Desde el inicio de su mandato hace un año, el Presidente Trump clasificó a los carteles mexicanos como grupos terroristas, ahora los acaba de reclasificar por lo que realmente son: no como simples criminales, sino como un poder armado hostil que opera al otro lado de la frontera norteamericana. Y eso cambia toda la percepción, los cárteles controlan gran parte del territorio mexicano; dirigen imperios transnacionales de droga valuados en miles de millones de dólares; utilizan armamento de grado militar; asesinan a civiles y políticos e inundan a Estados Unidos con narcóticos.
Eso no es solo crimen organizado, operan como un Estado paralelo, ya que durante décadas, los cárteles mexicanos crecieron al amparo de la protección de los gobiernos en turno, de la corrupción, la impunidad y la cobertura política.
Los cárteles de las drogas controlan la mayoría de los municipio y gobiernos estatales, financiando campañas políticas y asesinando a los políticos que no operan bajo sus mandatos, tal es el caso que sucedió en Uruapan Michoacán en donde asesinaron al presidente municipal Carlos Manso por no cooperar con el crimen, y como ese hay muchos otros casos de alcaldes asesinados por el crimen organizado.
La presidente Sheinbaum no acepta que los carteles sean calificados como grupos terroristas y defiende su postura diciendo que en México no hay terrorismo, que nuestro país coopera con los Estados Unidos en temas de seguridad combatiendo a la delincuencia, pero sin aportar realmente ningún resultado tangible.
En declaraciones de la mañanera, la presidente ha negado que los hechos de violencia extrema puedan ser calificados como actos terroristas, aun cuando en los hechos dichas acciones son esencialmente típicas del delito de terrorismo y encajan en mucho con la definición de terrorismo que los Organismos Internacionales le dan a este tipo de actos.
El terrorismo es un método de acción violenta repetida y que genera ansiedad, empleado por grupos clandestinos o actores estatales, por motivos idiosincrásicos, criminales o políticos. En su sentido más amplio, el terrorismo es la táctica de utilizar un acto o una amenaza de violencia contra individuos o grupos para cambiar el resultado de algún proceso político.
Según la ONU el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes.
La percepción mayoritaria de la población es que bajo los gobiernos de Morena se renunció al combate a los criminales y que no existen programas ni políticas de gobierno contra las bandas delincuenciales; que de nada ha servido el empleo y movilización masiva del Ejército, que actúa reactivamente y que lo único que ha producido es poner en ridículo al ejército frente a la fuerza armada de la delincuencia.
El descontento, la cólera sorda y la crispación resultante de la muerte innecesaria de civiles inocentes, de las ejecuciones extrajudiciales, de la desaparición forzada e involuntaria de personas y de las violaciones de derechos humanos, crece y se extiende en todos los estratos de la sociedad, las encuestas señalan el derrumbe del apoyo a la inexistente política pública de seguridad. La cerrazón autoritaria patente en la iracunda y muchas veces sarcástica respuesta de la titular del Ejecutivo, quien pierde el sano juicio y reacciona con irritación emocional a los reclamos sociales, sólo evidencia su alejamiento de la realidad.
Hoy, la sociedad mexicana y el Presidente Trump, reprueban la ausencia de política pública en materia de seguridad, por la cantidad de muertos y desaparecidos, por las violaciones de derechos humanos, por el enorme tráfico de estupefacientes hacia el país del norte, por no combatir de manera eficaz a los carteles de las drogas, por el empecinamiento y terquedad de no modificar la estrategia de abrazos y no balazos, por la protección e impunidad de los políticos involucrados con el crimen, por la polarización social que se ha generado y por la construcción de un marco jurídico propio de un Gobierno totalitario.
La decisión de combatir a los cárteles de las drogas por parte del presidente Trump no se detendrá en la frontera para respetar la soberanía mexicana, sus argumentos son contundentes al considerar la existencia, protección e impunidad de los grupos delictivos de México, un grave peligro a la Seguridad Nacional de Estados Unidos, y que el tráfico de drogas hacia su país ha provocado miles de muertes de norteamericanos. Esperemos que las próximas acciones del gobierno de México sean reales y correspondan con las exigencias de nuestros vecinos y que por fin se decidan de una vez por todas, detener y enjuiciar a los políticos y gobernadores involucrados que protegen a los integrantes del crimen organizado.