conciertos, sino en brindar alternativas. Convencer, no censurar. Construir espacios culturales, ofrecer oportunidades de recreación y esparcimiento para las juventudes, apoyar el arte con una visión integral que incluya el barrio, el grafiti, el rap y, sí, también los corridos.

Porque el problema de fondo no es el corrido tumbado, sino la ausencia de proyectos comunitarios, la falta de inversión en educación artística y la marginación estructural. Mientras los gobiernos locales dedican tiempo a revisar letras y emitir multas, miles de jóvenes siguen sin acceso a bibliotecas, talleres, becas culturales o centros deportivos. Se pretende combatir el síntoma sin atender la enfermedad.

El riesgo de estas medidas prohibicionistas no solo es su inutilidad, sino su carácter autoritario. Hoy es un corrido, mañana podría ser un libro, una obra de teatro o una película. Prohibir por decreto lo que incomoda es el camino más corto a la intolerancia. La cultura, por el contrario, debe ser libre, crítica, viva.

Lo que urge no es silenciar canciones, sino componer una nueva partitura social, una que ofrezca justicia, educación, arte y esperanza. Porque cuando la música molesta más que la violencia, algo está profundamente descompuesto en nuestra sociedad. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

@onelortiz