La carrera por las candidaturas para los próximos comicios ha comenzado. Morena se perfila como la formación que más sufrirá este proceso, con fisuras internas que saltan a la vista pública; sin embargo, en los demás partidos también arrecian los golpes bajo la mesa, aunque se disimulen tras una fachada de unidad institucional.

 

Todos contra todos

En Morena, las fricciones por el control de las listas ya son evidentes. En Guerrero, el comité directivo estatal denunció mediante una misiva intentos de división interna. Además, solicitaron a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, que supervise la actuación de Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad capitalino, a quien acusan de interferir en el proceso local rumbo a 2027.

En Chihuahua, tras la sanción por actos anticipados de campaña a una senadora, la disputa por la gubernatura se concentra entre el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. En este escenario, las filtraciones interesadas buscan socavar las aspiraciones de los rivales, confirmando que la competencia interna es tan feroz como la externa.

Otros estados replican este patrón de desgaste. No obstante, el panorama podría cambiar si los partidos Construyendo Solidaridad y Paz (CSP) —sucesor del Partido Encuentro Social— y Que Siga la Democracia —vinculado a figuras como Gabriela Jiménez, quien enfrenta resistencias en su propio partido— obtienen su registro. Estas nuevas siglas podrían funcionar como válvulas de escape para los morenistas relegados, con el riesgo latente de atomizar el voto oficialista en zonas donde operan estructuras clientelares.

Crecieron los enanos

La iniciativa de reforma electoral ha tensado la liga entre Morena y sus aliados habituales, el PT y el PVEM. El conflicto pivota sobre dos ejes: la eliminación de las posiciones plurinominales y el recorte del financiamiento público.

Conscientes de que sus votos son la llave para aprobar la reforma en la Cámara de Diputados, el PT y el PVEM han encarecido su apoyo exigiendo cuotas de poder para 2027. El Partido del Trabajo ha puesto la mira en Baja California Sur y Zacatecas. En el primero, trasciende que la candidatura se perfila para Christian Agúndez, actual alcalde de Los Cabos e hijo del exgobernador Narciso Agúndez.

En Zacatecas, la estrategia es compleja: el diputado José Narro Céspedes figura en las apuestas, pero también Saúl Monreal, quien busca sortear las restricciones al nepotismo electoral para asegurar la nominación.

La advertencia más clara para el oficialismo ocurrió en Oaxaca. Durante la consulta de revocación de mandato de Salomón Jara, el 38% de los votos se pronunció por su salida, un resultado impulsado por la movilización del PT. Este partido, que fue clave para el triunfo de Jara, hoy critica abiertamente su gestión, demostrando que la lealtad tiene fecha de caducidad.

Por su parte, el PVEM amaga con competir en solitario en San Luis Potosí y Quintana Roo. La postura del senador Luis Armando Melgar es lapidaria: “No vamos a votar una reforma electoral que busca un partido único”. Es el aviso de que el acompañamiento al Ejecutivo no será gratuito ni incondicional.

Finalmente, en el PAN y el PRI la lucha no es menos encarnizada por ser más discreta. En el blanquiazul, las quejas contra la denominada «onda grupera» —el control cupular de los padrones de militantes— suben de tono. En el tricolor, la exclusión de voces críticas por parte de la dirigencia nacional anticipa una desbandada; el anuncio de la renuncia de Blanca Alcalá en Puebla, tras 40 años de militancia, es solo el síntoma de un organismo que sigue perdiendo cuadros históricos.