Un nuevo foco rojo se enciende en la compleja gobernanza del país, desde que gobierna Morena los productores del campo han sido desatendidos y los programas que habían funcionado durante más de 30 años fueron cancelados para destinar los recursos a los programas sociales clientelares con propósitos políticos.
Aunado a la inflación de los productos de primera necesidad, ahora nos enfrentaremos al desabasto de productos agrícolas, desabasto producido por la falta de seguridad hacia los productores provocada por el crimen organizado, en donde en todo el territorio recurren a la extorsión o “cobro de piso”, a las amenazas, desapariciones forzadas y asesinatos de los productores y sus líderes, como los ocurridos con el líder de los limoneros y el de los naranjeros.
Esta semana se produjo una movilización de los productores de maíz por la falta de apoyo gubernamental que ha fijado un precio máximo a los empresarios que elaboran productos con maíz como las tortillas, y estos a su vez se niegan a pagar un mayor precio por tonelada de maíz a los productores, lo que les produce una pérdida por la venta de sus cosechas.
El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señaló que los campesinos quieren un precio de garantía de siete mil 200 pesos la tonelada, pero la industria les ofrece comprarlo a cinco mil 200 pesos y el gobierno les quiere otorgar apoyos de 850 pesos, lo que daría un total de seis mil 50 pesos.
En un principio se reunieron en Gobernación con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, no hubo acuerdos para los apoyos al campo a fin de que levantaran los bloqueos, y no fue sino hasta la madrugada del miércoles 29 se llegó a un acuerdo, pactando que: El gobierno dará 950 pesos por tonelada de maíz para 90 mil productores del Bajío.
Se dará acceso a créditos seguros como Cosechando Soberanía a los pequeños y medianos productores con una tasa de interés de 8.5 por ciento anual.
Se restablecerá el Sistema Mexicano de Ordenamiento de mercado y comercialización del maíz.
Se publicarán las mecánicas operativas de los apoyos tanto del gobierno federal como de los estatales, sin establecer un precio fijo de comercialización.
Se establecerá una Mesa de diálogo facilitada por el gobierno federal y los estatales, entre productores y compradores sobre las condiciones de comercialización. Y se dará prioridad a la compra de la cosecha nacional.
De esta forma se resolvió momentáneamente el problema de la producción en el campo, se dejará de bloquear las carreteras del centro del país que desde el lunes 27 estaban paralizadas por los productores del campo.
Los productores del campo mexicano no pueden competir con los productores industrializados de Estados Unidos que reciben una gran cantidad de subsidios del gobierno norteamericano en apoyos económicos y en los diversos seguros a costos preferenciales. El tema de la alimentación de la población es trascendental para el destino mismo de la humanidad. Hoy en nuestro país, resulta toral entenderlo y diseñar acciones para enfrentar el gran reto de garantizar una alimentación adecuada para todos los mexicanos. Es necesario superar las discusiones dogmáticas sobre el contenido y alcances del derecho a la alimentación y poner el acento en la concreción de las políticas públicas diseñadas para atender esta prioridad nacional.
La crisis alimentaria está presente en México, su dimensión resulta medible con el crecimiento de los índices de desnutrición de la población, la disminución de ingesta proteica generalizada y la creciente población que sufre algún grado de pobreza alimentaria, que se acrecentará por la crisis económica derivada de la pandemia que aún no se vislumbra su real dimensión.
El hambre es la expresión más lacerante de la pobreza extrema. Cuando afecta a los niños pequeños genera daños físicos e intelectuales irreversibles que los condenan a repetir el mismo ciclo de pobreza que sufrieron sus padres.
El derecho a una alimentación adecuada no solo engloba el de las personas que viven en condiciones de pobreza, también el de las personas que sufren de obesidad, debido al consumo excesivo de productos que no contienen los nutrimentos necesarios, comúnmente llamados comida chatarra.
El derecho a la alimentación es un derecho fundamental, porque satisface necesidades básicas de los seres vivos, sin lo cual no podríamos sobrevivir, así lo reconocen muchos documentos internacionales que han sido incorporados al derecho mexicano.
Hoy, el mundo enfrenta una enorme demanda de alimentos, en particular por parte de las “potencias” emergentes como China y la India, cuyo acelerado crecimiento económico ha elevado el ingreso de una parte importante de su población, que lógicamente desea comer mejor y ejerce una fuerte presión sobre la oferta de alimentos nacional e internacional. En igual sentido se presentan los nuevos usos de la producción agrícola en la producción de combustibles.
Por primera vez en la historia de la humanidad, se cuenta con productos que pueden sustituir a los combustibles fósiles como el petróleo, cuyos problemas de extracción, posible escasez regional y costos crecientes de extracción, en un futuro provocarán fuertes demandas de productos vegetales que lo sustituyan.
Todo esto incrementará la demanda de productos vegetales para transformarse en combustibles; así, las nuevas demandas aumentarán más rápidamente que la capacidad productiva de la agricultura.
En México, contamos con un marco jurídico regulatorio acorde a los compromisos internacionales signados por el País, mismo que ciertamente requiere modificaciones para garantizar adecuadamente lo previsto en el artículo 4º de nuestra Constitución.
Deberíamos tener Políticas Publicas claramente definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual han sido omitidas, con estrategias, objetivos y líneas de acción para concretar acciones de gobierno que permitan abatir la pobreza extrema y muy especialmente el hambre que hoy sufren muchos mexicanos.