Por las reformas que se hicieron a la Constitución y a las leyes durante el sexenio de AMLO, se alteró y hasta distorsionó la división de poderes; las reformas incidieron en la naturaleza del Estado mexicano: de ser una república, democrática, representativa, federal y civilista, se convirtió en un estado totalitario, sin división de poderes, centralista y militarista.
De las iniciativas de las que conoció el Congreso de la Unión en el periodo extraordinario de sesiones al que fue convocado, derivó en que, lo que era considerado privado, se convierta en público; que desaparezca el debido proceso y la presunción de inocencia; por las mismas anda la menguada independencia del Poder Legislativo; éste, por razón de las reformas, dejará de ser un Poder y se convertirá en una instancia sometida y dócil. De todo lo anterior derivará en una concentración de poder público como nunca antes se había visto.
Por virtud de una sobre representación que concedieron a Morena y a sus líderes, no la ciudadanía, sino el INE y el Tribunal Electoral, el Congreso de la Unión está sujeto a la voluntad presidencial, que es lo mismo que decir a AMLO. Por razón de ese control, éste no reconoce límites a su voluntad; él sabe que cualquier iniciativa que presente, aunque se trate del mayor de los absurdos, será aprobada por un Congreso de la Unión humillado y sometido.
La militarización del país es otro tema delicado. Se militarizó, entre otras, una institución que era eminentemente civilista y democrática: la Guardia Nacional. Ahora depende de la Secretaría de Defensa Nacional, sus miembros están sujetos a lo que el secretario del ramo disponga; podrán aspirar a ser legisladores contando con un simple permiso. Con reformas a leyes secundarias se pretende eludir la limitante que establece la fracción IV del artículo 55 constitucional.
El que se estén apresurando las reformas legales es indicativo de que los líderes de Morena, por virtud de las encuestas que han encargado y de la información que han recabado, temen que para el 2027 perder el control de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; esa simple posibilidad es la que los ha llevado a apresurar la aprobación de las diferentes leyes.
La otra posibilidad es que alguien que sabe derecho: Monreal, Adán Augusto o Gutiérrez Luna haya aconsejado a AMLO: tratándose de reformas a las leyes, hay que hacerlas ahora que podemos; más vale que sobre a que falte. Nosotros, como poseedores del poder, podemos ir dosificando su aplicación en función de los tiempos y de los requerimientos políticos.
La concentración de poder que Morena y sus líderes han alcanzado es peligrosa. Lo es para todos: para la población y, en especial, para la ciudadanía: por virtud de las reformas habrá un control sobre los habitantes del país, sus datos personales e información en general.
En las actuales circunstancias, la oposición hace bien en no tener sueños guajiros: únicamente aspira a impedir que Morena cuente con una mayoría reforzada que le permita en el futuro reformar la Constitución a su antojo y, en el mejor de los casos, si no alcanza una mayoría absoluta, obligar a los morenos a negociar todo: paquete hacendario, nombramientos y reformas a la Constitución.
La alta concentración de poder político que han alcanzado AMLO y la presidente de la República, ante cualquier problema grave irresoluto que sobrevenga deben, sin pretender derivar su culpa en otro, asumir la responsabilidad total. No puede delegarla en el Congreso de la Unión; tampoco puede derivarla en los jueces. Ambos no tienen voluntad propia; hacen lo que les ordena su amo.
Ellos y Morena se ha comprometido a no reprimir; pero no ha prometido no vigilar, controlar, corromper, difamar, dosificar recursos y, de manera selectiva, a través del uso de las procuradurías, ejercer la acción penal contra los disidentes o empresarios que no colaboren o que se nieguen a entrarle a los negocios.
Morena, como gobierno, por razón de la concentración de poder que ha alcanzado y de esa la limitante que se ha impuesto de no reprimir las muestras de descontento de parte de grupos de presión o de la ciudadanía en general, contiene en sí los elementos de su propia destrucción. A nadie puede culpar de que las cosas salgan mal o de control y, llegado el caso extremo, de que reprima.
La mayor tragedia para AMLO y su presidenta de la República será perder todo el Poder que han concentrado y que éste pase, sin beneficio de inventario, a quienes resulten victoriosos en las próximas elecciones presidenciales. Los comicios a celebrar en 2027 pudieran ser un anticipo, ominoso, de lo que les espera. Es de desear que sus sucesores, siguiendo las reglas de la cortesía vigentes, no procedan penalmente contra AMLO y la señora Sheinbaum, que se limiten a quitarles los guardias y las pensiones.
Muchos considerarán imposible el desplazamiento del poder de los morenistas. No toman en cuenta que el crédito de todos los políticos mexicanos depende de algo al parecer intrascendente: de que le retiren la visa, de que se filtre a la opinión pública que se ha abierto una investigación en su contra en el país del norte o se insinúe allá que algún familiar cercano lava dinero.
A los radicales izquierdistas que están incrustados en Morena le ha llegado un mensaje claro de Donald Trump: ¡Ay de aquél que ose contratar médicos cubanos, regale petróleo a Cuba, mande apoyos a Nicaragua o Venezuela o que dé muestras de simpatía a favor de Irán! Las puertas del Infierno sí prevalecerán contra quien lo haga.
Por ironía de la vida, los morenistas tienen el poder absoluto, pero no pueden usarlo. Están en el momento menos propicio para su causa: la era de Trump. Será una gran desgracia para ellos el tener todo para convertir a México en un país socialistas y no poder hacerlo. ¡Qué gran tragedia: su suerte depende de una leve insinuación de ser investigados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América!