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En esta entrega participan Emiliano Rizo Trade y Kevin Uziel Bañuelos Sánchez alumnos de la Escuela Libre de Derecho. Dan su visión respecto de un tema específico y actual: el proyecto de reforma electoral anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Elisur Arteaga Nava e Ireri Elizabeth García Ramos

 

Consideraciones del proyecto de reforma electoral y el futuro de la vida democrática en México

Por Emiliano Rizo Trade y Kevin Uziel Bañuelos Sánchez

 

En un Estado Constitucional de Derecho moderno, como se supone, lo es México, los pesos y contrapesos constituyen un pilar fundamental en el desarrollo y construcción de la “democracia constitucional”. En ese sentido, partiendo de la base que nuestro país es una República Federal representativa, se pone de relieve la vital importancia de contar con un árbitro electoral imparcial que sea garante de que la voluntad de las y los ciudadanos, ejercida en las urnas, sea respetada y efectiva: en nuestro caso, se trata del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

No será objeto de nuestro análisis realizar un repaso histórico respecto de la historia del INE y de las importantes conquistas democráticas que el pueblo mexicano ha alcanzado a lo largo de las últimas décadas; pero sí denotaremos la trascendencia de la puesta en peligro de los mecanismos de control democráticos en virtud de posar un contrapeso al poder político en turno.

La presidenta Claudia Sheinbaum, ha anunciado desde el púlpito de Palacio Nacional su intención de presentar una reforma estructural en materia electoral. Más allá de los indudables cuestionamientos respecto de las reformas fast track al estilo 4T, es nuestro deber como ciudadanos estudiar, analizar y cuestionar, pormenorizadamente, las intenciones y posibles repercusiones de una iniciativa de semejante magnitud. La presidenta, derivado de los comicios del 2 de junio del presente año, llegó a mencionar “que hubo una serie de consejeros del INE con actitud de golpeteo” (1).

Lo anterior, indudablemente nos lleva a destacar que no es función del INE ser complaciente o sumiso con la ideología política dominante en las posiciones de poder más importantes del país, sino la de ser un contrapeso efectivo al mismo, asegurándose de la existencia de un panorama de “piso parejo” en donde las diversas fuerzas políticas puedan desenvolverse en un plano de equidad, en la búsqueda constante del voto ciudadano. Este es el primer foco de alarma en la reforma propuesta: las verdaderas intenciones (perversas, quizá) detrás de la misma.

Así, la presidenta ha dejado en el tintero la posibilidad de que la mencionada reforma desaparezca las llamadas diputaciones y senadurías plurinominales, afirmando que no solamente se debe de escuchar la opinión de los expertos y de los líderes de partido, y destacó: “a ver qué dice la gente” (2).

Podemos decir que, lo anterior, categóricamente es gravísimo: primeramente, desprestigiar públicamente la opinión de expertos en la materia denota un sesgo de arrogancia y petulancia política, y, por otra parte, demuestra un cierto temor al tema de fondo: la importancia de las diputaciones y senadurías de representación proporcional en el Congreso de la Unión. En un país tan plural y diverso como lo es México (sin importar las declaraciones tendientes a la homogeneidad ideológica del partido oficialista), la representación proporcional permite a las fuerzas políticas de oposición participar en la deliberación parlamentaria, es decir, en el procedimiento de creación de la ley, que nos rige a todos y cada uno de nosotros. Mediante los mecanismos clientelares de coacción del voto, disfrazados de programas sociales, durante períodos electorales, naturalmente la fuerza política dominante acarreará el mayor número de votos para la elección de legisladores federales (y locales también). En términos claros y prácticos, la eliminación de las plurinominales implicará el control absoluto de Morena y aliados en el Congreso de la Unión, suprimiendo tajantemente a las voces disidentes.

A lo largo de los siguientes meses se llevarán a cabo audiencias y consultas públicas en las que organizaciones civiles; partidos políticos; comunidades indígenas; y la población en general va a poder manifestar su opinión respecto de los temas que involucra la reforma, si bien podrá opinarse, no podrá tomarse ninguna decisión al respecto. Cabe resaltar que el propósito de una reforma electoral debe ser buscar la estabilidad democrática y política de un país, y no -como todo apunta- a modificar las reglas para mantenerse más años en el poder.

En palabras de la actual titular de la Secretaría de Gobernación, la “necesidad de esta reforma” consiste en “vencer nuevamente la resistencia de quienes aún defienden un sistema que permitió la complicidad entre el poder político y el económico, benefició a unos pocos a costa de las mayorías y alejó al ciudadano de las decisiones fundamentales del país” (3). Sin embargo, y de manera irónica, con esta reforma se ataca a una institución que surgió de una necesidad histórica de representación a las diversas fuerzas políticas del país, como son las diputaciones y senadurías de representación proporcional que surgieron, por un lado, para reconocer la pluralidad política del país, y por otro, para dar voz, así como la posibilidad de participar en la vida política de México, a las minorías.

Por otro lado, bajo la idea de “austeridad” que tanto ha caracterizado la política del partido oficialista, se pretende reducir el financiamiento de los partidos políticos, así como los costos de campañas; si estos gastos resultan muy grandes para el erario no será objeto del presente trabajo; lo que si abordaremos será la posición en la que esto coloca a los demás partidos, que de manera notoria se encuentran en una posición de desventaja en relación con el actual partido en el poder.

Como se mencionó anteriormente, para que las fuerzas políticas del país puedan desenvolverse en relaciones de equidad, es necesario que cuenten con las mismas oportunidades en la discusión y posibilidad acercamiento con los ciudadanos en busca de su voto, es decir, un “piso parejo”. Esto pone a relieve la posible verdadera intención detrás de la reforma, esto es, que realmente no se busca una mayor participación, pues las opiniones que se obtengan de las consultas públicas no son vinculantes; se atacan instituciones torales de la democracia de este país, como lo es la representación proporcional; y, por otro lado, se marca todavía más el plano de desigualdad entre las fuerzas políticas del país, pues se les pretende restar presupuesto a los partidos políticos.

Las consideraciones anteriormente expuestas nos conducen a la pregunta, ¿qué nos depara la futura vida democrática en México? No es algo que pueda resolverse de un momento a otro, más bien, es una cuestión en la que toda la población debe participar, allegándose de información sobre las consecuencias que las distintas reformas o propuestas pueden implicar, no solo en el presente, sino a futuro, y, por ende, ser más críticos con las mismas. Se trata de investigar, reflexionar, entender, criticar, y actuar.

Emiliano Rizo Trade Twitter: @rizo_trade

Kevin Uziel Bañuelos Sánchez LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kevin-uziel-ba%C3%B1uelos-s%C3%A1nchez-00a326382/

 

Notas:

1. 1. 1. Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum: Claves para entenderla y cómo afectará al INE. Redacción, El Financiero Bloomberg. Agosto 03, 2025. Reforma electoral de Claudia Sheinbaum: Claves para entenderla y cómo afectará al INE.
      2. Reforma electoral de Sheinbaum: Las claves de lo que vendría en la iniciativa. Leyva, Thalí. Político MX. Agosto 30, 2025. Reforma electoral de Sheinbaum: Las claves de lo que vendría en la iniciativa.
      3. La Reforma Electoral es una “Necesidad Histórica”. Fernando Camacho y Enrique Méndez. La Jornada. Agosto 31, 2025. La Reforma Electoral es una “Necesidad Histórica”.