Hay muchas otras materias que habría que regular en el nuevo título cuarto de la Constitución:

Reiterar y afinar las bases para el sistema nacional anticorrupción;

Establecer plazos más prolongados para que opere la prescripción de los delitos en que incurran los servidores públicos y determinar que ellos no comienzan a correr mientras desempeñen algún cargo público;

Para hacer operante el principio general de que todos somos iguales ante la ley, habría que determinar, con algunas salvedades, que las reformas deberán entrar en vigor en toda la República de manera inmediata y general, sin que, por lo que toca a la desaparición de las inmunidades, tenga que esperarse a que sea implementada en los niveles locales. Una demora en la reglamentación pudiera derivar en la prolongación indefinida de los actuales sistemas de privilegios e irresponsabilidades.

Habrá que ser cuidado con la redacción de los artículos transitorios, para los efectos de que por errores o deficiencias que se que se presenten en ellos, servidores públicos que hayan sido condenados o que estén siendo procesados por algún tipo de responsabilidad salgan libres; o que el nuevo marco normativo dé base para que no sean encausados quienes durante la vigencia del marco normativo actual han incurrido en responsabilidad y queden a salvo de ser procesados;

Conservar el calificativo de servidores públicos, para referirse a quienes, no sin cierto sentido de burla, son parte de la administración publica: federal, local y municipal;

En los artículos transitorios, establecer normas que obliguen a los constituyentes y legisladores locales a modificar sus constituciones y leyes de responsabilidad, en un plazo perentorio e improrrogable;

Tomar en consideración que en la Ciudad de México se han suprimido las inmunidades;

Por seguridad de los legisladores de oposición, considero que debe conservarse la irresponsabilidad por las opiniones que ellos hagan en el desempeño de sus funciones, prevista en el artículo 61 constitucional. Ese precepto, a pesar de sus deficiencias, debe ser conservado tal cual; y

Los beneficiados con la inmunidad aparecen en muchos preceptos y no sólo en el título cuarto de la Constitución. Habrá que reformar, entre otros, los artículos 28, 41, 104 que confieren inmunidad a funcionarios electorales, a el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a otros servidores públicos.

La reforma a emprender debería ser completa; por razones políticas no lo puede ser. Lo impedirá el sistema vigente de elegir a los ministros, magistrados, jueces y fiscales. Mientras no existan jueces y fiscal independientes, es previsible que, de hecho, continuarán las inmunidades para los servidores públicos de Morena.

Insisto, la reforma pudiera derivar en perjuicio de los gobernantes, legisladores y autoridades que han llegado al poder por vía de un partido de oposición. Conociendo a los morenos, es previsible que la reforma se reduzca a establecer las bases para que los actuales titulares del poder, incluyendo a Morena, como partido político, procedan penalmente y sin limites contra quienes han llegado a ocupar un cargo público por una organización política diferente a esa facción de bandoleros y de sus cómplices los del Partido del Trabajo y Verde Ecologista.

Una solución que dé seguridad a la sociedad en general y a la oposición, en particular, sería el determinar que el Fiscal para delitos atribuibles a los servidores públicos provenga de una terna que presenten los partidos de oposición, que no sean parte de la coalición gobernante o que proponga el partido de oposición real que sea mayoritario; lo mismo en los estados pudiera preverse en las entidades.

La reforma no puede implicar la supresión del fuero militar previsto en el artículo 13 y 123, apartado B, fracción XIII constitucionales. Me temo que por la ignorancia del Derecho y, en especial de las leyes, los morenos elaboren y aprueben una reforma que dé bases a la arbitrariedad y contribuya a la instauración de una dictadura del proletariado en la que los particulares y los miembros de la oposición queden a merced de autoridades arbitrarias y absolutas.

De presentarse la iniciativa de reformas, se debe eliminar la formula demagógica que introdujo AMLO al artículo 108: “Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la paria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.

Las razones para considerarlas demagógicas y para derogarlas, las he mencionado en otra colaboración. Únicamente me permito recordar una circunstancia: que el presidente de la República únicamente podía ser acusado por una comisión nombrada por la Cámara de Diputados, que el controlaba y juzgado por un Senado, que también él controlaba. Así de sencillo.

El juicio político, como institución, en la práctica, ha sido algo teórico. Nunca ha habido un solo juicio político. En 1920 se inició uno respecto del gobernador del estado de Hidalgo: coronel Nicolás Flores. Concluyó con un empate en la Cámara de Diputados, al considerarse la moción de si debía o no acusarse al gobernador ante el Senado. Nada se perdería con suprimir esa figura constitucional.

Los delitos en que incurrieron los servidores públicos de la administración de AMLO no han prescrito por haber pasado un año de haber abandonado el poder. El artículo 114 constitucional prevé un tema de competencia, no de prescripción de la acción penal. Limita la competencia del Jurado de sentencia. Pasado un año, los competentes para juzgarlos son los jueces ordinarios, tanto federales como locales.

Tratándose de funcionarios de extracción morenistas, dada la inoperancia de las Fiscalías, en la reforma habría que pensar, por virtud de una adición a la Constitución, en aumentar de manera expresa, el lapso de prescripción por lo que toca a delitos cometidos por ellos.

De aprobarse la reforma habrá que modificar todas las leyes de responsabilidad de los servidores públicos, tanto federal como locales.

La propuesta presidencial, de ser real, pudiera contener un mensaje: aguas Adán, pon tus barbas a remojar. En las actuales circunstancias le hacen los mandados: él sabe que mientras viva AMLO nada debe temer; seguirá siendo un mil usos: ganadero, industrial, millonario, influencer, hermano presidencial y etc.