En política, lo único cierto es que las tornas cambian porque cambian. Prácticamente ley divina, seas o no creyente. Para consuelo de los ateos, esa ley es para todos los seres humanos, sin excepción. De ahí es que cuando un “político” siente que el agua le llega a los aparejos empieza a hacer más estupideces que de costumbre, banderías aparte. Por eso se recomienda que ningún cardíaco trate de nadar en esos mares. De otra suerte, que con su pan se lo coma.
Estas pragmáticas consideraciones vienen a cuento porque tal parece que el panorama frente a los comicios legislativos del próximo mes de noviembre en Estados Unidos de América (EUA) se otea muy distinto de lo que el presidente Donald John Trump y sus votantes republicanos cantaban a fines de 2025.
Doce meses después de iniciado su segundo mandato, los sondeos de aprobación para el republicano muestran un horizonte borrascoso para que continúe manteniendo la mayoría en el Congreso de la Unión Americana. Las últimas encuestas publicadas la semana anterior dicen que su desempeño está por debajo de la media, con calificaciones negativas netas récord que oscila entre los —19 y —26. En otros términos, la aprobación neta general del magnate cayó casi 18 puntos a partir de marzo de 2025. Y esta caída no es solo entre los demócratas, sino en todos los grupos sociodemográficos que son la clave que impulsaron su triunfo en 2024. Para un partido que “mayoritea” la Cámara de Representantes por sólo 4 escaños y el Senado (federal) por 6 estos datos no son nada halagüeños.
Las razones de la caída del republicano Trump en su segundo mandato, son varias, pero la principal es que en menos de un año, una buena parte de sus votantes y de la oposición han sentido en carne propia que los excesos en el ejercicio del poder nunca terminan bien. La caótica visión trumpiana en el campo internacional y en lo interno y la persistente realidad económica que enfrenta la sociedad estadounidense —que al final de cuentas es la que acude o no a las urnas-, ha creado una mezcla explosiva que tal parece está transformando el mapa electoral en tiempo real.
Bravuconadas aparte, las “promesas económicas” de Trump —y de su “época de oro” que tanto convenció a su base popular Make America Great Again (MAGA)—, se han convertido en puro camelo. Lo cierto es que las familias estadounidenses típicas en la “era Trump” gasta ahora $184 dólares mensuales más para adquirir los mismos bienes y servicios que hace un año. Total, el poder adquisitivo de los estadounidenses se erosionó bajo la presidencia del magnate. Además, matrimonios jóvenes de ciudadanos norteamericanos buscan residir en el extranjero porque temen que la situación en la Unión empeore. De esto poco se habla, pero está sucediendo.
De ta manera, ante la dificultad de lograr la promulgación de la Save America Act (SAVE), para exigir prueba de ciudadanía para sufragar, Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Lynn Arnold Noem detonan otra polémica con la propuesta de orden ejecutiva para crear una nueva tarjeta de identidad para votar.
El pasado fin de semana el magnate publicó en su red Truth Social lo siguiente: “Los demócratas se niegan a votar por la identificación de votantes o la ciudadanía. La razón es muy simple: quieren seguir haciendo trampa en las elecciones”, refiriéndose a la oposición demócrata para aprobar en el Senado la propuesta de legislación que unos días antes avaló la Cámara de Representantes.
De hecho, la susodicha SAVE fue aprobada por 218 votos a favor y 213 en contra en la cámara baja, pero no tiene apoyo suficiente para que hagan lo propio los senadores. Este proyecto de ley exige prueba de ciudadanía al registrarse para votar, eliminación del voto por correo y una prueba de identidad con fotografía para sufragar.
En su publicación, Trump agregó: “Esto no era lo que deseaban nuestros fundadores. He investigado a fondo los argumentos legales aún no articulados ni examinados sobre este tema, y presentaré uno irrefutable muy pronto. Habrá identificación de votantes para las elecciones intermedias. ¡Lo apruebe o no el Congreso!”. Otra prueba del desinterés del republicano por las instancias legales. Ese es el hombre de leyes.
