Por Jorge Alberto Demetrio Tapia

¡Qué lejos estamos de aquella noche de domingo de julio del año 2000! Muchos recordamos la celebración que puso fin a setenta años de un sistema político sustentado en un partido hegemónico, con estructuras corporativizadas y prácticas clientelares. Los medios de comunicación afirmaban que esa noche era un parteaguas en la historia del México contemporáneo. Quedaban atrás las viejas prácticas y formas replicadas una y otra vez por un partido omnipotente y omnipresente. Tras décadas del mismo sistema, partido y línea se vislumbraba un proceso orientado a la democratización del Estado, que iba mucho más allá de la mera alternancia en el poder: un sistema político cimentado en la división de poderes y en la despolitización de algunas funciones estatales.

Desde distintas trincheras se ha contribuido en la construcción del discurso democrático. Enarbolando la bandera del pluralismo político, surgieron y se multiplicaron los partidos, y con ellos la representación de minorías que nunca habían estado presentes en aquellas estructuras corporativizadas del milenio pasado. Ello permitió al ciudadano transitar de la silla de espectador o beneficiario a convertirse en un sujeto partícipe de los procesos deliberativos, a través de elecciones libres, auténticas y efectivas, con autoridades electorales autónomas, imparciales y profesionales.

Esta realidad es fruto de las múltiples demandas y reivindicaciones de la ciudadanía en el ámbito público, las cuales pueden agruparse en las denominadas reformas político-electorales de 1977, 1986, 1989-1990, 1993-1994, 1996, 1997, 2007 y 2014. Dichas reformas dieron cabida a la pluralidad política y permitieron que las minorías sin respaldo mayoritario accedieran a espacios de representación, reconociendo su pertenencia a la comunidad política; dichas modificaciones abonaron a la percepción de certeza y confianza en los procesos electorales y en las instituciones encargadas de realizarlos. Ejemplo de ello es la participación ciudadana en los comicios federales de los últimos doce años, que muestra un comportamiento estable con tendencia al alza y cuyo registro más reciente alcanzó el 61% en 2024.

A pesar de esta tendencia y de la democracia que “ahora sí existe”, resultan evidentes las intenciones del oficialismo de impulsar una reforma política que busca modificar las reglas por las que se accede y se mantiene el poder político. El 4 de agosto de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; según el documento, las normas que regulan la organización política y las formas de participación ciudadana ya no corresponden a la realidad, razón por la cual se crea dicha comisión con la encomienda de elaborar un diagnóstico que sirva de base para una iniciativa de reforma del sistema político-electoral mexicano.

No es buen augurio que la comisión dependa de la Presidencia de la República; en su totalidad está integrada por titulares de la administración centralizada, todos con derecho de voz y voto. La participación de representantes de la sociedad civil y de la academia quedó relegada a una invitación para participar con derecho de voz, pero sin voto, un papel testimonial. Una comisión de esta naturaleza debió integrarse con representantes de diversos sectores y grupos de la sociedad, lo que le habría otorgado al menos un mínimo de pluralidad y legitimidad. En su encomienda debió recabar las demandas y necesidades de la ciudadanía en su condición de comunidad política, así como identificar las lagunas jurídicas y los obstáculos que limitan una participación efectiva en los procesos de toma de decisiones. Ese habría sido el escenario mínimo deseable para un ejercicio democrático genuino. Sin embargo, la realidad dista mucho de ese ideal.

