La reciente protesta de organizaciones campesinas y transportistas por la inseguridad en carreteras y los precios de garantía fue despachada por la Secretaría de Gobernación con un comunicado que negaba razones para la movilización. En la misma línea, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó las acciones en su conferencia matutina, limitándose a señalar que ahora se entregan apoyos directos al campo. Ante el alza en los combustibles, la respuesta desde Palacio Nacional fue un tajante: “pueden cargar magna”.

Otro foco de polémica es la decisión de la Suprema Corte de avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas bancarias por presunto lavado de dinero. Al respecto, la mandataria aseguró que nunca ha afectado a quien no esté implicado en ilícitos, sugiriendo que cualquier inconforme puede recurrir al amparo y esperar seis meses para resolver “si fue una injusticia o no”.

Más que considerar argumentos externos o revisar cifras de especialistas, la presidenta Sheinbaum tiende a cerrar el diálogo, priorizando la narrativa gubernamental. El problema radica en que sus datos no siempre resultan fiables. Un ejemplo fue el episodio de la mujer en una ventana de Palacio Nacional, calificado inicialmente por el Gobierno como un montaje de inteligencia artificial para desacreditar al comunicador Vampipe. Al final, la propia presidenta confirmó la veracidad del hecho y anunció medidas administrativas contra el personal involucrado.

Esta resistencia a la realidad nacional también se manifestó ante el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El Gobierno lo tildó de “tendencioso”, provocando una réplica de Juan Pablo Albán, presidente del organismo. Albán recordó que, si bien el desacuerdo es legítimo, la descalificación institucional hacia los órganos de derechos humanos es cuestionable y vulnera la independencia de los tratados internacionales.

Este patrón de descalificación se ha repetido con familiares de niños con cáncer —llamados “golpistas”—, colectivos de búsqueda, feministas y cualquier sector que exprese críticas a la información oficial.

 

La inseguridad como propaganda

El contraste más marcado entre el discurso oficial y la cotidianidad es la seguridad pública. Mientras el Gobierno federal sostiene que los delitos de alto impacto disminuyen, organizaciones académicas cuestionan la metodología y advierten sobre una posible manipulación o reclasificación de cifras.

Carolina Jasso, consultora de la Universidad Iberoamericana, señala en su investigación Menos homicidios, más preguntas que no se debe caer en el triunfalismo ni en el escepticismo automático. La tarea, afirma, es tomar en serio tanto el dato como las dudas que genera. Sin embargo, la administración actual evita este debate.

Aunque la presidenta afirma que la seguridad mejora, la percepción ciudadana dice lo contrario. Según la encuesta de Consulta Mitofsky de febrero y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de enero de 2026, el 69.4 % de las mujeres y el 57.1 % de los hombres consideran inseguro vivir en su ciudad.

Desde el estrado matutino, también se han minimizado los daños ambientales del Tren Maya, derrames petroleros en el Golfo, accidentes ferroviarios y el bajo rendimiento de proyectos como el AIFA o Mexicana de Aviación. Esta persistente confrontación con los hechos revela una intención de imponer una visión de país que no coincide con la experiencia diaria de millones de mexicanos.