Al respecto, vale la pena citar un comunicado enviado por el senador demócrata por California, Adam Bennet Schiff: “En su primer mandato, Donald Trump presionó, amenazó, forzó e incitó, todo ello en un intento de amañar unas elecciones y anular sus resultados para aferrarse al poder…No podemos pasar por alto las señales de que va a intentarlo de nuevo. No confíes en mis palabras. Confía en la suya”. Vale la advertencia.
Así como también valen las palabras del líder demócrata en el Senado, Charles (Chuck) Ellis Schumer: “La Save America Act no es un proyecto de ley convencional. Es una legislación marginal disfrazada de seguridad electoral, pero en realidad sienta las bases para interferir en las elecciones y dificultar considerablemente el voto.
Todos meten baza en la discusión. Y la discutida secretaria de Seguridad Nacional sostuvo que tiene la autoridad para encontrar “vulnerabilidades” en el sistema electoral e implementar “medidas de mitigación” para garantizar que las elecciones se lleven a cabo correctamente el 3 de noviembre próximo.
Y, durante una visita a Arizona, Noem declaró: “Que cuando llegue el día de las elecciones , hayamos sido proactivos para asegurarnos de que a personas adecuadas voten, de elegir a los líderes adecuados para liderar este país durante estos días, con la seguridad de que la gente pueda confiar en nosotros”.
De hecho, Trump pidió el lunes 2 de febrero al Partido Republicano “tomar el control de la votación en varios lugares del país, por lo menos en 15 sitios”, es más, dijo: “los republicanos deberían nacionalizar las elecciones”. La Constitución estadounidense otorga a los Estados la autoridad sobre sus comicios, lo que convierte la propuesta de Trump en un desafío directo al marco legal vigente, según un editorial del periódico The New York Times.
La medida está vinculada al discurso trumpista sobre “fraude electoral”, afirmando que si los republicanos no (expulsan a los inmigrantes indocumentados) nunca volverán a ganar una elección. El presidente instó a prohibir que se cuenten voto por voto por correo con matasellos previos a las elecciones si no llegan a tiempo, y pidió identificación para todos los votantes, a pesar de que 14 estados actualmente no exigen identificación.
El martes 3 de febrero, Trump dijo que el gobierno federal debería “involucrarse” en elecciones que están plagadas de “corrupción” con lo que afianza su postura de que el gobierno federal debe usurpar las leyes estatales y ejercer control sobre las elecciones locales. En el salón oval de la Casa Blanca, el presidente de EUA aclaró qué si los estados “no pueden contar los votos de forma legal, entonces alguien debería hacer lo suyo y acusó de corrupción a varias ciudades gobernadas por demócratas. “Fíjense, en algunos lugares —que tienen fama de celebrar elecciones maniobradas— y el gobierno federal no debería permitirlo”; agregó: “El gobierno federal debería involucrarse”.
De hecho, durante una entrevista en un podcast —serie de episodios de radio o video, generalmente pregrabados y temáticos—, que se distribuye en Internet, con Dan Bongino, ex director adjunto del FBI, Trump pidió que los funcionarios republicanos “se hicieran cargo” de los procedimientos de votación en 15 estados, aunque no los identificó.
Esta declaración supuso un gran paso en el intento de ejercer poder sobre el resultado de próximas elecciones. De acuerdo a la Constitución, los comicios de EUA se rigen principalmente por leyes en cada estado, lo que da lugar a un proceso descentralizado en el que la votación es administrada por personal de los condados y los municipios en miles de distritos electorales de todo el país.
Sin embargo, Karoline Claire Leavitt, la joven republicana de 28 años de edad, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que Trump se refería en realidad a la legislación que exigiría a las personas que son ciudadanos estadounidenses cuando se inscriban para ejercer su derecho a votar. La radical funcionaria manifestó: “A lo que se refería el presidente es a la ley SAVE, que es una legislación de sentido común que los republicanos han apoyado y que Trump se ha comprometido a promulgar durante su mandato.
“No creo que ninguna persona racional que sea honesta consigo misma esté en desacuerdo con la idea de exigir a los ciudadanos de este país que presenten un documento de identidad antes de depositar su voto en una elecciones federales, o, francamente, en cualquier elección, y eso es algo que el presidente quiere que ocurra”, agregó la encargada de prensa en la Casa Blanca.