A la fecha en que se escriben estas líneas no existe un documento oficial que detalle el contenido de la propuesta que enviará la presidenta de la República. No obstante, el responsable de la comisión se ha pronunciado sobre las pretensiones para esta reforma, entre las que destaca la disminución de costos, entendida como el abaratamiento del proceso electoral en todas sus dimensiones. En este marco, se plantea la posibilidad de desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales o reducir su financiamiento entre un 30 y 50%, medida que impactaría directamente en su funcionamiento. Las consecuencias previsibles serían la reducción del número de casillas instaladas, así como el uso de papelería electoral sin los blindajes y candados indispensables. Tales pretensiones ponen en riesgo las garantías de certeza y transparencia que sustentan un escrutinio efectivo, lo que pudiera debilitar la confianza ciudadana en los procesos electorales. La reducción presupuestaria contempla recortes a los partidos políticos. Una propuesta sobre estos es que solo reciban recursos federales en año electoral, lo que limitaría su capacidad de operación en periodos ordinarios. En cuanto a la integración de la junta del órgano electoral, hay varias posibilidades. Una de ellas es mantener el proceso de designación de consejeros previsto en el artículo 41 constitucional, pero reducir su número de once a siete integrantes. Otro escenario es la elección popular de los consejeros; esta propuesta lejos de fortalecer la autonomía de la institución y de sus integrantes, la compromete, ello ante la necesidad de contar con un respaldo o estructura de votantes que les ayude a obtener el triunfo, subordinando su independencia a intereses electorales.

Finalmente, la disminución o supresión de la representación proporcional; una modificación sin cuidado pudiera generar en favor de un partido una sobrerrepresentación en los congresos y cabildos municipales, lo que significaría el ensanchamiento del partido hegemónico y la desaparición de la oposición. En este rubro se plantean diversos escenarios. El primero consiste en mantener el esquema actual de integración de la Cámara de Diputados, pero con una fórmula distinta para la asignación de curules por la vía de la representación proporcional; Un segundo escenario propone disminuir cien curules de representación proporcional, quedando en 300 de mayoría relativa y 100 de representación proporcional; Un tercero plantea un equilibrio de 200 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Un último escenario es la supresión de los diputados de mayoría relativa, convirtiendo a todos en representantes de la nación por la vía de representación proporcional. En lo que respecta al Senado, una propuesta es eliminar a los 32 senadores de representación proporcional, reduciendo la integración de 128 a 96 escaños. Este conjunto de escenarios abre una interrogante fundamental: ¿qué tan representativo puede ser un Congreso integrado por menos de 500 legisladores en un país con más de 120 millones de habitantes? La reducción de escaños no solo plantea un problema de proporcionalidad demográfica, sino que también amenaza con limitar la pluralidad política y restringir la presencia de minorías en los órganos legislativos, debilitando así la legitimidad del sistema representativo. Este punto puede ser el obstáculo de la reforma; suprimir la representación proporcional supondría un grave retroceso para todos los partidos, pone en riesgo su subsistencia, incluidos los satelitales y comparsa de MORENA; conscientes de la situación, casi todos se han manifestado en contra. Esta pretensión atenta directamente contra el pluralismo político y limita la posibilidad de que las minorías tengan representación efectiva.

Existen otros temas incluidos en la agenda que funcionan como distractores para facilitar los cambios que realmente interesan al régimen. Entre ellos destaca la modificación del año en que podría realizarse la revocación de mandato, pasando del cuarto al tercer año del sexenio, con el propósito de empatar dicha jornada con la elección intermedia. Asimismo, se contempla la discusión sobre la supresión o permanencia de la inmunidad política de los servidores públicos; el acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión; y la redefinición de la prohibición de injerencia en los procesos electorales por parte de funcionarios, lo que permitiría al gobierno difundir y publicitar políticas públicas en plena contienda electoral. Finalmente, se incluye la prohibición a los particulares de financiar a los partidos, convirtiendo dichas aportaciones en recursos de procedencia ilícita.

A diferencia de otras épocas en las que se discutió la pertinencia de una reforma política, la propuesta actual carece de legitimidad democrática y de consenso desde su origen. Es un planteamiento emanado del Ejecutivo Federal que no responde al reclamo ni a la exigencia ciudadana; No reivindica a la ciudadanía en la expansión y ejercicio de sus derechos políticos, lo que erosiona la confianza pública y la legitimidad del proceso. Lo que se vislumbra es la imposición unilateral que debilita los contrapesos institucionales y restringe la representación ciudadana. Es una reforma de carácter regresivo con rasgos que apuntan hacia un Estado despótico, autoritario y autocrático. Resulta paradójico que quien detenta el poder sea el mismo que pretende redefinir las reglas para acceder al mismo.

Universidad Autónoma Metropolitana.