“Yo rendí una protesta y me atengo a la protesta que rendí”, sentenció la magistrada Janine Otálora en agosto de 2024, tras votar en contra de la ilegítima mayoría calificada que el Tribunal Electoral (TEPJF) entregó a MORENA y aliados en el Congreso.
Mayoría calificada que permitió la reforma judicial (2024), la cual no solo trajo destituciones injustas, tómbolas y farsa electoral, sino también la prórroga en el cargo para los magistrados electorales, como premio por su servilismo.
Ese premio explica que, mientras el Poder Judicial, la democracia y la República sufrían su mayor atentado, el Tribunal Electoral guardó silencio y fue cómplice, buscando salvarse.
MORENA no olvidó los favores recibidos por esa mayoría moreno-oficialista del TEPJF: mayoría calificada ilegítima en el Congreso, sanciones revocadas, carpetazo a investigaciones, permiso para evadir obligaciones con fideicomisos, triunfos electorales pese a irregularidades. La lista es larga.
La reforma judicial extendió el cargo a los actuales magistrados de la Sala Superior, para que finalicen hasta 2027; a pesar de que la Constitución establece que esos cargos son IMPRORROGABLES.
La única magistrada congruente con el mandato constitucional ha sido Janine Otálora; ella no aceptó esta prórroga. Respetará el periodo para el que fue designada, así que se va el 31 de octubre de 2025.
Ahora es necesario ocuparse de algo muy importante: ¿quién ocupará el cargo vacante?
No es un asunto menor, la Constitución y la ley son omisas. La renovación de las magistraturas electorales −entre ellas, el espacio de Janine− estaba prevista para una elección en 2027.
Hace unos días, el senador Adán Augusto comentó ante medios de comunicación que, el Senado evaluará la posibilidad de dejar el lugar vacante hasta el 2027; a su decir, la Sala Superior perfectamente podría funcionar con 6 integrantes.
MORENA habló y lo que es una solución para ellos, para el país es otro atentado contra la democracia.
La historia se repite, pues un Tribunal Electoral incompleto fue el inicio de la destrucción de la democracia en México.
Recordemos que entre 2023 y 2025, en una franca violación constitucional, MORENA se encargó de obstruir la designación de dos magistraturas vacantes en ese tribunal. Mantuvo una integración de cinco, por lo que, bastó la subordinación de tres magistrados afines al régimen para acabar con la justicia electoral.
De esta manera, no resulta difícil entender que Adán Augusto vea con buenos ojos volver a una integración incompleta de la Sala Superior, para él basta con que la Sala tenga quórum en sus sesiones.
Se equivoca, sí hay un problema. La Constitución prevé que esta Sala debe funcionar con siete magistraturas, no con menos.
Si bien, la ley reconoce que con cuatro integrantes habrá quórum, las ausencias de magistraturas son situaciones extraordinarias y aisladas. Normalizar esto como el funcionamiento ordinario en los próximos dos años es pisotear nuevamente la Constitución.
El que sean siete magistraturas también implica garantizar una integración impar; pues se trata de un órgano colegiado que toma decisiones por mayoría de votos. Esto evita empates en la votación.
Una integración de seis magistrados por los siguientes años solo empoderaría de manera desmedida a la presidencia de la Sala Superior, quien tendría la facultad de decidir los desempates con un voto de calidad. Sin embargo, en la presidencia ya no estará la incondicional morenista Soto Fregoso, sino que será ocupada por el reciente magistrado del acordeón Bernardo Bátiz.
Otra de las posibilidades que se explora entre los senadores es aplicar el artículo 98 de la Constitución, el cual establece que, cuando en la Sala Superior se genere una vacante de una magistratura electa, el espacio se ocupará por la persona que obtuvo el segundo lugar en la elección.
Este precepto interpretado correctamente, implica que tal disposición solo rige para las magistraturas que hayan sido por elección popular; pero no es el caso de la magistrada Janine.
A pesar de ello, en MORENA se evalúa la aplicación de esta regla, aún con la distorsión que eso envuelve.
En caso de aplicarla, la beneficiada sería María del Rocío Balderas Fernández, vinculada a MORENA, por haber sido directora de asuntos jurídicos en la Secretaría de Gobernación bajo el mando de Sánchez Cordero y también en la gestión de Adán Augusto.
Desde 2022 figura en la plantilla del Tribunal Electoral (TEPJF), como secretaria de estudio y cuenta adscrita a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata; sin embargo, con tres años en el puesto, los asuntos registrados a su cargo no llegan ni a cinco. Además, fuentes internas de la propia ponencia señalan que, no participa del trabajo jurisdiccional, igual que muchos otros funcionarios aviadores en esa ponencia.
En realidad, la vacante de la Sala Superior tendría que dar lugar a una elección extraordinaria, para que decida la ciudadanía. Ese fue el método de designación que estableció el oficialismo, aunque queda claro que no son capaces de respetar ni siquiera sus propias reglas.
Ante ello, el debate del futuro de la Sala Superior está entre elegir la transgresión constitucional que mejor acomode al oficialismo: un tribunal incompleto o una designación a modo.
La salida de la magistrada Otálora, lejos de ser un hecho aislado, es una muestra más de la profunda crisis en que MORENA colocó al Poder Judicial y una consecuencia de la improvisada reforma que solo buscó sometimiento.
Una integración incompleta de la Sala Superior o buscar un reemplazo a modo a través de una interpretación forzada de la Constitución, no sólo significaría una violación más por parte del oficialismo; también es un claro reflejo de cómo el actual gobierno sigue destruyendo nuestras bases republicanas.
La autora es abogada y consultora en materia electoral y constitucional
Web: defensaelectoral.com.mx
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