Como sacada de la chistera o de la manga del saco de un mago de circo, apareció en los últimos días la propuesta de Morena en la Cámara de Diputados de modificar la Constitución para adelantar al 2027 la posibilidad de revocación de mandato presidencial, prevista hipotéticamente para el 2028. Fue una sorpresa para políticos y analistas, sobre todo políticos opositores.

A mi juicio, sólo hay dos razones para la presentación de esta iniciativa que quieren dictaminar urgentemente. Una es que, ante la crisis política generada por los acontecimientos del asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, así como por las crecientes protestas de diferentes sectores sociales del país, sientan en el gobierno que el control del país se les está yendo de las manos y que es mejor adelantar la fecha para la posible revocación de mandato del 2028 para juntarla con las elecciones del 2027, que serán las más grandes del país, por la cantidad de cargos a decidir.

De esa manera Claudia Sheinbaum aparecería en la boleta, haría campaña y volcaría todos los recursos oficiales para traducir en votos la supuesta enorme popularidad que le otorgan la mayoría de las encuestas. O sea, armar una nueva elección de Estado, ahora con Claudia presidenta, y buscar que ella decida la mayoría de las candidaturas de su partido y, desde luego, hacerlas ganar. Así ellos mantendrían el control de la Cámara de Diputados, ganarían la mayoría de las gubernaturas y de todos los demás cargos en disputa. La pulsión autoritaria tendría una nueva vuelta de tuerca.

La otra posible razón de esta reforma, impulsada desde la presidencia a través de Alfonso Ramírez Cuéllar, alfil de Claudia en San Lázaro, es que la titular del ejecutivo “siente pasos en la azotea” del mapache tabasqueño, que le quiera “mover el tapete” en el 2028 en una eventual acción de revocación de mandato como está actualmente en la Constitución. Y es que, según versiones y valoraciones morenistas, de ir Claudia sola en la boleta en el 2028, ante una posible escasa afluencia de votantes ciudadanos, el voto corporativo de Morena y sus estructuras manejadas por los llamados “servidores de la nación”, cuyos hilos controla López Obrador, podría correr el riesgo de una revocación si de aquí a ese entonces “la Doctora” quisiera “manejarse” por su propia cuenta y se alejara  de los postulados de su jefe político, o que incluso decidiera meter a la cárcel a alguno de sus corruptos protegidos para hacer frente a los inocultables y escandalosos hechos en los que han incurrido.

Dicho de otra manera, esta reforma sería también una forma de dirimir una ya casi impostergable pugna interna en el grupo gobernante, sólo que ahora a favor de Sheinbaum.

Sin embargo, en cualquiera de los casos, el país y la democracia saldrían perdiendo porque el autoritarismo seguiría profundizándose. La crisis de estos pillos que hoy gobiernan nuestro país no debe resolverse en términos de cuál de las facciones del grupo gobernante impone sus pretensiones. ¿O sería posible –como ya algunos respetables analistas se lo preguntan–, que la oposición política junto con la cada vez más numerosa sociedad civil inconforme, pudieran sumar esfuerzos para competir con buenas candidaturas y lograr una nueva mayoría en la Cámara de Diputados? Desde luego que la apuesta sería muy arriesgada, pero vale la pena preguntárnoslo hoy.

De cualquier manera, México sigue requiriendo la suma de esfuerzos de todos los que no queremos que el miedo nos domine, sino que prevalezca el espíritu de libertad y de justicia. Por eso mi apoyo a la convocatoria juvenil para las movilizaciones del próximo 15 de noviembre. Y, por ello mismo, no dejaré de insistir en la necesidad de construir desde ya un gran movimiento nacional de resistencia democrática.