Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, inicialmente la que funciona en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que maestros y alumnos opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.

En esta entrega participan la maestra Ireri Elizabeth García Ramos de la Escuela Libre de Derecho y la alumna Michelle Nava Ruiz de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dan su visión respecto de un tema específico y actual: La elección popular del Poder Judicial.

Elisur Arteaga Nava

 

Elecciones judiciales: del pueblo, para el pueblo, pero sin el pueblo

Por Michelle Nava Ruiz, UAM

 

El domingo pasado sucedió algo inédito. En México fue la primera vez que los ciudadanos eligieron por voto directo a quienes integran al Poder Judicial local y federal. Para muchos es un triunfo, porque ahora jueces, magistrados y ministros “representarán” los intereses del pueblo. Pero para otros, ha sido lo contrario. Y es que, depende desde qué óptica se vea, porque si resulta que solo el 12 por ciento de los ciudadanos acudieron a las elecciones, es un fracaso total, pero si advertimos que, con esto, hoy los tres poderes se fusionan para servir a una sola persona, sí… es un éxito rotundo.

Lo increíble es que se nos vendió como un proceso democrático pero la realidad es que carece de participación real mientras que, de forma simultánea se consolida la captura del Poder Judicial bajo una narrativa simbólica. Así, la abstención que hubo es una manera de protesta y grita desaprobación. Ahora, quienes sí acudieron señalaron confusión por la elección de casi 2700 puestos, de los cuales era imposible conocerlos, saber su perfil y entender lo que proponían por lo que, muchos dieron preferencia al uso de las hojas guía que proporcionó Morena. Cual acordeón de examen.

Otro punto alarmante, es lo tocante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sabemos que el voto se plasma en boletas físicas, por lo que su conteo debe de ser manual. Es curioso entonces que, si las elecciones fueron el domingo, para el lunes ya había resultados preliminares y que sorpresivamente todos los candidatos eran afines a Morena.

Así, quien ahora se perfila para la presidencia de nuestro Máximo Tribunal es Hugo Aguilar Ortiz. Abogado mixteco egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y especialista en derecho constitucional, se ha destacado por la defensa de derechos humanos y litigio estratégico de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Ahora bien, sabemos que los indígenas han sido un grupo vulnerable y marginado y que la política pública tiene que encaminarse justamente a su protección, pero me parece ruin usarlos para escalar al poder. Cacarear que el presidente de la Corte será indígena, no es sinónimo de capacidad o preparación ni tampoco de justicia incluyente, pues basta con revisar la historia de la Corte y advertir que hemos tenido a personajes que representaron todo lo contrario. Es decir, constituye en esencia, un argumento cargado de demagogia y populismo.

Dentro de sus propuestas, destacan, por ejemplo, la justicia en territorio, pero insisto: su diálogo está plagado de una carga política morenista. ¿Sustituir el uso de la toga por un traje típico porque su origen es neoliberal? Una leída al decreto presidencial número 104 de 1941 no le haría daño.

Finalmente, tanto insistieron en hacer esta iniciativa realidad, que de ahora en adelante así funcionarán las cosas. Pero todo tiene un precio: prometieron cambios verdaderos y, profundos al sistema ¿no? ¿Qué pasará si todo resulta en un descalabro como se les ha advertido? ¿A quién culparán? ¿A Calderón? ¿A los neoliberales? ¿A Peña Nieto tal vez?

Espero verdaderamente que el tiempo nos niegue la razón a quienes pensamos que más que un avance hacia la democracia es una farsa y que es el acto que marca la eliminación de los tres poderes. Pero de no ser así, también espero que asuman las consecuencias de haber lastimado al país, de llevarnos al punto más bajo del derecho y de haber traicionado a su pueblo bueno y sabio por la sed voraz de satisfacer su ambición

 

 

La simulación democrática detrás de la elección del poder judicial

Por Ireri Elizabeth García Ramos, ELD

 

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario.” Esta frase, atribuida a George Orwell, cobra un profundo sentido frente al proceso de reforma judicial impulsado en México. La promesa de democratizar el Poder Judicial mediante la elección popular de jueces y magistrados ha sido presentada como una conquista histórica. Sin embargo, una revisión crítica de su implementación revela una preocupante simulación democrática.

La Cuarta Transformación ha promovido la idea de que nuestro país vive su etapa más democrática gracias a la elección directa de los integrantes de los tres poderes de la Unión. Pero, ¿cómo se puede ejercer un voto libre sin información, reflexión ni condiciones que garanticen la imparcialidad? La libertad sin estas bases es una ilusión.

Uno de los principales argumentos de la reforma judicial fue la supuesta falta de legitimidad democrática en el Poder Judicial, afirmando que la elección directa solucionaría la falta de representación de la diversidad cultural, social e ideológica del país. No obstante, los resultados preliminares muestran que ocurrió lo contrario: la pluralidad quedó anulada por mecanismos de control político.

Antes de la reforma, los jueces federales eran, en su mayoría, personas egresadas de escuelas públicas, provenientes de sectores de clase media baja, que accedían al cargo mediante concursos y exámenes dentro de la carrera judicial. Eran el reflejo de una cultura del esfuerzo. Hoy, esa lógica meritocrática ha sido desplazada por una contienda electoral en la que predominaron los “acordeones” —listas de candidatos promovidos por el partido oficial—, distribuidos entre una ciudadanía desinformada y sin condiciones reales para ejercer un voto razonado.

El caso de la elección de ministros es paradigmático: todas las personas electas tienen vínculos directos con el gobierno en turno. No solo formaban parte de los acordeones, sino que ninguna representación auténticamente independiente o crítica logró obtener un cargo. Este resultado evidencia que el voto popular no garantiza pluralidad ni democracia.

Además, con una participación ciudadana inferior al 13 por ciento del padrón electoral, resulta insostenible el argumento del “mandato popular”. Lejos de confirmar un deseo colectivo por transformar al Poder Judicial, lo que esta elección revela es una profunda desconfianza ciudadana hacia un proceso viciado desde su origen. La mayoría no votó, y quienes lo hicieron, en muchos casos, siguieron directrices ajenas, sin conocer el perfil, trayectoria ni propuestas de las personas candidatas.

Sin participación efectiva, sin condiciones democráticas mínimas, sin libertad de elección real, lo que presenciamos no es el fortalecimiento de la democracia, sino su desmantelamiento. Estamos ante la muerte del ideal contramayoritario de la justicia constitucional, y posiblemente, también ante el fin del modelo democrático representativo que con tanto esfuerzo se ha construido en las últimas décadas.

¿Dónde están hoy quienes defendieron la alternancia y el respeto institucional? ¿Vale la pena sacrificar las bases democráticas por la concentración del poder? ¿Podrán mirarse al espejo quienes impulsan estas reformas y reconocer en qué se han convertido?

La historia juzgará. Pero hoy, más que nunca, urge decir la verdad.