La segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha colocado a México ante uno de los desafíos de seguridad más complejos de las últimas décadas. Las amenazas públicas del presidente estadounidense sobre realizar operaciones militares en territorio mexicano y la designación de algunos cárteles como organizaciones terroristas, aunque sean retórica de alto voltaje, exigen una respuesta mesurada, estratégica pero sobre todo efectiva. La reiterada defensa de la soberanía nacional para la presidente Claudia Sheinbaum es un principio no negociable, pero el solo discurso defensivo no resolverá la crisis del fentanilo que cuesta decenas de miles de vidas al año en Estados Unidos y que desangra a México con una violencia sin precedentes.
El gobierno de MORENA ha insistido en atacar fundamentalmente las causas que considera estructurales del crimen: la pobreza y la desigualdad, a las que dice atender con los cuantiosos recursos públicos que destinan a los llamados “programas sociales”. Este enfoque social, sin embargo, resulta insuficiente cuando se enfrenta a corporaciones criminales transnacionales que operan con tecnología de punta, finanzas globalizadas y una capacidad de fuego que supera a la de las policías locales. La política de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior demostró sus límites y confirmó la complicidad del gobierno de AMLO con el crimen organizado al permitir la expansión territorial y operacional de estos grupos.
El diagnóstico de MORENA, aunque identifica factores subyacentes de largo plazo, subestima la naturaleza inmediata y multifacética de la amenaza: los cárteles han diversificado sus actividades más allá del narcotráfico hacia el control territorial, la extorsión, el tráfico de personas y la infiltración de las instituciones. Por ello, una estrategia integral no puede posponer la respuesta de seguridad mientras se esperan los frutos del desarrollo social.
Se requiere un enfoque dual y sincronizado: políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades a la captación criminal, junto con un aparato de seguridad capaz de desarticular las redes logísticas, financieras y operativas de los cárteles. Ignorar esta segunda dimensión no solo perpetúa la impunidad, sino que termina socavando los propios programas sociales, cuyos recursos a menudo son desviados o obtenidos mediante extorsión por las mismas organizaciones que se pretende contener.
La experiencia internacional, particularmente la de Colombia en la lucha contra el narcoterrorismo del cártel de Medellín que dirigía Pablo Escobar, ofrece lecciones clave. La desarticulación de ese cártel requirió de una combinación de presión judicial implacable, operaciones de inteligencia y fuerzas de seguridad de alta precisión, y de una integración progresiva de los territorios al desarrollo económico. Fue una fórmula de “zanahoria y garrote” aplicada con coordinación y colaboración internacional con Estados Unidos.
Sin embargo, la lección no radica solo en la cooperación bilateral, sino en el diseño de una estrategia secuencial y adaptativa. Colombia, tras una fase inicial de confrontación frontal, evolucionó hacia un modelo de acción integral: unidades élite apoyadas con inteligencia estadounidense para golpes quirúrgicos, combinadas con el uso de figuras judiciales como la extradición como herramienta disuasoria y, posteriormente, programas de desarrollo alternativo y reintegración.
México podría adoptar un esquema similar pero adecuado a su contexto: en lugar de rechazar de plano cualquier intercambio operativo, podría negociar un mecanismo de inteligencia y ejecución conjunta, donde la información proporcionada por agencias estadounidenses sea procesada y actuada por fuerzas especialmente entrenadas y auditadas. Esto aprovecharía capacidades tecnológicas y de análisis que hoy están fuera del alcance de las instituciones mexicanas. La clave está en evitar los errores colombianos: no militarizar la sociedad civil, establecer controles estrictos contra abusos a derechos humanos y asegurar que la cooperación no se convierta en una dependencia crónica, sino en un puente hacia el fortalecimiento autónomo de las propias capacidades nacionales.
México se encuentra ante una disyuntiva histórica. Puede mantenerse en una postura de rechazo absoluto a cualquier forma de cooperación operativa en su territorio, arriesgándose a que una administración trumpista impaciente y volátil tome acciones unilaterales con consecuencias impredecibles para nuestra soberanía. O puede tomar la iniciativa y negociar, desde una posición de fuerza y claridad, un nuevo marco de colaboración bilateral asimétrica pero soberana.
La cooperación debe dirigirse a un objetivo concreto y de interés mutuo inmediato: la destrucción de laboratorios de fentanilo y el desmantelamiento de las redes de tráfico de este opioide. No se trata de una “intervención” abierta, sino de operaciones acotadas y basadas en inteligencia compartida.
Cualquier acuerdo debe incluir compromisos verificables de Estados Unidos para atajar el flujo de armas de alto poder hacia México y fortalecer los programas de tratamiento de adicciones y reducción de demanda en su propio territorio.
El intercambio debe servir para transferir tecnología, entrenamiento y recursos que fortalezcan de manera permanente a las instituciones mexicanas de seguridad y justicia.
Negociar este camino no es un acto de sumisión, sino de pragmatismo estratégico. La verdadera soberanía no es solo el derecho abstracto a controlar el territorio, sino la capacidad efectiva de hacerlo. Cuando grupos criminales desafían al Estado con mayor poderío que sus corporaciones policiales, el Estado tiene la obligación de utilizar todas las herramientas a su alcance, incluidas las alianzas internacionales, para restablecer el orden.
La presidente Sheinbaum tiene la oportunidad de trascender el inútil debate binario entre la soberanía intocable y la subordinación. Puede diseñar una tercera vía: una cooperación inteligente, dura, limitada y controlada, que ataque el problema del fentanilo en su origen (los laboratorios) mientras se mantiene y profundiza la inversión social que ataca la raíz de la criminalidad.
El tiempo de las declaraciones de principios ha terminado. La crisis exige acciones concretas, imaginativas y valientes. Además de un poco de humildad que nos permita reconocer la asimetría entre nuestros países, se necesita audacia para romper paradigmas obsoletos y construir, con firmeza y astucia, una nueva forma de relacionarnos con nuestro poderoso vecino del norte, una que proteja a nuestros ciudadanos, defienda nuestra soberanía real y detenga, de una vez por todas, la sangría del fentanilo. El costo de la inacción o la intransigencia podría ser catastróficamente superior al de una cooperación bien negociada.
Esta necesaria audacia debe traducirse en un plan concreto y con plazos definidos: la creación de una fuerza especial binacional contra el fentanilo, la instalación de centros de monitoreo de flujos financieros en tiempo real y la negociación de un tratado que penalice de manera uniforme el tráfico de precursores químicos. Asimismo, México debe exigir que Estados Unidos asuma su corresponsabilidad no solo en el control de armas, sino en la persecución de lavado de dinero en su territorio y en la regulación de compañías químicas que producen precursores. La soberanía no se defiende solo con discursos, sino con la capacidad efectiva de controlar el territorio y proteger a la población. Una cooperación estratégica, lejos de ser una rendición, puede ser el medio más pragmático para reconstruir esa capacidad en un contexto de amenazas transnacionales que ningún país, por sí solo, puede derrotar.