El pasado 17 de abril del presente año, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se creó el Servicio Universal de Salud (SUS) del Gobierno de México, como un mecanismo obligatorio de coordinación e integración operativa entre las instituciones públicas federales en materia de salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y los hospitales y unidades médicas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La finalidad del Servicio Universal de Salud según lo establece el propio decreto es el de garantizar el derecho a los servicios de salud del pueblo de México e impulsar el acceso universal, progresivo, efectivo, oportuno, continuo, de calidad y sin discriminación alguna a todas las personas, considerando el nivel de atención médica que requieran así como la capacidad instalada, financiera y presupuestaria de cada institución que lo integre.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE fueron creados por leyes, mismas que regulan su funcionamiento y mientras no exista una reforma a dichas leyes, la operatividad de dichos institutos de salud no puede ser modificada por un decreto, se requiere de todo un proceso legislativo para modificarlo.
Por lo que hace al nuevo modelo de salud universal implementado de manera improvisada por la Señora Presidente, se trata de otra ocurrencia más de la 4t, ya que este supuesto sistema de salud no fue propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo del presente sexenio y por lo tanto tampoco en el Programa Sectorial de la Secretaría de Salud, para poder establecer el alcance de dicho modelo y la previsión de un presupuesto suficiente para que las instituciones de salud cuenten con los recursos necesarios para atender el exceso de demanda de servicios de las personas que lo requieran sin ser derechohabientes.
Lo único que va a resultar es mayor gasto en la elaboración de las credenciales para que supuestamente las personas puedan acudir a solicitar servicios médicos a cualquier clínica del IMSS, del ISSSTE o de Pemex, pero dichas instituciones están imposibilitadas de prestar la atención debida, lo que resultará ese famoso servicio universal de salud en una burla para los ciudadanos, y provocará el colapso de los servicios existentes ya de por si muy deficientes por la falta de presupuesto para insumos, medicamentos y sueldos. Eso al final provocará una grave violación al derecho humano a la salud.
Los derechos humanos protegen, desde luego, determinados bienes vitales que, a su vez, son valores existenciales. La salud como un bien fundamental del ser humano dentro de nuestro sistema de valores, representa un derecho esencial que el Estado está obligado a garantizar y satisfacer, procurando la salud integral de todos los habitantes. El derecho a la salud está presente en diversas declaraciones e instrumentos internacionales, como:
La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), señala que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que: “…la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; y el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social de la mayor importancia”.
En este sentido, la salud es un valor importante que, sumado a otros que condicionan un bienestar general, se constituyen como indicador del logro de oportunidades para el desarrollo de los individuos en igualdad de circunstancias. Entonces, la salud es un bien vital, que además de ser un bien biológico para que el individuo pueda desarrollarse de manera armónica física y mentalmente, también es un bien social y cultural imprescindible para la convivencia humana en sociedad.
No es correcto que se atente contra un derecho que ejercen una buena parte de la población para supuestamente con las mismas instituciones, personal médico y presupuesto se atienda a la totalidad de la población, ello repercutirá en la deficiente atención que reciben los derecho habientes que pagan las cuotas por el Seguro; todo ello denota una acción más de gobierno con fines electoreros frente a las elecciones de medio término.