La eventual caída de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, no representa el fin de una era de terror, sino la inauguración de un ciclo de fragmentación aún más violento. La historia reciente de la seguridad en México demuestra que el Estado ha operado bajo la “estrategia del descabezamiento”, una táctica que, lejos de desarticular las estructuras criminales, actúa como un catalizador evolutivo. Al eliminar a la figura unificadora, se rompe el equilibrio de fuerzas interno, transformando un monopolio delictivo en una poliarquía criminal en conflicto permanente.

La herencia de la sangre: De fundadores a facciones

El escenario post-Mencho revela una geografía del poder atomizada. En el Cártel de Sinaloa, la división es ya una realidad operativa y cultural. Por un lado, “La Chapiza”, liderada por los hermanos Guzmán Salazar, apuesta por una comunicación estratégica de corte populista y un control territorial basado en la lealtad coercitiva. Por otro, “La Mayiza”, bajo Ismael Zambada Sicairos, representa la continuidad de la vieja escuela: discreción, infiltración institucional y una gestión de negocios de bajo perfil.

Esta bicefalia no es una alianza, sino una tregua armada. El riesgo reside en que la captura de líderes no elimina el mercado, sino que abarata el costo de la violencia. Los nuevos liderazgos —incluyendo a figuras como Juan Cisneros Treviño en el Cártel del Noroeste o los hijos de “El Marro” en el Cártel de Santa Rosa de Lima— carecen a menudo del capital político y los contactos de alto nivel de sus predecesores, lo que los obliga a validar su autoridad mediante el ejercicio hiperbólico de la fuerza bruta.

La sucesión en el CJNG: Una guerra civil inminente

Dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, la lista de sucesores es una receta para el caos. Figuras como “El 03”, “El Jardinero” o el “Doble R” no solo deben gestionar la presión de las agencias internacionales, sino también las ambiciones de sus propios mandos medios. La sociología de estas organizaciones indica que, sin una línea de sucesión legítima y aceptada, la organización se fragmentará en “feudos” o franquicias.

Aquí surge la gran contradicción del aparato de justicia: cada detención de alto impacto es celebrada como una victoria política en las capitales, pero se traduce en una tragedia humanitaria en los municipios. La detención de un jefe máximo genera un “vacío de poder” que es rápidamente disputado, incrementando los homicidios, las desapariciones y el desplazamiento forzado. El reacomodo no es un proceso administrativo; es una purga sangrienta donde el vencedor se define por su capacidad de fuego, no por su capacidad de gestión.

¿Disminución o metamorfosis de la violencia?

La pregunta sobre si la violencia disminuirá tiene una respuesta técnica desalentadora: no mientras la estructura de incentivos económicos permanezca intacta. El enfoque centrado en individuos ignora que los cárteles hoy funcionan como redes horizontales y no solo como pirámides verticales. El papel de Karem Lizbeth Yépez Ortiz, “La Señora”, como operadora financiera en Celaya, ejemplifica que el cerebro de la organización (el flujo de capital) es mucho más resiliente que el músculo (el sicariato).

El Estado mexicano enfrenta una paradoja de responsabilidad. Si no detiene a los líderes, proyecta debilidad y complicidad; si los detiene, desata una guerra de sucesión que victimiza a la población civil. La violencia no se reducirá mediante la eliminación de rostros en carteles de recompensa, sino a través de la desarticulación de las redes de protección política y financiera que permiten que un sucesor esté siempre listo para ocupar el trono. Mientras la estrategia siga siendo reactiva y centrada en la captura, México seguirá atrapado en un bucle infinito de descabezamientos y rebrotes de violencia más letales que los anteriores.