La acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros nueve políticos y funcionarios del gobierno de Sinaloa, de proteger a los capos del cártel de ese estado a cambio de dinero y ayuda diversa para apoyar a candidatos de Morena, es la demostración de lo que tanto denunciamos desde el 2021: López Obrador es el jefe real del narcosistema que fundó desde el 2018.

Esta acusación del gobierno norteamericano es un potente misil que pega en la línea de flotación de ese sistema corrupto que recibió apoyos multimillonarios de las bandas del crimen organizado para ganar elecciones; un narcosistema que entregó nuestra soberanía cuando dejó el control de alrededor del 40% del territorio nacional a esos grupos delincuenciales, y que además tejió una descomunal red de corrupción para saquear la riqueza nacional, uno de cuyos instrumentos ha sido el del huachicol fiscal con un total estimado, según cifras oficiales, en 600 mil millones de pesos para financiar campañas electorales oficialistas y enriquecer a los hijos de López Obrador y a funcionarios cercanos a él y a Sheinbaum.

Muchas de estas pruebas las presentamos en ese fatídico 2021 ante los órganos electorales y judiciales mexicanos, pero fueron ignoradas y declarados triunfadores los candidatos de Morena, hoy gobernantes en Michoacán, Sinaloa (con “licencia”), Sonora, Tabasco, Baja California y Tamaulipas.

Dicho expediente lo entregamos en agosto de ese mismo año a la CIDH, la OEA y el Departamento de Estado, durante una visita oficial que realizamos a Washington los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y un servidor, Jesús Zambrano, respectivamente.

Seguramente muchos datos que en ese entonces aportamos son parte del pliego acusatorio contra Rocha y demás señalados. Ahí está una gran cantidad de pruebas, las que tanto exige Claudia Sheinbaum que se presenten envolviéndose en la falsa bandera de la defensa de la soberanía nacional para encubrir a ese narcogobierno, al mismo tiempo que irresponsablemente acusa a Estados Unidos de “actuar con intenciones políticas”.

La señora presidenta no quiere proceder  contra los inculpados sinaloenses porque ella misma forma parte de ese entramado delictivo del cual se benefició para ganar en el 2024, y no tienen manera de entregar a Rocha Moya porque junto con él seguramente habrían de caer otros narcopolíticos de Morena, como los gobernantes de los estados ya mencionados, más Adán Augusto López, Mario Delgado, los Monreal, los hijos de Andrés Manuel y, a la cabeza del narcosistema, el principal culpable de la entrega de nuestra soberanía nacional a los delincuentes: López Obrador.

Todo esto se hace presente cuando se ha empezado a renegociar el TMEC, al mismo tiempo que Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas –ahora de carácter extraterritorial— para actuar contra los cárteles mexicanos ya tipificados como grupos terroristas que amenazan su seguridad nacional. Esas nuevas medidas le exigen a México una actuación ágil para atender las extradiciones que se soliciten.

Por ello mismo es correcto afirmar que Sheinbaum está en un callejón sin salida, con tiempos que se agotan rápidamente, aunque la burbuja de poder en la que se ha encerrado le impida ver la magnitud del desastre. El desastre provocado por ese misil antinarcopolíticos ya no tiene compostura.

El barco del narcosistema morenista se hunde y no detendrá ese proceso el desesperado cambio efectuado por Claudia Sheinbaum en la dirigencia morenista con el que pretende desde allí operar, mafiosamente, los programas sociales por parte de Ariadna Montiel, destacada alumna de René Bejarano, en favor de Morena.

Qué más quisiéramos que Sheinbaum actúe en defensa de México, y no para proteger a los narcopolíticos. Dudo que lo haga. En este nuevo escenario es cuando se hace más urgente la suma de esfuerzos múltiples y plurales de la sociedad, tanto de organizaciones civiles, como empresariales y partidistas, para aprovechar esta ventana de oportunidades que se ha abierto. Ojalá y la responsabilidad se imponga por el bien del país.