Pero, resulta que el magnate nunca hizo referencia a la ley SAVE durante el podcast ni en su conferencia en la Oficina Oval. En cualquier caso, la referida ley no federaliza las elecciones.
De acuerdo a la política de decir un día una cosa y desmentirla al siguiente, Leavitt, que muchos corresponsales en la residencia presidencial califican más papista que el Papa”, afirmó que el presidente “cree en la Constitución de EUA, pero que también creía que habrían cometido muchos fraudes e irregularidades en las elecciones estadounidenses, algo que jamás ha podido comprobar. Además, la novel encargada de prensa del Ejecutivo tampoco identificó los 15 estados a los que se refería Trump en el citadísimo podcast. Sólo mencionó Nueva York (estado) y California, entidades dirigidas por políticos demócratas (Kathy Hochul, la primera mujer en el cargo, de 57, y Gavin Newson, respectivamente), que Trump suele tener en el punto de mira, como ejemplo de entidades en los que se permite votar a los no ciudadanos en sus elecciones, lo que crea un sistema que está “lleno de fraudes”.
Tanto los comentarios de Trump, como la intensificación de la presión republicana en el Congreso para endurecer las leyes electorales —junto con las medidas adoptadas la semana pasada por la Federal Bureau of Investigation (FBI), de confiscar papeletas y otros registros electorales de los comicios de 2020 en un centro electoral del condado de Fulton, Georgia—, sugieren una campaña más amplia del presidente y sus aliados para sembrar desconfianza en las elecciones estadounidenses antes de los comicios de mitad de mandato en noviembre.
El propio Trump ha pronosticado repetidamente en los últimos meses que los republicanos perderían las elecciones intermedias, después de que el partido republicano se hubiera sacudido por la pérdida de varias elecciones locales el pasado mes de noviembre, y de que un demócrata, Christian Meneses, ganara unas elecciones especiales en Texas la semana pasada, por dos dígitos.
De hecho, en contra de lo que afirma Trump y otros republicanos, el voto de los no ciudadanos es poco frecuente —por no decir muy raro—, y ya es ilegal en las elecciones federales. Pero el magnate, y muchos de sus incondicionales, insisten repetidamente, y sin fundamento, durante las elecciones de 2024 en que personas no ciudadanas acudían “en masa” a las urnas, una campaña de desinformación que se ha intensificado en las últimas semanas a medida que se acercan las elecciones de medio término.
Así, el Departamento de Justicia, que se ha politizado de nueva cuenta bajo el mandato de Trump, está exigiendo que numerosos estados, entre ellos Minnesota, entreguen sus censos electorales completos mientras el mandato de Trump intenta crear un ausentismo nacional de votantes.
Hasta el momento, los miembros del Congreso han rechazado los llamamientos de Trump para nacionalizar las elecciones. La Ley SAVE obligaría a los estados a obtener pruebas de ciudadanía, como un pasaporte o un certificado de nacimiento, a personas que deseen inscribirse para votar. Penalizaría a los funcionarios electorales que no solicitaran esas pruebas, y exigirían a los estados que eliminaran proactivamente a los ciudadanos de sus listas de votantes.
Los demócratas han argumentado que la ley es innecesaria y que penalizaría a los funcionarios por un problema que apenas existe. También han sostenido que sus requisitos son tan onerosos que podrían disuadir a grades franjas de estadounidenses de registrarse a votar, incluidas las mujeres que cambian de nombre al casarse.
Dados los recovecos mentales de Trump, el final de “nacionalizar las elecciones” en EUA son una incógnita. En tanto, causan mucha tensión. Asimismo, el extravagante mandatario a últimas fechas dejó de coquetear con la idea de postularse para un tercer mandato, algo que la Constitución prohíbe. Al parecer ya se retractó de esta “idea”, afirmando que está “bastante claro” que no puede volver a presentarse. Aunque afirmó que EUA “ni siquiera debería tener elecciones”. Y Leavitt aclaró que el presidente “estaba siendo gracioso”. Sin comentarios. VALE.