El empresario regiomontano Gerardo Tamez Tamez presentó dos denuncias por presuntos actos de corrupción ante la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México contra un juez y un magistrado del Poder Judicial de la CDMX, a quienes acusa de actuar ilegalmente para beneficiar al empresario minero potosino José Cerrillo Chowell. Las acusaciones también alcanzan a un Ministerio Público por supuesta actuación parcial.

Los expedientes contra el juez interino del Juzgado 32 Civil, Roberto Landa Arenas, y el magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Eugenio Ramírez Ramírez, están actualmente en trámite ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

La Denuncia contra el Juez Landa

La primera denuncia, presentada el 23 de mayo de 2025, señala al juez Roberto Landa Arenas y a su Secretario de Acuerdos, Enrique Hernández Cruz, por haber presuntamente eliminado un acuerdo original del expediente físico para sustituirlo por otro de sentido contrario, lo que podría configurar un delito penal.

El acuerdo “desaparecido,” con fecha del 26 de febrero de 2025, decretaba la caducidad de un juicio ejecutivo mercantil ($1051/2019) entre Tamez y Cerrillo. Al sustituirlo con un acuerdo con la misma fecha pero publicado el 4 de marzo, el juez Landa habría permitido reabrir un proceso ya declarado caduco, afectando a Tamez.

Esta supuesta alteración permitió la posibilidad de embargar bienes de Gerardo Tamez Tamez y de su empresa Transportes Peñón Blanco, así como congelar sus cuentas bancarias, por un presunto adeudo de más de $49 millones de pesos con José Cerrillo Chowell. No obstante, el equipo jurídico de Tamez argumenta que la deuda ya había sido saldada mediante un convenio de dación en pago suscrito en julio de 2019. Como prueba de la alteración, en la denuncia obran registros electrónicos del acuerdo original en el sistema interno del Poder Judicial de la CDMX, a los que solo la autoridad tiene acceso.

El Magistrado que Bloqueó Investigaciones

La segunda denuncia, del 17 de junio de 2025, es contra el magistrado Eugenio Ramírez Ramírez. Se le acusa de exceder sus atribuciones al negarle a Tamez la admisión de un recurso de apelación y, además, negar la facultad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para continuar una investigación contra el empresario José Cerrillo Chowell por un supuesto fraude que causó un daño por más de $828 millones de pesos a Gerardo Tamez.

Los denunciantes sostienen que el magistrado debió limitarse a resolver sobre la apelación, pero al bloquear las investigaciones, habría incurrido en el delito de prevaricación (vulnerar el derecho de acceso a la justicia). En su sentencia, el magistrado determinó que no existía materia penal contra Cerrillo Chowell y ordenó a la Fiscalía no seguir con la investigación.

En respuesta a esta acción, los abogados de Tamez promovieron un amparo. El 14 de julio de 2025, el Juzgado 16 de Distrito en Materia Penal de la CDMX concedió la suspensión definitiva, dándole la razón a Tamez y permitiendo que la Fiscalía de la Ciudad de México siga investigando al empresario potosino.

MP Acusado de Parcialidad

A esto se añade una denuncia reciente, presentada ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, contra el Ministerio Público Francisco Javier Díaz Monroy. Se le acusa de integrar la carpeta contra Tamez de forma exprés, parcial e irregular.

El MP Díaz Monroy también estaba a cargo de una denuncia presentada por Tamez contra un apoderado de Cerrillo Chowell, pero en este caso, el agente ha obstaculizado su avance, lo que, para los abogados de Tamez, evidencia un trato desigual y parcial, actuando en favor de Cerrillo Chowell. Además, la rapidez con la que se programó la audiencia contra Tamez —fijada para finales de septiembre y luego reprogramada para el 10 de octubre, cuando estas diligencias suelen tardar dos meses— es considerada por el equipo legal de Tamez como una maniobra de presión y hostigamiento.

Omar Amador Olivares, abogado penalista de Tamez, señaló que estas acciones provocaron el “bloqueo ilegal de investigaciones contra José Cerrillo Chowell” y otorgaron “ventajas indebidas” evidenciando una “colusión de funcionarios”. Los abogados esperan que las denuncias sigan su curso de forma expedita, dada la “evidencia de los presuntos actos de corrupción”.