Por Israel Sánchez Martínez
El informe Global Education Monitoring Report 2026: Lead with Youth, elaborado por la UNESCO y la Oficina de Juventud de Naciones Unidas, es claro y contundente: solo uno de cada tres países del mundo cuenta con mecanismos formales para involucrar realmente a jóvenes y estudiantes en las decisiones educativas. México forma parte de ese grupo reducido, gracias al Artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a las consultas masivas realizadas para la Ley General de Educación Media Superior y las respuestas estudiantiles al Marco Común Curricular.
Sin embargo, el mismo documento advierte que la mayoría de estas participaciones son meramente simbólicas. Se consulta, se registra y se archiva, pero rara vez se incorporan las opiniones, iniciativas y propuestas de los jóvenes. Las voces quedan en el papel, en estadísticas y en documentos referenciales, sin retroalimentación ni rendición de cuentas. Esa brecha entre “escuchar” y “actuar” explica, en buena medida, la triple crisis que azota a la juventud mexicana: deserción escolar masiva, violencia y delincuencia, y adicciones.
En el ciclo 2024-2025, México registró entre 864 mil y 994 mil deserciones en educación básica y media superior, según datos de la SEP e INEGI. La media superior es la más golpeada, con tasas oficiales del 11.3 % que, en estimaciones independientes, alcanzan el 30.9 %. Los motivos invocados —pobreza, necesidad de trabajar, falta de interés y de conocimientos— no son solo económicos; son también políticos y pedagógicos.
Cuando los jóvenes no comprenden lo que aprenden ni se sienten parte del proceso educativo, la deserción se convierte en la salida más lógica. Un joven que no es escuchado en el aula termina buscando voz —y a menudo identidad— en la calle.
Violencia, delincuencia y adicciones: el vacío que llena la calle
El patrón se repite en la violencia y la delincuencia. En 2023 se registraron 1,023 homicidios de adolescentes (tasa de 7.5 por cada 100 mil habitantes), según el INEGI. El reclutamiento por grupos criminales aumentó 20.6 % entre 2023 y 2024 en varias entidades. La Encuesta Nacional de Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL 2025) revela que el 88 % de los jóvenes en el sistema de justicia penal ha consumido sustancias alguna vez.
Aunque la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2025) muestra una ligera baja en el consumo experimental de drogas ilegales entre los 12 y 17 años (del 6.2 % al 4.1 %), el alcohol sigue afectando a uno de cada tres adolescentes. Los malestares psicológicos, la ideación suicida y la violencia intrafamiliar se mantienen en niveles alarmantes. A ello se suman nuevos riesgos, como el uso de vapeadores, que ya están presentes en 3 de cada 10 escuelas secundarias.
Las escenas que circulan en redes sociales —jóvenes consumiendo en plena calle o dentro de planteles— no son anécdotas aisladas. Son el resultado visible de una política educativa fallida: las escuelas han dejado de formar ciudadanos y se han convertido en centros de resguardo donde estallan las agresiones y las adicciones.
La experiencia internacional: cuando la participación deja de ser decorativa
No es coincidencia. El GEM Report 2026 demuestra que los países donde los jóvenes participan de verdad —con poder vinculante, presupuestos propios y evaluación anual de impacto— generan mayor confianza institucional y menor sensación de exclusión. En los países nórdicos y en Países Bajos, los consejos estudiantiles tienen peso real; allí las tasas de deserción en media superior están por debajo del 5 % y la confianza juvenil en las instituciones supera el 60 %.
México, en cambio, sigue atrapado en el modelo de “buena voluntad”: consultas masivas sin seguimiento, órganos formales sin recursos y políticas reactivas que llegan tarde. Mientras Finlandia y Canadá invierten en programas de liderazgo juvenil con financiamiento estable y formación cívica desde la primaria, en México los recursos son fragmentados, dependientes de la voluntad gubernamental y, en ocasiones, contaminados por intentos de ideologización escolar.
El resultado es previsible: jóvenes que se sienten objetos de la política educativa, no sujetos activos. Cuando la escuela falla, la calle y las adicciones llenan el vacío. Ni siquiera los generosos apoyos económicos logran compensar la ausencia de desarrollo integral; muchos terminan en el mercado informal o, peor aún, en las redes del crimen organizado.
El actor clave: la familia
El informe GEM toca de soslayo un factor decisivo que debe colocarse en el centro del debate: la familia. La evidencia es irrefutable. Los hogares donde existe comunicación abierta, acompañamiento emocional y corresponsabilidad educativa reducen drásticamente los riesgos de deserción, consumo de sustancias y vinculación delictiva.
Desde la UNPF, y desde nuestra experiencia como padres de familia, impulsamos tres acciones concretas que cualquier familia puede implementar desde hoy:
Primero: Un diálogo permanente y asertivo. Crear espacios de conversación en todo tiempo y lugar, que permitan a los jóvenes ganar confianza y desarrollar una cultura de expresión clara y respetuosa, esencial para una democracia sana.
Segundo: Presencia y testimonio. Estar presentes en la dinámica escolar, involucrarse en los problemas del entorno y tender puentes efectivos ante cualquier reto. Cuando los padres participan, la sociedad comienza a transformar realidades que impactan directamente en el futuro del país.
Tercero: Compromiso con el bien común. Apoyar iniciativas juveniles que beneficien a otros, que despierten interés colectivo y fomenten la sensibilidad y solidaridad ante los problemas sociales. Así se construyen ciudadanos que aportan valor, resuelven problemas y encuentran sentido en el encuentro con otros.
Escuchar a los jóvenes no es un acto de generosidad paternalista; es una estrategia de supervivencia nacional. Mientras sigamos diseñando políticas “para” ellos en lugar de “con” ellos, la deserción seguirá siendo la antesala de la violencia y las adicciones. El informe GEM 2026 lo dice con números globales; México lo vive con dolor cotidiano.
Es hora de cerrar esa brecha. No por caridad, sino por justicia y por el futuro que ya no podemos seguir postergando. Colaborar en la escucha de nuestros jóvenes es una tarea pendiente que como sociedad no podemos dejar pasar de cara a los retos de nuestro México convulsionado.
El autor es presidente nacional de la UNPF
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