Continúan las protestas de personas con discapacidad y sociedad civil en contra de la propuesta de la ministra de la Corte Lenia Batres para modificar el criterio de la SCJN para que no se invaliden leyes por falta de consulta previa a personas con discapacidad— alrededor de 9 millones de personas—. Desde 2016 la Corte establece que la consulta previa era una formalidad esencial y su falta invalida la ley.

El proyecto de resolución de la ministra establece un criterio que limitaría la defensa de sus derechos ya que solo las propias personas con discapacidad mediante firmas, pueden promover recursos ante la Corte, lo que restringiría su acceso a la justicia ya que, se les traslada una carga donde no tienen los recursos humanos ni materiales para dar seguimiento a todos los dictámenes emitidos por los 32 Congresos locales y Congreso federal. Así los grupos de discapacitados no tienen que ser consultados cuando se aprueben leyes que los involucren o afecten sus derechos.

Sobre el tema habla a Siempre, Francisco Javier Munguía, vocero de grupos de personas discapacitadas.

 

Problemática que genera su propuesta

La consulta es un derecho reconocido en la Convención de los Derechos para las personas con discapacidad en el artículo 4.3 y en la Constitución política en el artículo primero y es uno de los argumentos que utiliza la ministra Lenia y el ministro presidente Aguilar para intentar no reconocer esta figura.

El artículo primero dice que todas las personas gozarán de los derechos que estén contenidos en ese texto, en la Carta magna, y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte, o sea la Convención, está contenido en esas dos normatividades y en la Ley general para la inclusión de personas con discapacidad.

Al ser un derecho la consulta, el hecho de que la ministra Lenia Batres intente no declarar la inconstitucionalidad por la “simple falta de la misma” como lo apunta, es una clara violación al derecho internacional y a los derechos humanos.

Su propuesta original era declarar la no invalidez y estudiar caso por caso a fondo, pero cuando las organizaciones nos manifestamos al exterior de la Corte y se convocó a esta audiencia pública, en el primer día de la audiencia la ministra nos presenta una propuesta y pide que centremos la discusión en ella.

¿Cuál era? Ya no era estudiar caso por caso y que fueran las y los ministros quienes determinaran después del análisis la validez o invalidez por la falta de consulta, sino que fuéramos las personas con discapacidad y sus colectivos las que nos tuviéramos que manifestar mediante la recolección de firmas cuando consideráramos la transgresión a nuestros derechos.

 

Implicaciones

Nos traslada una carga en contextos donde no tenemos los recursos humanos ni materiales para dar seguimiento a todos los dictámenes emitidos por los 32 Congresos locales y el federal. Además, convierte el derecho a la consulta en una parte del proceso jurídico y la obligación de las autoridades se las traslada a los sujetos que tenemos que hacer las impugnaciones. Es validar el no trabajo y la no acción de las autoridades en materia de inclusión y de garantía de derechos.

 

Audiencia

Fue una única audiencia, originalmente pactada para el 20 de octubre, pero dada la convocatoria se extendió dos días más. Fueron más de 300 personas que se registraron para participar; 102 fueron seleccionadas y fueron 84 oradores efectivos; 15 horas de audiencia en 3 días.

El primer día cuando hace esa propuesta de decir ya no hay que hacer el estudio a fondo por parte de los ministros, caso por caso, sino que ustedes mediante la colecta de firmas se van a pronunciar ante los sujetos legitimados. Y es que otra de las consecuencias de la propuesta es que, a los sujetos legitimados, presidencia de la república y minorías en los congresos, comisiones de derechos humanos, los partidos políticos en materia electoral y la FGR, podían actuar por oficio, ya que uno de los congresos o los poderes ejecutivos locales o federales no habían hecho la consulta, podían impugnar la norma. Con la propuesta, seríamos las personas con discapacidad las que tenemos que organizarnos para recolectar firmas y con ellas solicitar la acción de inconstitucionalidad. Así a los sujetos legitimados se les coloca un candado y ya no van a poder actuar por oficio sino cuando nos pronunciemos.

Esto generó un gran debate, y en el segundo día cuando la ministra dice que derivado de las inquietudes expuestas buscaría matizar su propuesta, que trabajaría con las y los ministros para encontrar la mejor propuesta de criterio porque reconocía que era una carga adicional para la sociedad civil y se trasladaba una obligación de las autoridades hacia nosotros en un contexto donde no contamos con los recursos para defendernos.

Pero después de estas declaraciones, el ministro presidente Aguilar, calificó el derecho a la consulta como un exceso. La declaración preocupa mucho no solo por su posición como presidente sino porque él es una persona originaria de los pueblos indígenas, otra población que al igual que las personas discapacitadas comparten el derecho a la consulta. Esto no nos da muchas esperanzas.

El punto es que luego la ministra en su columna en el diario El Universal, dedicó su texto a la audiencia y dijo que no iba desistir del hecho de no declarar la invalidez de normas por falta de consulta.

 

¿Camino a seguir?

Estar pendientes de la resolución. Esta propuesta de nuevo criterio surgió de una acción de inconstitucionalidad 182/2024 impulsada por la CDH de Michoacán, por falta de consulta a las personas con discapacidad intelectual en un proyecto que les impactaba, que se discutiría el 13 de octubre, día que nos manifestamos como colectivos al exterior de la SCJN.

Se pospuso la discusión para llamar a la audiencia y hacer este diálogo circular, hoy no hay fecha para la discusión. Seguiría ver cómo se va a desarrollar esta discusión porque la ministra Batres dice que no es válida la solicitud de inconstitucionalidad de la CDH de Michoacán porque no considera la consulta como necesaria. Veremos cómo se resuelve ese caso en particular y luego como las y los ministros definen un criterio que vaya a resolver el resto de casos que lleguen en el futuro en materia de discapacidad. Hay que estar pendientes, dar la lucha, seguir haciendo ruido y estar al pie del cañón.