Por Antonio Pérez

Durante décadas, el orden internacional se sostuvo sobre una ficción compartida: que las grandes potencias respetaban ciertos límites, que los acuerdos multilaterales contenían los excesos del poder y que organismos como la ONU servían, al menos, como frenos morales y políticos. Hoy esa ficción se desmorona. Todo indica que Donald Trump ha decidido intervenir en el continente americano sin importar acuerdos internacionales, tratados vigentes ni disposiciones de la comunidad internacional. Quizá la pregunta ya no es qué país sigue, sino cuál será el último.

Trump no ha ocultado su visión. Ha rescatado sin matices la Doctrina Monroe: América para los americanos. Una doctrina que, desde su origen, planteó que cualquier intervención de potencias ajenas al continente sería considerada un acto hostil hacia Estados Unidos, y que los territorios del hemisferio no debían ser objeto de colonización ni de imposición de sistemas políticos externos. En el siglo XIX, el enemigo era Europa. En el siglo XXI, los nombres son otros: China, Rusia y cualquier actor que desafíe la hegemonía estadounidense en su “patio trasero”.

Pero Trump ha ido más lejos. No solo ha reinterpretado la Doctrina Monroe; la ha radicalizado. Ya no se trata únicamente de impedir la presencia de potencias externas, sino de intervenir directamente en aquellos Estados que, a juicio de Washington, han perdido el control de su territorio o han permitido que el crimen organizado sustituya al Estado. La soberanía deja de ser un derecho automático y se convierte en un privilegio condicionado.

Venezuela fue el laboratorio. La acción militar quirúrgica que derivó en la captura de Nicolás Maduro marcó un punto de quiebre histórico: por primera vez en décadas, Estados Unidos derrocó de facto a un jefe de Estado en el continente sin disfrazar la acción bajo misiones multilaterales o resoluciones internacionales. El mensaje fue inequívoco: cuando Washington decide actuar, no pide permiso. Gobierna después.

El cerco naval, la intercepción de buques tanque -incluso cuando intentaron ocultarse bajo bandera rusa- y la administración indirecta de los recursos energéticos venezolanos confirman que la era del disimulo terminó. Ya no se trata de golpes blandos, sanciones simbólicas o presiones diplomáticas. Se trata de ejercicio directo del poder.

Cuba aparece como el siguiente eje estratégico. No mediante una invasión tradicional, sino a través de una asfixia energética deliberada. El corte del suministro de combustible busca provocar lo que décadas de bloqueo no lograron: el colapso interno del régimen. México queda, incómodamente, como proveedor alterno de petróleo, mientras el gobierno cubano se ve obligado a reconocer -por primera vez en mucho tiempo- que “hay cosas que revisar” y que “no todo está bien”. En términos políticos, eso equivale a admitir grietas en un sistema que siempre se proclamó inmutable.

Colombia tampoco está fuera del radar. Las acusaciones de tolerancia o apoyo indirecto al narcotráfico por parte de un gobierno de izquierda colocan al país en la lista de posibles frentes de intervención. El mensaje vuelve a ser el mismo: cuando el crimen transnacional se convierte en actor político, Estados Unidos se arroga el derecho de actuar.

México, sin embargo, es el caso más delicado y más grave. Trump ha sido explícito: los cárteles gobiernan amplias zonas del país. No es una opinión aislada ni un exabrupto retórico; es la narrativa oficial que justifica una posible intervención por tierra. Durante años, esa posibilidad fue presentada como propuesta. Hoy es un anuncio. Y el Congreso estadounidense no ha negado las facultades necesarias para avanzar.

Aquí la hipocresía se vuelve insostenible. Mientras el gobierno mexicano invoca la soberanía nacional en discursos patrióticos, los hechos demuestran una incapacidad estructural para enfrentar al crimen organizado. Peor aún, múltiples figuras del partido en el poder han sido señaladas por vínculos directos o indirectos con organizaciones criminales. Desde la perspectiva de Washington, el expediente está completo: territorio perdido, Estado rebasado, complicidades políticas documentadas.

Trump no improvisa. Su Departamento de Justicia ha acumulado durante años testimonios de capos, acuerdos judiciales, declaraciones bajo juramento y evidencia financiera. Redes de protección política, financiamiento ilegal de campañas, pactos de impunidad. Ignorar ese arsenal sería una negligencia estratégica. Usarlo, desde su lógica, es casi una obligación.

Todo esto ocurre mientras Estados Unidos rompe deliberadamente con el viejo orden atlántico. El abandono de Ucrania no fue un error ni una distracción: fue la primera señal de una ruptura profunda con la OTAN. El acercamiento a Vladimir Putin y la disposición a concederle reclamos territoriales sobre Ucrania evidencian un giro brutal: Europa deja de ser prioridad. Los principios del Tratado del Atlántico Norte se relativizan. La alianza transatlántica se diluye.

El reclamo de Groenlandia —territorio clave por su ubicación estratégica y sus recursos— refuerza esta idea. Trump no busca consenso europeo ni cuida sensibilidades diplomáticas. Europa queda relegada, incluso sacrificada, en favor de una concentración total en América. La Doctrina Monroe no solo regresa: se convierte en el eje rector de la política exterior estadounidense.

En este contexto, los acuerdos internacionales, la ONU y el derecho internacional pierden peso real. Trump actúa bajo una lógica simple y brutal: el poder no se negocia, se ejerce. Y cuando el poder se ejerce con velocidad, los demás reaccionan tarde.

Trump abre frentes y los abre rápido. Venezuela, Cuba, Colombia, México. Groenlandia. El ritmo se acelera. La geopolítica se vuelve táctica. La paciencia desaparece.

Para México, la advertencia es existencial. No se trata de antiamericanismo ni de patriotismo retórico. Se trata de reconocer una realidad incómoda: cuando un Estado abdica de su función básica -garantizar seguridad, legalidad y control territorial-, otros llenan el vacío. Y entonces la soberanía deja de ser una consigna y se convierte en una variable negociable.

Quizá aún haya margen para evitar el peor escenario. Pero ese margen se reduce cada día. Porque en la nueva lógica trumpista, el problema no es quién sigue, sino quién logra llegar al final sin ser intervenido.