Bajo cualquier criterio, percepción, perspectiva o posicionamiento ideológico -más allá del repetitivo discurso oficial de las actuales autoridades nacionales- el Estado Mexicano se encuentra en un profundo estado de crisis normativa, estructural, funcional e instrumental. Preceptos y supuestos que debieran estar garantizados en nuestro país se consolidan sólo en la retórica mediática gubernamental; pero en los hechos la realidad arroja una situación diferente, misma que la inmensa mayoría de los mexicanos deben aceptar y en búsqueda de su supervivencia deben adaptarse y sobrellevar, en la históricamente inagotable esperanza de que en algún momento las condiciones contextuales y coyunturales “mejoren”. Sin embargo, no queda del todo claro a qué se refiere este último calificativo/descriptivo.
Este es el caso del que tal vez sea el rubro temático más importante para la mayor parte del país: la seguridad. Nuestro país se ha enfrentado a una disyuntiva significativa en este tema por décadas, eso es innegable. Pero igualmente de inequívoco es que la misma se ha deteriorado significativamente en los últimos dos lustros, con particular énfasis en el periodo comprendido de 2019 a la fecha. Múltiples explicaciones pueden ofrecerse en torno a este proceso fenomenológico, y sin duda desde diversas percepciones o perspectivas particulares de análisis dichos planteamientos son correctos; pero en esencia el deterioro de la seguridad en México se ha extendido e incrementado paulatinamente hasta abarcar prácticamente todos los espacios públicos y privados dentro y fuera del Estado Mexicano.
El discurso oficial ha respondido de manera inversamente proporcional al deterioro circunstancial del país, reiterando repetitiva y hasta exageradamente que la seguridad y todos sus rubros han mejorado considerablemente. Presentando datos cuestionables de origen -y en ocasiones diametralmente opuestos a la realidad visible y verificable- la narrativa oficial continúa en una espiral ascendiente de autolaudación, de congratulación pública y la búsqueda de reconocimientos públicos ante “logros” sin sustento, versiones distorsionadas, contradicciones comunicacionales y hasta constructos carentes de realidad. Una de las principales estrategias discursivas de esta aproximación es “elevar el tema de nivel”, como una forma de acallar la crítica y la subversión discursiva. Irónico es que en el proceso evidenciaron exactamente el problema central del Estado Mexicano contemporáneo: la Seguridad Nacional.
Desde la primera década del presente milenio, este término ha sido invocado por diversas autoridades del Estado para describir una condición y situación de amplio espectro, la cual justifica o promueve diversas acciones gubernamentales. Pero no es sino hasta la Administración Federal 2018-2024 y su sucesora que el término ha sido empleado esencialmente para justificar cualquier acción, decisión, negación, u omisión del liderazgo administrativo y político nacional. El presente espacio resultaría insuficiente para señalar la elevada cantidad de ocasiones donde las acciones del gobierno federal fueron justificadas por “motivos de Seguridad Nacional”, o para blindar la opacidad circundante al proceso de toma de decisiones de alto nivel de un conjunto de acciones que en el corto, mediano y largo plazo resultaron detrimentales para el desarrollo y la estabilidad nacional.
A partir de diciembre del 2018 el liderazgo político nacional ha invocado la Seguridad Nacional para justificar prácticamente todas sus decisiones, pero con principal énfasis aquellas que son objeto y sujeto de controversia o donde se prevén notoriamente efectos adversos para la condición presente y futura de la nación, su sistema jurídico-normativo, su Administración Pública, sus instituciones, su población, e incluso su propia integridad. Pero bajo el postulado lógico que “si algo es todo, entonces no es nada”, la Seguridad Nacional en México ha sido descontextualizada y denostada a un nivel donde actualmente parece carecer de un significado tangible y donde su utilidad es meramente retórica. Es por ello por lo que resulta fundamental definir claramente que es la Seguridad Nacional para el Estado Mexicano en términos conceptuales (ideas, preceptos, abstracciones cognitivas) y en términos operacionales (aspectos puntuales que pueden ser medidos y registrados).
