Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), además de las acusaciones de fraude que le valieron epítetos como “espurio” o “usurpador”, también fue blanco de señalamientos sobre su estatura. Una exsenadora de Morena, por ejemplo, lo llamaba “enano” de forma reiterada. La “guerra” contra el narcotráfico que emprendió añadió más calificativos a las críticas en redes sociales, con la etiqueta #NoMásSangre y la acusación de “genocida”, descalificativos que varios actuales militantes del partido oficial aún utilizan.

Con Enrique Peña Nieto en la presidencia (2012-2018), la crítica en redes sociales no disminuyó. Temas como la “Casa Blanca” lo identificaron como “corrupto”, incluso con el hashtag #PeñaCorrupto. Se recordaron constantemente episodios como el de la Universidad Iberoamericana durante su campaña electoral o lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa. Incluso sus errores al pronunciar discursos, como no poder decir correctamente “infraestructura” o la frase “estoy a 1 minuto de aterrizar, no a menos, yo creo como a 5 minutos”, fueron ampliamente difundidos en plataformas digitales.

Sin embargo, quienes en los dos sexenios anteriores aprovecharon las redes sociales para criticar, burlarse y hacer escarnio de los presidentes en turno y de políticos de partidos distintos al suyo, ahora buscan regular estas plataformas para evitar que dichas situaciones se repitan.

En junio de 2015, la diputada local del Partido Verde en Sonora, Selma Guadalupe Gómez Cabrera, propuso una iniciativa de ley para tipificar como delito el uso sin consentimiento de la imagen de personas, particularmente servidores públicos, en redes sociales. Hizo énfasis en que este tipo de material dañaba la vida privada, el honor o la imagen de los afectados, lo que fue interpretado como un intento de limitar la libertad de expresión, pues incluso un meme podría ser objeto de cárcel bajo esta norma.

En octubre de 2018, la mayoría de los legisladores locales de Veracruz aprobaron una ley que buscaba castigar con hasta dos años de cárcel la divulgación de “fotomontajes” –categoría en la que podrían entrar los memes– que afectaran la honra de las personas. La iniciativa consideraba el “acoso cibernético” como uno de los puntos para aplicar dicha ley, así como la divulgación de información lasciva o dolosa que afectara psicológica, familiar o laboralmente a una persona. La Suprema Corte anuló el citado ordenamiento.

En julio de 2020, la entonces diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori –hoy en Morena–, anunció una iniciativa para modificar el Código Penal Federal y castigar a los usuarios de redes sociales que alteraran fotografías, videos o audios originales. La iniciativa no prosperó en el ámbito legislativo.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, presentó la legislatura pasada en la Cámara de Diputados una propuesta que se conoció como “Ley Anti Memes”. Su iniciativa buscaba reformar el Código Penal Federal para castigar la “violencia digital”, como el ciberacoso, con penas de hasta seis años de cárcel y multas de hasta 113 mil pesos. Tampoco esta idea prosperó.

Más recientemente en Puebla, la legislatura local aprobó una reforma al Código Penal estatal que castiga con hasta tres años de prisión los “insultos” o “agravios” en redes, bajo la figura de “ciberasedio”. Tras su aprobación, el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta, solicitó la apertura de foros para escuchar a los interesados, pero legisladores de Morena han defendido la necesidad de dicha ley y, según se ha informado, ya se presentó la primera demanda bajo este nuevo delito.

 

Tendencia preocupante

La tendencia descrita no sería meramente anecdótica si no se diera en un contexto de amenaza a la libertad de expresión, de lo cual existen varios ejemplos recientes.

El columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, ha recibido presiones del Tribunal Electoral de Tamaulipas para que se abstenga de publicar temas relacionados con las acusaciones contra una excandidata a juez en dicha entidad, a pesar de que el sustento de sus textos proviene de información gubernamental.

En Campeche, la jueza Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González y al representante del diario Tribuna, Isidro Yerbes, por el delito de “incitación al odio” contra la gobernadora Layda Sansores –la misma que difundió audios de conversaciones privadas de quienes consideraba enemigos políticos, como “Alito” Moreno o Ricardo Monreal–. Incluso se está obligando a González al pago de una indemnización millonaria por “daño moral”.

Asimismo, es crucial destacar la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que, en su artículo 109, por la generalidad de su redacción, abría la puerta a un uso peligroso para censurar todo tipo de plataformas digitales. La reacción social provocó que el citado artículo fuera retirado de la propuesta, pero especialistas alertan que aún hay otros artículos que mantienen la posibilidad de limitar la libertad de expresión.

Si algo queda claro de todo lo expuesto, es que a algunos no les agrada la crítica o los comentarios que aprovechan el humor, el sarcasmo o la ironía para señalar irregularidades, errores o, abiertamente, actos de corrupción, a pesar de que en el pasado recurrieron a lo mismo que hoy pretenden prohibir.