Como una humedad persistente, la violencia se ha infiltrado en cada rincón del país. A poco más de un año de iniciado el actual sexenio (2024-2030), la cifra acumulada de víctimas de homicidio doloso asciende a 25,848 casos, manteniendo un promedio alarmante de 70 muertes diarias.

En entidades como Sinaloa, la vida social se ha visto alterada por una espiral de asesinatos, robos de vehículos y bloqueos, derivados del enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael El Mayo Zambada. De igual forma, Tabasco ha registrado bloqueos y hechos de violencia por pugnas entre grupos criminales. La crudeza de esta realidad se evidenció en Veracruz con el caso de una maestra jubilada que se negó a pagar derecho de piso: apareció en un video en redes sociales, rodeada de hombres armados, instando a no resistirse para evitar su destino. Días después, fue hallada muerta.

Si bien las cifras oficiales de violencia en México muestran fluctuaciones —algunas a la baja, según el discurso gubernamental—, el impacto cotidiano en miles de personas es innegable. Los feminicidios, por ejemplo, acumulan más de 6,100 víctimas en los últimos dos sexenios, con el Estado de México y la Ciudad de México (CDMX) como principales focos rojos. En los primeros meses del sexenio actual, se ha reportado un promedio de más de 1,200 personas desaparecidas y no localizadas cada mes.

El año también ha estado marcado por hallazgos que desnudan la brutalidad del crimen organizado. En el municipio jalisciense de Teziutlán, en el Rancho Izaguirre, una fosa clandestina y decenas de prendas de vestir de víctimas que, según testimonios, fueron obligadas a participar en actividades del narcotráfico, evidenciaron la extensión del horror. A esto se suman los innumerables hallazgos de colectivos de madres buscadoras en distintos estados de la república, que exponen la sistemática forma en que los grupos criminales se deshacen de sus víctimas en cementerios improvisados.

Violencia en las calles y la protesta social

Los hechos anteriores no agotan la lista de las violencias que azotan al país. En la capital, diversas manifestaciones se han convertido en escenarios de violencia. Desde la marcha del 8 de marzo por la violencia de género, pasando por el aniversario del 26 de septiembre por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hasta la conmemoración del 2 de octubre de 1968, la presencia de grupos encapuchados es constante: agreden a policías y reporteros, vandalizan mobiliario urbano y asaltan comercios.

El último suceso, el del 2 de octubre, resultó en lesiones a casi un centenar de policías y robos en joyerías del Zócalo capitalino. Los agresores lanzaron bombas Molotov contra los uniformados, además de destrozar fachadas. Una dinámica similar se observó en la marcha contra la gentrificación en las colonias Roma y Condesa de la CDMX, donde manifestantes destrozaron negocios y dejaron pintas con mensajes de xenofobia.

 

Violencia en las aulas

La violencia ha penetrado también las instituciones educativas. El pasado 6 de octubre, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue desalojada por una amenaza de bomba. Horas después, la Preparatoria 6 (ENP 6) enfrentó una alerta similar; y la FES Iztacala, en Tlalnepantla, ha sido evacuada en múltiples ocasiones. El 3 de octubre, un mensaje en un pizarrón que advertía de un tiroteo y explosivos movilizó a cuerpos de rescate.

El incidente más preocupante fue el ocurrido en el CCH Sur, el 22 de septiembre, cuando un estudiante de 19 años, Lex Ashton Cañedo López (presuntamente), irrumpió encapuchado y armado con cuchillos, con un patrón de acción similar a los reportes de hechos en Estados Unidos, asesinando a Jesús Israel, de 16 años, e hiriendo a otras personas.

Violencia en la percepción ciudadana y la economía

La encuesta de Consulta Mitofsky de septiembre de 2025 confirma que la seguridad es la principal preocupación de los mexicanos, con un 55% de las respuestas. Solo el 40% de los entrevistados considera que ha habido una mejora en este ámbito, frente al 15.4% que opina que se mantiene igual y el 38.2% que considera que ha empeorado.

Las cifras de esta encuestadora reflejan opiniones divididas respecto al desempeño gubernamental en el combate a la inseguridad: el 21.6% considera que las acciones son adecuadas, mientras que el 16.2% opina lo contrario.

Ni siquiera la esfera política se libra de esta escalada. El reporte de Integralia señala que en el primer semestre de 2025 se registraron 253 hechos de violencia política, incluyendo 112 asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros y 11 desapariciones en 29 de las 32 entidades del país.

Finalmente, el Banco de México (Banxico), en su Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía (septiembre de 2025), reveló que la incertidumbre política interna y la inseguridad pública son los dos factores que más limitan el crecimiento económico de México.