Este domingo pasado, México Nuevo Paz y Progreso programó una asamblea, requisito indispensable para conseguir el reconocimiento como partido político según la Ley, que se llevaría a cabo en Oaxaca, estado que tuve el privilegio de gobernar de 2004 a 2010.
Evidentemente, el gobernador del estado conocía tanto de esta convocatoria como de la intención de algunos líderes magisteriales y organizaciones “sociales” que continuamente violentan el estado de derecho en la entidad. Sin embargo, por su origen obradorista, prefirió guiarse por los rencores y la venganza que caracterizan a los morenistas: hizo oídos sordos a las provocaciones y permitió que vándalos y delincuentes comunes interrumpieran el desarrollo de la asamblea, quemando lonas y robando mesas, sillas y equipos de trabajo, antes de imponer el orden, como es su obligación.
No podría esperarse algo diferente dado el historial de gran parte de los funcionarios del gobierno quienes han sido líderes o miembros distinguidos de muchas de las “organizaciones sociales” que abundan en Oaxaca.
Perseguir a los disidentes —especialmente a quienes pueden ser una oposición real— y proteger al pasado reciente, responsable de este México violento, corrupto y sin destino, es el deporte preferido de quienes dicen gobernar el país desde 2018. Su proyecto, más que hacer de México un país sin pobres, lo está convirtiendo en un país sin inversión y con más deuda, con una comunidad que recibe transferencias monetarias a cambio de lealtad electoral en la desmedida ambición de perpetuar en el poder a la nueva “clase política” gobernante.
Al gobernador de Oaxaca le han debido ordenar impedir el avance de México Nuevo Paz y Progreso debido a las propuestas que hemos manifestado abiertamente: un país con más infraestructura para generar riqueza y empleos mejor pagados; un México moderno con instituciones sólidas, educación de primer mundo, aeropuertos suficientes para una movilidad eficaz, transporte urbano ágil y no contaminante, así como mecanismos para terminar con la corrupción, haciendo obligatorio que el 85 por ciento de las obras y adquisiciones del gobierno se realicen por licitación pública, además del aumento de penas para los corruptos del pasado y del presente.
A los gobiernos de Morena les preocupa que regrese la transparencia y se auditen todas sus obras, grandes y pequeñas; que se descubran los manejos para entregar recursos públicos a empresas de reciente creación, siempre ligadas a los gobernantes en turno, sea cual sea el orden de gobierno.
Les inquieta que se conozca la realidad de la violencia, de la cual los mexicanos solo recibimos la versión maquillada por personajes como Epigmenio Ibarra; les aterra que se sepan las cifras reales de desaparecidos; les angustia que se acaben el huachicol o las extorsiones, fuente de buena parte del financiamiento de sus campañas.
Les aterroriza, en suma, la cárcel.
Lo ocurrido en Oaxaca no nos detendrá. Seguiremos en el esfuerzo por cumplir los requisitos de ley para obtener el reconocimiento como partido político nacional y, desde el gobierno, devolver la paz a los mexicanos. Luchamos por acabar con la pobreza, no con dinero regalado, sino con empleos dignos, educación de calidad y un sistema de salud que funcione, aunque no sea igual al de Dinamarca; por un campo que produzca alimentos y dignifique la vida rural con mejores ingresos.
Vamos a lograrlo, porque somos más los que queremos un país justo, ordenado y en crecimiento, que aquellos que solo ansían enriquecerse con el erario y manipular a la población con los llamados programas sociales. Somos más los que sí queremos a México.
Y desde esta tribuna, hacemos responsables a los miembros de morena en los tres órdenes de gobierno, de cualquier agresión que se sufra en las asambleas que habremos de realizar en los próximos días y exigimos seguridad y libertad de expresión y de reunión, derechos consagrados en la Constitución, para los militantes y simpatizantes de México Nuevo Paz y Progreso.