El salario mínimo aumentó desde el sexenio pasado. Este incremento, sumado a los programas sociales, ha logrado reducir el número de personas en situación de pobreza, un avance innegable; sin embargo, en paralelo persiste un estancamiento en el mercado laboral, marcado por la menor creación de puestos de trabajo y una tasa de informalidad que ha crecido en los últimos años.

Este contraste se agrava al analizar el impacto de los programas sociales. Si bien el 82 % de las familias mexicanas ha sido beneficiado, según datos proporcionados por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 7 de julio, con una inversión de 836 mil millones de pesos (MDP), estas mismas familias se enfrentan a un mayor gasto de bolsillo en salud. El desabasto y los problemas crónicos del sistema de salud pública —arrastrados desde el sexenio anterior— han obligado a los hogares a desembolsar más dinero en medicamentos y atención médica. Un dato clave lo ilustra: el gasto real de bolsillo en salud de los hogares mexicanos creció 41.4 % entre 2018 y 2024. Hoy, más de la mitad de los mexicanos (el 49 % en 2023, frente al 43.4 % en 2018) acude a servicios privados, incluidos los consultorios de farmacias, para recibir atención.

En el sexenio anterior se eliminó el Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales (Fonden), justificado en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador bajo la premisa de supuestos actos de corrupción. Sin embargo, no se realizaron investigaciones ni hubo funcionarios públicos sancionados por irregularidades. En un giro paradójico, José María Tapia, exdirector del Fonden nombrado por Enrique Peña Nieto, ahora milita en Morena y fue candidato al gobierno municipal de Querétaro. Además, Tapia se vio involucrado, según una revelación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en la obtención de contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional por poco más de 1,350 millones de pesos para el suministro de 1,330 ventiladores. Un apunte final sobre este personaje es su residencia en Houston.

Bajo la premisa de ser un gasto no justificable y una institución de corte neoliberal, el Gobierno federal de Morena eliminó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), transfiriendo sus funciones a la Secretaría Anticorrupción. Esta última es la nueva entidad encargada de responder a las solicitudes de transparencia, especialmente las de periodistas que investigan posibles casos de corrupción. El nuevo organismo, Transparencia para el Pueblo (TPP) –que inició oficialmente sus trabajos en mayo de 2025 tras el proceso de transición institucional– ha desechado el 99.6 % de los recursos de revisión. De acuerdo con Artículo 19, de los 2,253 recursos de revisión recibidos por el TPP, solo 457 fueron resueltos, y de estos, 455 (99 %) resultaron desechados.

En las conferencias matutinas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en distintas ocasiones que “no se ocultará información”, a raíz de preguntas de los reporteros sobre temas como las inundaciones en Veracruz o la seguridad pública. No obstante, ha respondido con frecuencia con frases como “no tenemos certeza” o “no tengo datos”, o con la promesa de que un funcionario del gabinete ofrecerá un informe posterior, compromisos que a menudo quedan sin cumplir.

El lema de Morena, “no somos iguales”, ha sido repetido por sus líderes en distintas tribunas para marcar una diferencia clara con otras fuerzas políticas, a las que acusan de corrupción, nepotismo e ineptitud. El expresidente López Obrador se refirió a la corrupción y el nepotismo como “lacras” que se debían desterrar del gobierno, comprometiéndose a erradicarlas y anunciando en sus conferencias matutinas que la corrupción se había terminado. No obstante, la realidad ha revelado varios casos de corrupción, como el fraude en Segalmex, la denuncia de irregularidades expuesta por Jaime Cárdenas Gracia en su carta de renuncia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, o la investigación actual sobre el llamado huachicol fiscal.

Durante la comparecencia del pasado 13 de octubre ante comisiones del Senado, Tonatiuh Márquez, director de investigación aduanera, reveló que 30 agentes controlan el huachicol fiscal; otros 100 concentran el 90 % de las operaciones. Se han abierto 7,707 carpetas de investigación, 818 con detenidos y 6,889 sin detenidos. Por su parte, Grisel Galeano García, procuradora fiscal, señaló tras una reunión con diputados que el daño al erario por huachicol fiscal asciende a 600 mil millones de pesos.

En cuanto al nepotismo, baste con citar la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir el nepotismo electoral. Originalmente, debía entrar en vigor en los comicios de 2027, pero fue modificada en la Cámara de Diputados para posponer su aplicación a 2030, permitiendo así que morenistas interesados puedan suceder a un familiar en un cargo de elección.

Este tema se ilustra con las fotografías que difundió en su cuenta de X (antes Twitter) el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, donde conversa con su hermano, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y su otro hermano, el senador Saúl Monreal. Este último está interesado en ser candidato a la gubernatura en 2027, a pesar de que la presidenta Sheinbaum le aconsejó públicamente en una conferencia matutina que “puede esperar”, pues es joven.