El recurso de Violencia Política de Género (VPG) ha sido desvirtuado hasta convertirse en una herramienta de censura. Bajo el amparo de medidas cautelares, se busca acallar a periodistas y ciudadanos para impedir que expresen opiniones o documenten hechos que resultan incómodos para el poder.

Casos como el de Miguel Alfonso Meza, activista y promotor del portal Narcopolíticos, evidencian que la protección de los derechos de las mujeres dista mucho de las recientes acciones judiciales. Meza fue sentenciado a borrar sus publicaciones y a ofrecer disculpas tras denunciar un posible riesgo para el país: que una antigua abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán compitiera en la elección judicial. A pesar de que la propia abogada reconoció su vínculo profesional y cercanía con la familia del capo, la denuncia por VPG procedió, transformando un cuestionamiento de interés público en un ataque de género.

Este caso es solo un eslabón en una cadena de abusos que confirma las advertencias ignoradas: la noble causa de erradicar la violencia contra la mujer está siendo utilizada para blindar trayectorias políticas.

 

Un sistema de control previo

La organización R3Dmx ha denunciado que la incorporación de la VPG ha desplegado un sistema de control previo de la información coordinado por autoridades electorales —principalmente el INE a través de su Comisión de Quejas y Denuncias (CQyD)—. Este mecanismo resulta incompatible con la Constitución y la prohibición de censura previa, pues se utiliza para silenciar críticas legítimas dirigidas a funcionarias y candidatas bajo la excusa del “decoro”.

La libertad de expresión en el sistema interamericano no puede limitarse por considerarse ofensiva o perturbadora. La crítica democrática es, por naturaleza, ácida. A diferencia del uso actual de la VPG, cualquier restricción debería ser ulterior (posterior a la publicación), probando una “malicia efectiva” y un daño real, no subjetivo, consideró la organizacín.

 

Cifras y disparidades

Hasta marzo de 2026, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPG del INE acumula 476 registros. Si bien Oaxaca lidera la lista, un detalle resalta: el registro incluye incluso a mujeres sancionadas por criticar a otras candidatas, lo que fractura el argumento de la sororidad legal.

El caso de Karla Estrella ejemplifica esta disparidad de fuerzas. Un personaje de la política nacional, con conexiones en la Cámara de Diputados y el INE, puede procesar y sancionar a ciudadanos que carecen de recursos para defenderse. Aquí, la ley no iguala, sino que profundiza la brecha entre el ciudadano de a pie y la élite política. El poder se aprecia cuando, negando la libertad de expresión para realizar una crítica —que pudiera ser infundada, pero protegida por la Constitución—, autoridades judiciales sancionan a un ciudadano o ciudadana por decir algo que incomodó a alguien poderoso que cuenta con contactos en el Poder Legislativo o Judicial para que su demanda prospere, incluso con atrocidades legales como presentar como prueba un chat privado de un servicio de mensajería instantánea.

El refugio de la opacidad

Es imperativo atender la violencia real que sufren las mujeres en sus hogares y empleos. Sin embargo, cuando el marco legal es capturado por quienes ostentan recursos económicos y políticos para evadir la rendición de cuentas, el mecanismo se corrompe.

Ejemplos sobran: la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, ha recurrido a este recurso para no explicar irregularidades detectadas por la Auditoría en su administración. Lo propio ha hecho la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, logrando silenciar a periodistas locales.

Recientemente, el columnista Sergio Sarmiento y el abogado José Mario de la Garza fueron blanco de estas acusaciones por críticas vertidas en medios y redes. El hecho de que la mayoría de quienes recurren a esta estrategia pertenezcan o sean afines al partido en el poder, Morena, sugiere que no estamos ante una defensa de género, sino ante una calculada estrategia de silenciamiento estatal.