En 2002, como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador organizó una consulta para la revocación de mandato. Aunque en esa ocasión fue telefónica, el 95.3% de los 691,619 participantes respaldó su continuidad. Este ejercicio se repitió en diciembre de 2004, con 556,727 participantes y un 95% a favor de su permanencia. Cabe destacar que, según el censo del año 2000, la capital del país estaba habitada por 8,605,239 personas.
En octubre de 2018, poco antes de asumir la Presidencia de la República, se llevó a cabo la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), del 25 al 28 de ese mes. De un millón 67 mil 859 ciudadanos participantes, el 69.95% votó por cancelar la construcción en Texcoco y optar por la base aérea de Santa Lucía. En ese año, el número de personas con posibilidad de votar ascendía a 89,332,031.
Alentado por el resultado, y a pesar de las críticas, el 24 y 25 de noviembre de 2018, López Obrador impulsó otra consulta para decidir sobre diez programas sociales prioritarios de su nuevo gobierno, incluyendo el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Participaron 946,081 personas.
Ya como presidente, en febrero de 2019, retomó las consultas con una votación en Morelos para decidir sobre la operación de la Central Termoeléctrica de Huexca. De los 55,715 votantes, el 59.5% se pronunció a favor de su funcionamiento. El censo de 2020 indicaba que en Morelos habitaban 1,971,520 personas.
Meses más tarde, entre noviembre y diciembre de 2019, organizó otra consulta en comunidades indígenas de cinco estados para definir la construcción del Tren Maya. Participaron 10,305 personas de 1,078 localidades —poco más de diez personas por comunidad—, con un 92.3% a favor del proyecto.
En marzo de 2020, se canceló la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands mediante una consulta en Mexicali, Baja California. En esta, 27,973 personas participaron, y la mayoría votó en contra del proyecto. Según el censo de 2020, la población total de Mexicali era de 1,049,792 habitantes.
El 1 de agosto de 2021, el INE organizó una consulta nacional para decidir si se debía enjuiciar a expresidentes. Con la participación de alrededor de siete millones de personas y un 97.7% a favor, los resultados no fueron vinculantes al no alcanzar el 40% de participación requerida. El padrón electoral de ese año estaba conformado por 93,686,877 electores.
Además de estas consultas, López Obrador ha utilizado frecuentemente las consultas a mano alzada durante eventos públicos para tomar decisiones sobre diversos temas. Aunque informal y sin validez legal, este método ha sido una práctica recurrente en su estilo de gobierno. En junio de 2019, en San Juan Atepec, Oaxaca, AMLO afirmó que llevaba treinta años realizando este tipo de consultas y que continuaría haciéndolo pese a las críticas.
La constante en este tipo de ejercicios es la baja participación ciudadana, que a menudo no comprende cabalmente las implicaciones de las decisiones que ayuda a tomar, y un gran despliegue propagandístico para justificar tanto su realización como el resultado posterior. Que los resultados muestren una mínima participación respecto a la lista nominal de electores o a la población de algún estado o del país es lo de menos, ya que siempre logró alcanzar su objetivo.
En 2025, la historia se repitió con la elección judicial, justificada por López Obrador a través de la denuncia constante de que jueces, magistrados y ministros respondían a intereses de poderes fácticos y carecían de independencia. Además, recurrió a su argumento favorito: la corrupción que, decía, se vivía en la Suprema Corte, algo que fue retomado por la presidenta Claudia Sheinbaum al promover dicha votación.
Los resultados de esta última consulta evidencian un fracaso debido a la escasa asistencia y a la atención que acapararon los votos nulos. Con el 99.8184% de las actas computadas por el INE —al momento de escribir estas líneas—, se registró una participación de 12,837,940 personas de un listado nominal de 99.9 millones de electores. Sin embargo, el 10.8758% de la votación total fueron votos nulos y el 12.1452% correspondió a boletas con recuadros no utilizados, principalmente por la dificultad del diseño de la boleta electoral.
Los votos nulos y las boletas con recuadros no utilizados suman el 23% del total de la votación, lo que implica aproximadamente tres millones de votantes. Esto llevaría el total de electores que apoyaron la elección judicial a una cifra menor a los diez millones de participantes que votaron para elegir jueces y magistrados.
A pesar de las críticas, los resultados —aun con una baja participación— siempre favorecen a Morena. Esto se debe también a una oposición que simplemente se aleja y se dedica a señalar algunas inconsistencias, pero sin una estrategia clara para revertir los resultados o generar una alternativa que frustre los planes del expresidente. ¿Qué hubiera pasado si la oposición hubiera participado para apoyar a varios candidatos en la pasada elección, incluso como lo hicieron los propios morenistas, para contar con órganos judiciales al menos algo más equilibrados?
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