El mes de junio terminó con nuevas acusaciones de Estados Unidos hacia México, por una parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a dos bancos mexicanos CIBanco, Intercam y a la casa de bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo como actores financieros que lavan dinero del narcotráfico desde por lo menos el 2019.
La Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusó a Vector Casa de Bolsa de propiciar el lavado de millones de dólares procedentes de actividades del narcotráfico, señala que Vector habría facilitado los pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo. El Departamento del Tesoro de EU señaló que, durante el periodo en que Alfonso Romo trabajó bajo las órdenes de López Obrador, Vector lavó millones de dólares relacionados con el tráfico de fentanilo.
Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República FGR en contra de Vector Casa de Bolsa y su propietario, Alfonso Romo, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento, al señalar que integran una red financiera que favoreció actividades criminales del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales vinculadas con el tráfico de fentanilo.
Durante el pasado sexenio, López Obrador protegió y facilitó el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, droga muy adictiva y causante de cientos de miles de muertes. En varias ocasiones negó que en México se produjera fentanilo, y a partir del gobierno de Claudia Sheinbaum bajo las presiones norteamericanas se han descubierto y destruido cientos de laboratorios clandestinos.
Por otra parte, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi en una comparecencia ante el senado, señaló a Irán, China y Rusia como adversarios de su país, y agregó a la lista a México diciendo que porque intenta “matar con sobredosis de drogas a nuestros hijos”. A pregunta expresa sobre si México estaba cooperando para detener el tráfico de fentanilo se negó a responder sugiriendo que no había tal cooperación.
La inseguridad y la violencia cada día se recrudecen el todo el territorio nacional, si bien el número de homicidios se mantiene, el número de desapariciones de personas en el país aumenta cada día.
La crisis de las desapariciones en México ha escalado recientemente a la Organización de las Naciones Unidas, donde el Comité contra la Desaparición Forzada CED busca llevar por primera vez el caso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo el argumento de que estos sucesos son “sistemáticos o generalizados”. En respuesta la presidenta de México, ha acusado al CED de “mucho desconocimiento” sobre México argumentando que en el país “hay fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada”, no con el Estado, además de que ha declarado esta problemática como una “prioridad” en su Gobierno. Si bien no en todos los casos se puede probar la intervención de agentes del Estado en las desapariciones de personas, también lo es que poco o casi nada ha hecho el gobierno para detener el incremento de dicho delito.
Según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) en México, hay más de 127 mil personas desaparecidas y no localizadas, Registro que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950. Desde octubre de 2024 al 15 de abril de 2025, se registraron más de 8 mil nuevos casos en México, un promedio de 40 desapariciones diarias en el país y siete en la capital, según los datos del propio Gobierno.
La Fiscalía de Jalisco informó del hallazgo el pasado 26 de febrero en un predio, los cuerpos de 34 personas y 169 bolsas con restos humanos que fueron localizados en una fosa clandestina en un predio del municipio de Zapopan, en Jalisco. Información confirmada por el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, señalando que hasta ahora se han identificado 17 víctimas.
Mientras que en Sonora madres buscadoras del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme hallan 15 cuerpos en fosas clandestinas. Los primeros indicios fueron encontrados el pasado jueves 26 de junio, luego de que las madres buscadoras recibieran una llamada anónima. El sitio fue localizado en un predio, al sur de Cajeme, indicaron que, entre los cuerpos, pudieron identificar las osamentas y prendas de vestir de nueve hombres y dos mujeres, aunque apenas esta mañana confirmaron el hallazgo de más restos. Mediante un comunicado, la Fiscalía de Sonora informó que en el reporte preliminar del área forense se confirma que la temporalidad de las osamentas halladas es de 2 a 3 años.
El gobierno actual del país no promete un futuro feliz para miles de jóvenes en la flor de su vida, con esperanzas de trasformar su entorno, como hay millones de jóvenes en nuestro México, que hoy enfrentan su destino, en un entorno de miedo, sangre, balas, desempleo, precariedad sanitaria, impunidad y cerrazón autoritaria del Gobierno.
La percepción mayoritaria de la población es que se ha perdido el enfrentamiento contra las bandas delincuenciales, que de nada ha servido la creación de la Guardia Nacional y que lo único que ha producido es una violencia irracional. El descontento, la cólera sorda y la crispación resultante de la muerte innecesaria de civiles inocentes, de las ejecuciones extrajudiciales, de la desaparición forzada e involuntaria de personas y de las violaciones de derechos humanos, crecen y se extienden en todos los estratos de la sociedad.
Hoy, la sociedad y los Organismos Internacionales reprueban la política pública en materia de seguridad, por la cantidad de muertos, por las violaciones de derechos humanos, por el empecinamiento y terquedad de no modificar la estrategia, por la polarización social generada por el desmantelamiento de las instituciones autónomas, el boicot a las organizaciones de la sociedad civil y por la construcción de un marco jurídico propio de un Gobierno totalitario.
Hoy, como sociedad debemos despertar y organizarnos para exigir un cambio de rumbo, con un plan de gobierno coherente que escuche las sabias voces de la sociedad civil y considere las necesidades de prevención en materia de seguridad, de salud, de impartición de justicia, de educación, de economía, de recursos naturales en breve, en todo el quehacer gubernamental.