En Tabasco, tras las elecciones de 1991, consideradas fraudulentas, el entonces dirigente perredista Andrés Manuel López Obrador organizó el “Éxodo por la Democracia” en protesta por los resultados. Posteriormente, en los comicios de 1994, ante nuevas evidencias de fraude, se instaló un plantón en Villahermosa para impedir la toma de posesión de Roberto Madrazo como gobernador.

Ante esta situación, López Obrador organizó la “Caravana por la Democracia” hacia la Ciudad de México, logrando un diálogo con el gobierno federal, mediado por el regente del entonces Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, para atender sus demandas.

En 2006, tras ser derrotado en la elección presidencial de ese año, organizó un plantón en Paseo de la Reforma que se prolongó por tres meses y fue retirado voluntariamente antes del desfile del 16 de septiembre.

En ningún momento, sin embargo, el también expresidente fue calificado como golpista o como miembro de la extrema izquierda. De hecho, solo en la década de los noventa fue objeto de una agresión cuando fuerzas de seguridad reprimieron una de sus manifestaciones contra Pemex, la paraestatal acusada de invasión de tierras comunales y contaminación.

Estos son algunos de los ejemplos más conocidos de protestas en el país. A ellos se suman las que realizó el PAN en el marco de las elecciones de 1988, incluida una frente a Televisa para protestar contra la manipulación informativa. Salvador Nava, activista y candidato de una de las primeras alianzas partidistas entre Acción Nacional y partidos de izquierda, también realizó marchas y protestas ante resultados electorales considerados fraudulentos.

 

Tierra de protestas

México es un país donde la protesta se ha convertido en un fenómeno cotidiano. Su historia registra manifestaciones encabezadas por obreros, maestros, sindicatos, estudiantes y militantes de partidos políticos. Las causas son variadas, pero convergen en un punto: el rechazo a políticas o acciones consideradas negativas para algún sector de la sociedad.

Los gobiernos ineficaces o que toman decisiones sin considerar a la ciudadanía no hacen sino detonar estas acciones, las cuales se expresan mediante marchas, plantones, cierres de carreteras, bloqueos de edificios públicos, tomas de espacios legislativos, entre otras medidas de inconformidad.

Partidos de derecha, como el PAN; de izquierda, como el PRD o Morena; sindicatos y grupos sociales han recurrido a estas tácticas para rechazar políticas públicas, resultados electorales, decisiones judiciales, arrestos considerados injustos, o nombramientos de funcionarios, entre otros motivos.

En este contexto, cabe recordar las protestas ocurridas el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, cuando grupos enmascarados se enfrentaron a la policía en varios puntos de la Ciudad de México.

Las protestas también suelen implicar violencia, ya sea por parte de las autoridades que buscan acallar las voces disidentes o de grupos que la consideran un arma legítima para alcanzar sus objetivos.

El año de 1968 marcó una diferencia. Además de la represión por parte de las fuerzas de seguridad –con un saldo mortal entre los estudiantes concentrados en Tlatelolco–, se emitieron declaraciones que buscaban mostrar una conjura internacional detrás de los manifestantes, en este caso, comunista.

 

Cambio de papeles

El México de hoy evidencia que quienes en el pasado aprovecharon ciertas coyunturas políticas para alcanzar sus objetivos y lograr notoriedad pública, ahora son los jueces más severos para calificar quiénes pueden o no protestar.

Los bloqueos carreteros realizados por agricultores y transportistas –por temas como la inseguridad o la falta de precios de garantía justos para el maíz– han enfrentado acusaciones del actual gobierno federal de estar orientados por motivos políticos. A esto se suma la amenaza, en palabras de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de abrir carpetas de investigación contra los organizadores.

Desde las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha sugerido que exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón están detrás de las protestas en contra de la nueva Ley de Aguas. Previamente, en el contexto de la marcha convocada por la Generación Z, se descalificó a los participantes, con el señalamiento de que no eran jóvenes y que sus impulsores eran parte de la ultraderecha internacional.

Incluso, el anuncio de que panistas acudirán a instancias internacionales para denunciar la violación de derechos humanos, la represión y la utilización de grupos de choque fue criticado en Palacio Nacional, bajo la acusación de que la meta es conseguir un “intervencionismo extranjero”.

De hecho, las palabras de la titular de Gobernación en el sentido de que los bloqueos carreteros recientes tienen “motivación política”, generan desconcierto entre analistas y columnistas. El “Éxodo por la Democracia”, el plantón en Reforma de 2006 o la “Caravana por la Democracia” también tenían motivación política, un hecho que los miembros del partido oficial parecen haber olvidado.

Por lo anterior, es inevitable preguntar: ¿la protesta tiene dueños en nuestro país?