En México muchas cosas, sobre todo las políticas, están al revés. A quienes se denomina servidores públicos, llegaron al poder para ser servidos; para que se les facilite todo y, a pesar de ser incompetentes, se les cubran sueldos y jubilaciones que no tienen los particulares. Tienen otro privilegio: hagan lo que hagan, sin importar que sean delitos o ilícitos, no se les exige responsabilidad.

Hay excepciones. El brazo de la justicia alcanza a quienes no son parte de Morena o a aquellos que han caído en desgracia ante los ojos de quien, en el momento, es la todopoderosa. En los tiempos de la Cuarta Transformación, pesar de las promesas, en estos rubros, la justicia es selectiva, no es ciega.

Según hemos visto, si la administración pública requiere realizar alguna obra: el Tren Maya, por el hecho de que la ejecución de la obra se confió a las fuerzas armadas, por ese simple hecho el proyecto es considerado de seguridad nacional, no es necesario que acredite que se afectara a la flora, la fauna ni a las zonas arqueológicas que había en la ruta trazada. Las obras no son susceptibles de auditorías ni de rendición de cuentas. Ahí están las consecuencias: hundimiento de los tramos elevados por razón de la mecánica del suelo y de los cenotes, destrucción de zonas arqueológicas, afectación de la flora y la fauna. A pesar de ello: no hay responsables ni los habrá.

Si el Estado pretende construir una refinería en Tabasco, ella se construye sin obtener los dictámenes o certificados de que determinaran que no contaminará el entorno y que los desperdicios serán eliminados sin perjuicio del hábitat. En ese contexto, lo derrames de combustible y los accidentes, aparte de predecibles, se consideran como inherentes a toda obra pública o propios de lo que hace un servidor público.

Si se construye un aeropuerto o una farmaciota o se revive a Aeronaves de México, lo que menos importa es su viabilidad financiera. El dinero público que se invierte en ellos, por serlo, está para ser derrochado. Eso es lo que va con su naturaleza.

La mejor forma de echar a perder un negocio es nacionalizarlo. Hacerlo es garantía de un fracaso financiero que derivará en sangría de los recursos públicos. Un ejemplo reciente: el litio. Su explotación, racional o irracional, acabó al momento en que los fundos pasaron a ser propiedad del Estado y de que se confió a sus agentes su explotación. Estará en el subsuelo hasta que se encuentre un substituto que haga del litio cosa del pasado. El aparato burocrático que conforma el ente responsable de resguardarlo, recibe una beca por no hacer nada y por impedir que alguien se atreva a comercializarlo.

Los particulares, en cambio, que se entiende que son los jefes de los servidores públicos, tienen en su contra la presunción de ser culpables; la carga de la prueba y el deber de acreditar que son inocentes; son sujetos de que se les congelen sus cuentas bancarias a petición directa de la UIF, sin necesidad de que exista una determinación judicial; pueden ser extraditados sin que se observen las formalidades y requisitos que establece la Constitución; y también, sin mediar orden judicial, correr el riesgo encarcelados; si al final de un proceso penal, alguien resulta inocente, sale de la cárcel sin responsabilidad para el Estado; en el caso una disculpa se considera suficiente.

Si pretende enjuiciar penalmente a un particular, aunque existe el principio de presunción de inocencia (articulo 20, B, frac. I de la Constitución), en forma periódica se ve que el número de delitos que ameritan prisión preventiva se incrementa (artículo 19). En cambio, si se acusa a un servidor público que goza de inmunidad, quien formule la acusación sabe que en los ciento nueve años que tiene de estar en vigencia la Constitución, nunca ha prosperado una acusación; nunca el Senado ha asumido las facultades jurisdiccionales de juzgar a los servidores públicos que le confiere el artículo 110 constitucional. El juicio político no asusta a ningún servidor público.

Si un particular pretende realizar alguna obra, salvo los empresarios consentidos del régimen, se le presentarán todos los obstáculos y sellos de clausura sobrarán. La autoridad está expedita para poner sellos o para ejercer una acción penal.

Existe incompetencia en todos los rubros de la administración pública; no hay ni a cuál ir. El aparato burocrático es ineficiente; lo es en todos los niveles: central o federal, estatal o local y el municipal. Lo mismo puede afirmarse en lo relativo a la corrupción, ésta es generalizada y permanente.

Si en el pasado un particular ganó un juicio a la administración pública, ello no quiere decir que ella vaya a dar cumplimiento a la sentencia. Es el inicio de un peregrinar, que llega a calvario, de una y otra oficina a fin de obtener el acatamiento de ella. Finalmente, por razón de cómo están organizados los negocios públicos, todo derivará en la búsqueda de un coyote que tengan contactos y, mediante un cómodo 20 o 30 por ciento del importe de las prestaciones reclamadas, logre el pago en abonos fáciles, pero dilatados de las prestaciones a las que tiene derecho.

No hay autoridades judiciales y si las hay no existe una que sepa Derecho o que sea capaz de hacer valer sus sentencias o determinaciones. La presidenta de la República, que en teoría está obligada a “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones;” (artículo 73, fracción XII de la Constitución Política), por estar ocupada en hablar en las mañaneras, en atacar a sus adversarios políticos y defender a AMLO no tiene tiempo ni deseos de cumplir con su deber.

El aparato burocrático es caro, lento y corrupto; en el mejor de los casos, ineficiente y poco preparado.

A pesar de todo lo anterior los morenos aspiran a detentar el poder público eternamente. Se consideran únicos e irremplazables. Creen que están hechos a mano y por el mejor ebanista.

Por disponerlo la Constitución, se entiende que quienes son titulares de los Poderes: ejecutivo, legislativo y judicial son servidores públicos. Ahora resulta que en los hechos son los ciudadanos los servidores públicos y que deben a aquellos la vida, su patrimonio y sus derechos.

El autor es catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana.