La indignación oficial por Chihuahua pretende presentarse como un acto firme de defensa nacional. Dos agentes vinculados a la CIA habrían operado en México fuera de los cauces federales, participaron en acciones contra narcolaboratorios y terminaron muertos. La reacción fue inmediata: soberanía, legalidad, responsabilidad del gobierno estatal. El discurso es contundente y, en apariencia, irrebatible. Pero cuando se observa el resto del tablero, la coherencia se rompe. Porque la soberanía —si de verdad es un principio— no puede aplicarse de manera selectiva. Y hoy en México, más que defenderse, parece administrarse según convenga al poder.

Desde el punto de vista formal, el argumento del gobierno federal es correcto: ninguna agencia extranjera debería operar en territorio mexicano sin autorización plena. Ese es el estándar. El problema es que ese estándar no se sostiene cuando se aplica a otros casos. Mientras se condena la posible presencia de agentes estadounidenses, el mismo gobierno mantiene y amplía acuerdos con Cuba, incluyendo el despliegue de miles de profesionales bajo esquemas negociados directamente entre gobiernos. México ha defendido ese modelo pese a cuestionamientos internacionales, argumentando su utilidad en regiones marginadas. Sin embargo, más allá del debate sanitario, el hecho estructural permanece: se trata de una presencia organizada, jerárquica y dependiente de otro Estado operando dentro del territorio nacional. Si eso no activa las mismas alarmas de soberanía, entonces el criterio no es jurídico: es político.

El caso Chihuahua tampoco es tan simple como se pretende. Los gobiernos estatales no son figuras decorativas: tienen responsabilidades en materia de seguridad, pueden coordinarse, pueden recibir asesoría técnica y, en contextos de violencia extrema, buscan mecanismos para enfrentar problemas que los superan. La línea se cruza cuando esa colaboración se convierte en operación directa con agencias extranjeras sin aval federal. Pero incluso ahí existe una zona gris que el propio sistema ha tolerado durante años. Y es precisamente en esa zona gris donde el discurso oficial pierde consistencia: lo que en Chihuahua se presenta como violación a la soberanía, en otros contextos se normaliza, se negocia o incluso se impulsa desde el propio gobierno federal.

Aquí aparece el punto que el discurso oficial evita: no todas las presencias extranjeras incomodan por igual. Las que escapan al control del gobierno federal se vuelven una amenaza política; las que pueden ser gestionadas, canalizadas y contenidas dentro de acuerdos entre Estados se vuelven aceptables. La presencia estadounidense, sobre todo cuando puede articularse con gobiernos de oposición, introduce un factor incómodo: acceso a información independiente, capacidad de observar dinámicas locales y posibilidad de exponer irregularidades. No es sólo un tema de legalidad; es un tema de control. En cambio, otras relaciones, como la que existe con Cuba, operan bajo esquemas centralizados donde el flujo de información y la interlocución permanecen dentro de márgenes políticamente manejables. No es que sean menos extranjeras. Es que son menos disruptivas para el poder.

Dicho sin rodeos: la soberanía no se está defendiendo, se está gestionando. Se invoca cuando hay riesgo político interno y se relativiza cuando la presencia externa es funcional al control del gobierno. Y eso tiene implicaciones profundas en un país donde el narcotráfico no es un fenómeno marginal, sino estructural.

Porque el narcotráfico no es sólo droga. Es un sistema complejo que combina logística, dinero, protección política e información. Organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación operan como redes sofisticadas que dependen de conocer el terreno: rutas, tiempos, filtraciones, movimientos institucionales. En ese contexto, la información se convierte en un recurso estratégico. Y cualquier actor —estatal o no— que observe, analice o entienda ese entorno, influye indirectamente en su funcionamiento.

Ese cruce entre inteligencia y economías ilícitas no es una hipótesis aislada. En América Latina existen antecedentes donde estructuras estatales, redes políticas y mercados ilegales han terminado entrelazándose. Venezuela es el caso más citado, donde distintas investigaciones han vinculado a sectores del aparato estatal con redes de narcotráfico, configurando lo que muchos analistas describen como una red de poder más que un cártel tradicional. En paralelo, Cuba ha tenido influencia en áreas de inteligencia y seguridad dentro de ese país. Esto no implica afirmar que Cuba opere directamente en el narcotráfico en México, pero sí abre una posibilidad más sutil: que la inteligencia recopilada por un Estado pueda servir para entender, ordenar o incluso optimizar entornos donde operan economías ilícitas.

A este panorama se suman dinámicas globales que ya han tocado a la región. En 2025, medios como El País reportaron que autoridades estadounidenses acusaron a Irán de planear el asesinato de la embajadora de Israel en México, señalando la posible participación de redes vinculadas a su aparato de seguridad. Más allá de que estos hechos no hayan sido confirmados judicialmente en México, el dato es suficiente para encender una alerta estratégica: el país ya aparece en escenarios donde convergen inteligencia extranjera, operadores indirectos y redes de financiamiento.

Y hay un actor adicional que no necesita participar directamente en el tráfico de drogas para influir en este entorno: Rusia. Su estrategia se basa en la desinformación, la manipulación digital y la amplificación de conflictos internos. No aporta droga, pero sí aporta ruido, polarización y desgaste institucional. En un contexto como el mexicano, donde la violencia y el narcotráfico ya generan tensiones estructurales, este tipo de intervención puede debilitar aún más la capacidad del Estado para responder de manera coherente.

Al integrar todas estas piezas, no aparece una conspiración centralizada ni un plan único. Aparece algo más realista y, por lo mismo, más preocupante: un ecosistema donde distintos actores —criminales, políticos y extranjeros— operan bajo niveles distintos de vigilancia y tolerancia. Cuba aporta presencia estructurada y control político; Venezuela muestra cómo pueden cruzarse Estado y economías ilícitas; los cárteles mexicanos operan la logística; Rusia amplifica el desorden; y redes transnacionales facilitan el flujo de dinero. No necesitan coordinarse formalmente para beneficiarse de una misma condición: un Estado que aplica sus principios de manera inconsistente.

Bajo esta luz, Chihuahua deja de ser un caso aislado y se convierte en un síntoma. No se trata sólo de determinar si hubo o no una violación de protocolos por parte de agentes extranjeros, sino de entender por qué ciertas presencias generan una reacción inmediata mientras otras son aceptadas sin cuestionamiento. La respuesta es incómoda, pero clara: porque unas ponen en riesgo el control político del gobierno y otras lo refuerzan.

La conclusión es inevitable. La soberanía en México no se está aplicando como un principio uniforme, sino como una herramienta selectiva. Y cuando un concepto tan fundamental se utiliza de esa manera, deja de proteger al país.

Empieza a proteger al poder.