De carácter normativo, en el año 2005 se publica la Ley de Seguridad Nacional como el primer documento jurídico que aborda y define el concepto para la Administración Pública Federal. Su Título Primero establece los fundamentos precedentes para la Doctrina Nacional en la materia, y en consecuencia consagra los parámetros esenciales donde se acotan las acciones del Estado en la materia. En el Artículo 3° la Seguridad Nacional se define como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano; y establece seis acciones para que la Seguridad Nacional pueda garantizarse, siendo éstas la defensa y protección frente a amenazas y riesgos, la preservación de la independencia y la soberanía nacional, el mantenimiento del orden constitucional, el mantenimiento de la cohesión de la Federación y la preservación de la democracia. El Artículo 5° de esta misma legislación declara una docena de acciones que se consideran amenazas a la Seguridad Nacional, mismas que encuentran su contraparte aplicativa en el Código Penal Federal.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Nacional de Desarrollo -tanto para la administración 2018-2024 como los correspondientes del 2024-2030- establecen que la Seguridad Nacional debe ser entendida como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera. Al analizar y reflexionar sobre la legislación federal vigente en la materia, así como de los planes estratégicos especializados de ambas administraciones federales, podemos ver que lo que describen es un precepto reactivo, un conjunto de acciones sancionables por el sistema jurídico nacional, y una condición tan amplia que puede ser empleada con notoria holgura adaptativa.
Las actuales definiciones concepciones administrativas y normativas de la Seguridad Nacional en México poseen importantes debilidades estructurales, funcionales e instrumentales ya que al ser reactivos cancelan conceptualmente la capacidad preventiva de las instituciones del Estado, restringen su capacidad de acción e intervención a lo delimitado por un Código Penal -potencialmente excluyendo fenómenos adversos al interés nacional- y delimita las vulnerabilidades a la Seguridad Nacional únicamente a amenazas externas sin considerar riesgos internos. En consecuencia, tanto la definición jurídica de la Seguridad Nacional en México como la Doctrina Nacional resultante se encuentra sustancialmente limitada, operacionalmente restringida, e instrumentalmente ambigua.
En consecuencia, oportuno es señalar una alternativa conceptual y operacional que nos permita no sólo analizar a profundidad la complejidad y multiplicidad fenomenológica de México, sino también nos permita plantear acciones específicas para el fortalecimiento integral presente y prospectivo del país, tanto en corto como en el mediano y largo plazo. Reconociendo como precepto fundamental en la integración de este concepto que la clave de la supervivencia y trascendencia de los Estados contemporáneos en el siglo XXI es su capacidad presente y potencial de Desarrollo Nacional y Proyección Global, éstos deben ser los criterios esenciales e integrales para México como integrador homologante de la sociedad nacional y como actor internacional en un concierto multidimensional de actores mundiales. Por su parte, también debemos reconocer que el Desarrollo Nacional requiere de un conjunto de variables dependientes, independientes, intervinientes y coyunturales que deben ser identificados y consolidados coordinada y sistemáticamente en una Estrategia Nacional Integral, la cual por definición debe ser de largo plazo y debe abarcar todas las dimensiones y sectores nacionales.
Desde una perspectiva conceptual podríamos entender y dimensionar a la Seguridad Nacional como la condición armonizada, integral, multidimensional, permanente, trascendente y subyacente que debe de mantener y promover el Estado -sociedad y gobierno en un marco de corresponsabilidad coordinada- como requisito para el Desarrollo Nacional y la libre manifestación de los fenómenos y procesos sociales que contribuyen a las aspiraciones, intereses y objetivos nacionales. Al ser una condición preexistente y permanente, la Seguridad Nacional debe ser mayoritariamente preventiva, y su capacidad de atención y reacción debe ser responsabilidad conjunta de todos los ciudadanos, dentro y fuera de las fronteras nacionales. Los factores, impactos, procesos y sistemas que integran la Seguridad Nacional deben ser visibles, tangibles, relacionables y vinculables con todos los sectores sociales del país, de manera trasparente y accesible a toda la ciudadanía como parte de un esfuerzo de coordinación nacional y de integración del interés nacional.
Sin duda esta aproximación requiere de mayor explicación y de un abordaje sistemático y pormenorizado de todos sus factores intervinientes para dimensionarla adecuadamente. De manera preliminar parecería como una propuesta excesivamente compleja o redundante; sin embargo, una vez jerarquizada y segmentada es estructuralmente sencilla, funcionalmente adaptable, e instrumentalmente dinámica. Será labor de futuras colaboraciones abordar cada uno de estos aspectos de manera particular, bajo el criterio de que en su conjunto dichos planteamientos representan una potencial alternativa analítica y una aproximación alternativa para mejorar la estabilidad y potencialidad de México, no sólo en su integridad y seguridad sino también en su desarrollo y prospectiva para las próximas décadas.
El autor es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Maestro en Estudios Internacionales por la Escuela de Graduados en Administración Pública del mismo Instituto, y Doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Consultor especialista en Inteligencia Estratégica, Estudios Prospectivos, e Innovación y Ciencias Aplicadas. Correo electrónico: jmedinagd@gmail.com