El episodio presenciado en el país tras la difusión de un video —al que luego se sumaron otros— que mostraba a una persona asoleándose en una ventana de Palacio Nacional, reveló no solo la facilidad con que estos materiales se viralizan, sino también la incapacidad del aparato propagandístico de la Cuarta Transformación (4T) para aceptar los hechos.

Después de que el usuario de redes sociales conocido como Vampipe difundiera la grabación, captada por maestros desde el Zócalo capitalino, la maquinaria de propaganda se activó. Su objetivo no fue solo negar lo que otros testigos ya habían validado, sino intentar desacreditar —e incluso insultar— a quien contribuyó a la difusión de las imágenes.

La táctica es recurrente. Ante la aparición de contenidos (textos, audios o videos) que dañan la imagen del Gobierno, una red de usuarios refuta de inmediato su veracidad. El método varía desde el simple “es falso”, hasta versiones sofisticadas que aseguran —como ocurrió con el video de Palacio Nacional— que se trata de montajes creados con inteligencia artificial.

Esta estrategia se extiende a los portales de noticias. Las secciones de comentarios de artículos y columnas críticas se inundan de mensajes que tachan de mentira lo publicado. En ellos, se intenta presentar a los autores como “enemigos del pueblo”, buscando profundizar la campaña de desprestigio en su contra.

Lo mismo ocurre en las redes sociales: cualquier contenido crítico es contestado al instante para anular su credibilidad. Sin embargo, esta reacción es apenas el primer paso del control de daños. No solo se busca contradecir la información de periodistas y analistas, sino encasillarlos bajo etiquetas como “mafia en el poder”, “PRIAN” o “ultraderecha internacional”, según lo dicte la imaginación de los propagandistas.

La similitud en los mensajes, el uso de los mismos calificativos y la simultaneidad de las respuestas sugieren una coordinación sistemática. El objetivo es claro: anular la crítica para proteger la imagen de Morena, cuya prioridad absoluta es la agenda electoral.

Figuras como Porfirio Muñoz Ledo, tras sus cuestionamientos a López Obrador, o Jaime Cárdenas Gracia, al renunciar al INDEP y denunciar corrupción, han sufrido los embates de este aparato que recurre al insulto para intentar silenciar disidencias. Lo mismo sucede con comunicadores como Carlos Loret de Mola, Manuel López San Martín, Jorge García Orozco, Lourdes Mendoza, Orquídea Fong o Carlos López Jones, a quienes se les acusa sistemáticamente de haber perdido privilegios del periodo neoliberal.

Incluso aliados como el PT han sido blanco de esta estrategia tras negarse a votar la reforma electoral o la consulta de revocación en 2027. Como respuesta, aparecieron mantas calificándolo de “partido de traidores”. El problema escala cuando se utilizan recursos públicos para desmentir hechos que, poco después, se confirman como ciertos.

Tanto el gobierno anterior como el de la presidenta Claudia Sheinbaum han institucionalizado secciones en sus conferencias para denunciar supuestas noticias falsas. No obstante, estas se limitan a defender los intereses del oficialismo, aunque la realidad termine por imponerse.

Ejemplos sobran: negaron el retiro de visas a funcionarios morenistas hasta que los afectados lo admitieron; negaron nexos de militantes con el crimen organizado hasta la detención del alcalde de Tequila, Jalisco. Asimismo, los medios públicos —que deberían ser imparciales— se utilizan para denostar a opositores, incluyendo a familiares de niños con cáncer, o para ridiculizar a analistas críticos.

El reciente reconocimiento de la presidenta Sheinbaum sobre lo sucedido en Palacio Nacional, admitiendo incluso sanciones para la implicada, confirma que el aparato de propaganda ha perdido utilidad y credibilidad. Si el lema oficial es “no mentir”, es momento de que lo apliquen. Deben dejar de operar como cazadores de críticos y entender que un gobierno, como cualquier otro, tiene aciertos y errores; una lección básica en un país que presume de tener libertad de expresión.