La sentencia de 141 años y tres meses de prisión impuesta a diez hombres relacionados con los crímenes del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, marca un hito en el largo y tortuoso camino hacia la justicia en un país acostumbrado a la impunidad. El fallo del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Distrito I de Puente Grande no es menor: acredita la desaparición y homicidio de tres personas y reconoce la existencia de una estructura criminal en la que participaron los condenados. Sin embargo, lo conseguido en el tribunal es apenas una fracción de lo que la verdad y la memoria exigen.

El Rancho Izaguirre no es un caso aislado, es un símbolo del México que desaparece a sus ciudadanos. En marzo pasado, la organización Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó a sus instalaciones y encontró restos humanos, cientos de prendas y zapatos, y señales claras de que ese sitio operó como un campo de exterminio. Lo ocurrido ahí se suma a los cientos de fosas clandestinas esparcidas por el país y a las más de 100 mil personas desaparecidas que, a la fecha, siguen sin respuesta.

Sí, la sentencia es un paso en la dirección correcta, pero no alcanza. No basta con condenar a diez hombres cuando el horror fue cometido por muchos más. ¿Cuántos estuvieron en el rancho? ¿Cuántos escaparon? ¿Cuántos más operaron al amparo del poder o bajo el silencio cómplice de autoridades corruptas o negligentes?

Y, sobre todo, ¿cuántos fueron asesinados en ese lugar? Porque en esta historia, la justicia mexicana ha reconocido apenas tres homicidios, cuando los hallazgos apuntan a una tragedia de dimensiones mayores. ¿Dónde están los nombres de las víctimas, sus historias, sus familias, sus vidas truncadas?

La justicia no puede darse por satisfecha con una decena de sentencias ejemplares si no se responde al drama profundo de las desapariciones. No se puede hablar de justicia plena si no se esclarecen los hechos, si no se identifica a cada víctima, si no se castiga también a quienes permitieron que ese rancho operara por tanto tiempo como fosa, prisión y lugar de muerte.

Este caso, como tantos otros, deja claro que en México no basta castigar; hay que investigar, identificar, dar nombre y rostro a las víctimas, reconstruir los hechos y, sobre todo, garantizar que no se repitan. El fallo judicial es un acto de justicia formal. Lo que sigue es un compromiso político, social y moral: no dejar en el olvido lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre. Porque mientras haya una madre que no sepa dónde está su hijo, la justicia seguirá incompleta. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.

@onelortiz