Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), la llamada “guerra contra el narco” se convirtió en un eje central de la propaganda en su contra. Las redes sociales de entonces se llenaron con la etiqueta #NoMásSangre y la candidata panista Josefina Vázquez Mota resintió el descontento social por la situación de violencia que vivía el país.

De poco sirvió que, en el cierre de campaña, Vázquez Mota anunciara que Felipe Calderón Hinojosa sería el Procurador General de la República, pues la contracampaña de la oposición pesó más que su propia propuesta.

Años después, la detención y enjuiciamiento en Estados Unidos de Genaro García Luna se convirtieron en otro argumento para desacreditar al Partido Acción Nacional (PAN) como opción electoral. En el sexenio anterior, el expresidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el juicio y la sentencia para golpear al panismo, que no lograba revertir la tendencia negativa.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también sufrió las consecuencias de la participación de algunos de sus gobernadores en temas vinculados al crimen organizado. Un ejemplo es el de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, detenido en 2017 en Italia y extraditado a Estados Unidos, donde purgó una sentencia de nueve años de prisión que concluyó en 2024. Otro caso que afectó al priismo fue el de Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, con acusaciones de narcotráfico en México y Estados Unidos, quien fue extraditado a ese país en 2010. Dos exgobernadores más, Javier Duarte, de Veracruz, y César Duarte, de Chihuahua, también enfrentaron procesos penales por diversos delitos.

Lo anterior, junto con escándalos de corrupción como el de la “Casa Blanca”, afectaron electoralmente al PRI, que perdió la presidencia en las elecciones de 2018. Tanto el PRI como el PAN siguen arrastrando una imagen manchada por la vinculación de algunos de sus miembros con el crimen organizado y la corrupción, temas explotados por Morena para ganar elecciones.

Una sopa de su propio chocolate

A medida que se acercan las elecciones de 2027, Morena empieza a recibir una sopa de su propio chocolate, al tener a varios de sus militantes en situaciones similares a las que enfrentaron priistas y panistas. Un ejemplo es el tema de “La Barredora”, que involucra al prófugo exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y a su exjefe, el exgobernador de la entidad y actual coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.

Sin embargo, es con la entrega a Estados Unidos de varios delincuentes, y el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, que la información sobre posibles vínculos entre militantes de Morena y el crimen organizado podría tener un efecto similar en las urnas al que sufrieron los adversarios políticos del actual partido en el poder. Tras su traslado, se difundió una carta supuestamente firmada por Zambada García en la que involucra al gobernador de Sinaloa en negociaciones con el cártel que dirigía. Otro asunto que impacta en el morenismo es el relativo al huachicol y su uso para financiar campañas de este partido, incluida la de Sinaloa.

Y así como al PRI se le acumularon los escándalos de sus integrantes con el crimen y la corrupción, ahora Morena podría enfrentar una situación similar. Temas como el turismo de lujo de varios de sus militantes, la adquisición de propiedades millonarias que no corresponden a sus salarios o las fotografías que exhiben artículos de lujo, regalos que sobrepasan los límites legales u obras de arte, abonan a un descontento social.

Cabe agregar que Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas, una de ellas –Vector Casa de Bolsa– propiedad de quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio anterior, Alfonso Romo.

¿Afectará electoralmente?

En lo que va del actual sexenio, varios escándalos relacionados con militantes de Morena contradicen el discurso de austeridad de la pasada administración y la frase de “no somos iguales”. La ostentación de vacaciones en el extranjero, joyería de marca o ropa de diseñador también va en contra del principio de esta fuerza política de “primero los pobres”.

Que un político del PRI o del PAN sea dueño de un inmueble de varios millones de pesos no es sorpresa para la ciudadanía, pero que uno de Morena haya comprado un par de departamentos en una zona exclusiva como el conjunto Reforma 222, o una residencia de 12 millones de pesos en el Estado de México, es combustible para la revancha que la oposición puede estar preparando para los comicios de 2027, en los que se juega la mayoría de la Cámara de Diputados.

Queda por ver si los adversarios de Morena sabrán aprovechar esta coyuntura y sacar ventaja de la posición vulnerable en la que se encuentra el partido en el poder.