No, no es el “Plan B”.

Pero en el fondo, es lo mismo… y quizá más eficaz.

La nueva iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum —y que ya ha sido bautizada por la prensa como su propio “Plan B”— no intenta repetir exactamente el paquete que impulsó Andrés Manuel López Obrador y que fue parcialmente frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta vez la estrategia es distinta: no confrontar de frente al sistema electoral, sino reconfigurarlo desde dentro, en los márgenes, en esas zonas donde la ley permite moverse sin romperse.

Lo que se ha planteado hasta ahora no suena, en apariencia, escandaloso. Se habla de flexibilizar reglas de comunicación gubernamental en ciertos momentos, de ajustar condiciones para ejercicios como la revocación de mandato, de permitir coincidencias entre procesos políticos y electorales, y de introducir medidas de austeridad en órganos locales. Nada de esto, por sí solo, representa una ruptura institucional. Pero visto en conjunto, el efecto es otro: no destruye la cancha, la inclina.

Y en política, una cancha inclinada es más útil que una rota.

El verdadero problema para la oposición no está en una ley que le impida competir. Está en algo más sofisticado: una legalidad que permite competir, pero bajo condiciones que favorecen sistemáticamente a quien ya está en el poder. Morena no necesita violar la ley para adelantarse; le basta con habitar sus zonas grises. Los llamados “coordinadores”, las giras permanentes, la presencia mediática constante, los nombramientos que formalmente no son candidaturas pero funcionan como tales, todo eso construye posicionamiento sin activar los mecanismos de sanción electoral. Es una campaña que no se llama campaña, y por eso mismo es difícil de combatir.

Mientras tanto, la oposición sigue comportándose como si el proceso electoral empezara el día que lo dice el calendario oficial. Y ese es el error más grave de todos. Porque el proceso ya empezó, solo que no con ese nombre.

Aquí es donde la reforma, aunque no sea el viejo Plan B, produce su efecto más importante: desdibuja la equidad sin necesidad de declararlo. Cuando el gobierno puede comunicarse más, aparecer más y marcar la agenda todos los días, la competencia deja de ser simétrica. No hace falta una intervención burda; basta con una presencia constante. En política, quien ocupa el espacio de manera permanente termina definiendo el terreno.

A esto se suma otro elemento que la oposición parece no haber terminado de entender: las campañas adelantadas ya son una realidad, aunque no estén reconocidas como tales. Quien hoy recorre estados, organiza estructuras y se posiciona públicamente llegará al proceso formal con ventaja. Quien espere a los tiempos legales llegará tarde. No es una cuestión de interpretación, es una cuestión de ritmo político.

Y en ese mismo movimiento hay un fenómeno que muchos partidos no están viendo —o no quieren ver—: los llamados partidos satélite están quedando cada vez más cerca de su propia irrelevancia. En un escenario donde la exposición política se concentra, donde la narrativa la define quien gobierna y donde la competencia real se adelanta, esas fuerzas pequeñas pierden dos cosas esenciales: visibilidad y capacidad de negociación. Su utilidad histórica —ser bisagra, inclinar votaciones, negociar posiciones— depende de tener peso propio. Pero si ese peso se diluye porque la competencia se redefine antes de los tiempos formales, lo que queda no es influencia… es dependencia. Y la dependencia, en política, es la antesala de la extinción.

El aparato gubernamental, además, nunca es completamente neutral. Programas sociales, comunicación institucional, presencia territorial: todo eso genera percepción. Y la percepción es, en buena medida, la materia prima de cualquier elección. No se trata de afirmar ilegalidades, sino de reconocer que la política real no ocurre únicamente en los márgenes que define la norma.

Frente a esto, la tentación más inmediata para la oposición es copiar. Hacer lo mismo, nombrar sus propios “coordinadores”, adelantarse, moverse en la misma lógica. Y sí, puede hacerlo. Pero ahí aparece otro riesgo: si la oposición se limita a replicar la estrategia, pierde el único argumento que todavía la diferencia, que es el de la legalidad y el equilibrio institucional. No se trata de inmovilizarse, pero tampoco de diluirse.

El verdadero problema, sin embargo, no es si copia o no. Es la pasividad. Es la idea, todavía presente en muchos espacios, de que basta con esperar el desgaste del gobierno o el inicio formal de las campañas para competir. Esa inercia es mucho más peligrosa que cualquier reforma.

Lo que debería estar ocurriendo es otra cosa. La ley permite procesos internos. Permite construir liderazgos, definir perfiles, asignar responsabilidades territoriales, posicionar figuras sin pedir el voto de manera explícita. No hay impedimento para que la oposición empiece desde ahora a organizarse con seriedad. El problema no es jurídico; es político.

Y aquí es donde el foco inevitablemente recae en el Partido Acción Nacional. Porque la oposición en México no necesita más partidos. La idea de crear nuevas fuerzas políticas, de fragmentar el voto, de multiplicar siglas, no debilita a Morena: la fortalece. Lo que se necesita es presión real para que el PAN deje de administrar su propia comodidad y empiece a actuar como lo que dice ser: una alternativa de poder.

Eso implica decisiones que ya no pueden postergarse. Definir perfiles competitivos, permitir que se posicionen públicamente, construir presencia territorial, establecer narrativa, asumir que el proceso rumbo a 2027 no empieza después, sino ahora. No dentro de un año, no cuando lo autorice el calendario, sino en este momento.

Porque si la oposición no entiende que el terreno ya se está ocupando, entonces no perderá por culpa de una reforma electoral. Perderá por algo mucho más simple y mucho más grave: por no haber hecho nada mientras el otro lado sí lo hacía.

Y eso ya no sería un error.

Sería una rendición.