Transcurridos ya los principales actos del primer año del nuevo gobierno es posible analizar algunas de las acciones realizadas y comenzar a reflexionar respecto del futuro inmediato de la República. La llegada al poder con un caudal de votos con el apoyo de un tercio de los votantes de la lista nominal y adicionalmente con una súper mayoría robada en ambas cámaras la debió de haber convertido  en un gobierno fuerte, con un supuesto amplio apoyo popular.

La larga “travesía por el desierto” de nuestra incipiente democracia en nuestra muy mexicana Transición democrática que ha terminado en una mera alternancia, tuvo tiempo y el acierto de acotar, de restringir, de limitar el poder casi sin límites del presidencialismo absolutista y de arrebatarle las facultades meta constitucionales de reglas no escritas al viejo régimen. Al mismo tiempo se construyeron Instituciones adicionales, para actuar reforzándolo  en el sistema constitucional de pesos y contrapesos a fin de lograr una democracia fluida sin que el ejecutivo avasallara a los poderes legislativos y al judicial, así como  transparentar y otorgarle credibilidad a los procesos electorales. Mecanismos e instituciones todas desaparecidas por el partido Morena.

En este, por lo demás pacifico, avance democrático testimoniamos como logramos una “cohabitación” en la cual los votantes eligieron una alternancia, pero no entregaban el control del legislativo al mismo partido del presidente, así éste se veía obligado a construir acuerdos para lograr la gobernabilidad. Lamentablemente las negociaciones políticas y los acuerdos parlamentarios desembocaron en una partidocracia corrupta en la cual las formaciones partidistas se repartían por cuotas las posiciones en los Organismos Constitucionales Autónomos o las magistraturas  vacantes en la SCJN.

Ahora con los gobiernos de Morena, afloran signos, señales y actos de un indeseable retorno a prácticas que costaron incluso vidas, para la apertura del “ancien régime”, que se había  logrado acotar gracias a las luchas obreras, campesinas, estudiantiles, lo cual nos lleva a señalar que se debe detener esta instalación de un presidencialismo autoritario y francamente totalitario.

En el ámbito social se descalifica a quienes levantan la voz y se atreven a la menor crítica, tildándolos de enemigos reaccionarios y conservadores. Se rechaza o se incumple la Constitución. Se construyen acuerdos y sociedades con bandas delincuenciales y se ha propiciado la corrupción de las fuerzas armadas, hoy convertidas en especialistas de cualquier tarea pública desde la construcción hasta el manejo de aeropuertos, puertos y pases fronterizos. Se ha propiciado el linchamiento de los adversarios políticos. Se estigmatiza a los medios de comunicación que disienten de fondo o en las formas del nuevo gobierno.

Se ha cooptado al legislativo, utilizando su propia fuerza parlamentaria  y usando las mismas viejas tretas, que antes denunciaban en tribuna, se han construido mayorías ficticias con el éxodo de diputados entre los partidos minoritarios, que de manera oportunista venden sus votos a los nuevos detentadores del poder, como ya se hizo antes.

Lo anterior de suyo grave, lo es más cuando se aprueban leyes represivas o se intentan aprobar leyes con graves problemas de constitucionalidad o francamente anticonstitucionales como la de extinción de dominio o los delitos contra quienes ejercen la abogacía. Esta ultima de plano innecesaria dado que ya está perfectamente normado lo que hoy pretenden regular.

Por lo que hace al nuevo Poder Judicial “morenizado” en cuyas audiencias públicas no hacen más que revelar cada vez más la falta de preparación y conocimiento jurídico tanto de la Constitución como de las normas procedimentales que deben se observadas con todo rigor, pero que en cada sesión se desconocen y se violan.

Ahora en tono de burla en el propio Senado los legisladores de oposición hacen burla sobre la designación del nuevo Fiscal General de la Nación tras la obligada renuncia de Gertz Manero al señalar que ante la supuesta incógnita de quien será designado para ocupar el cargo, pues bien saben que existe una orden desde la presidencia que quien deba de ser nombrado sea la Lic. Ernestina Godoy ex fiscal general de la Ciudad de México en el gobierno de Claudia Sheinbaum. La designación deberá hacerse de una lista de 10 juristas que el Senado envió a la Presidenta para que  escoja una terna y de ahí sea designado quien será el próximo Fiscal General de la República por un periodo de 9 años.

Con la Licenciada Godoy se augura un desempeño similar al que tuvo en la Fiscalía de la Ciudad de México con un 99% de lealtad y en donde se produjeron una serie de abusos y la persecución de ciudadanos incómodos para para la presidenta o el régimen de Morena. Así las cosas en nuestro querido México a unos días de terminar este nefasto año lleno de muertes, injusticias y reclamos por parte de los ciudadanos.